La política y la justicia exhiben su doble rasero ante la emergencia humanitaria que vive Canarias por la acogida de menores migrantes no acompañados. Medidas que, durante el mandato de Ángel Víctor Torres como presidente autonómico, pasaban inadvertidas para la Fiscalía, hoy se topan con un muro de oposición legal. En febrero de 2022, el Ejecutivo de Torres advertía de su desesperación ante la crisis migratoria, que alcanzaba un punto crítico con los centros de acogida de menores al borde del colapso. En ese momento había unos 2.800 niños tutelados por la comunidad autónoma –la mitad que ahora– y alertaban de que las infraestructuras no tenía capacidad para seguir ampliando plazas. En este contexto, anunciaron que si continuaban las llegadas de menores no acompañados, se verían obligados a adoptar medidas extremas como alojarlos en carpas o, en el peor de los casos, dejarlos a comisarías más de 72 horas ante la falta de recursos adecuados. Ante esta declaración de intenciones, la Fiscalía se quedó muda y no presentó objeciones a la gestión del Gobierno de Canarias.
La entonces directora general de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, Iratxe Serrano, avisaba de que la red de acogida estaba saturada y no tenía capacidad para abrir más centros o pisos tutelados a corto plazo. Le «desesperaba reconocer» que el próximo niño que llegara a las Islas se quedaría a expensas de lo que disponga el Ministerio del Interior que puede hacer con él, una vez se cumplan las 72 horas de custodia policial. «Ya no sé dónde buscar, hemos barrido todas las inmobiliarias, no hay recursos comunitarios» para atender tal demanda, aseguraba Serrano, quien también planteó la opción de que el Ejército montara carpas ante la falta de instalaciones. En ese momento, el Gobierno canario ya reclamaba al Estado un reparto equitativo entre todas las comunidades autónomas.
La situación de los menores migrantes, lejos de mejorar, se ha agravado. A lo largo del último año, el Archipiélago ha pasado de gestionar 30 a 81 centros. En tiempo récord, el Ejecutivo regional ha sacado músculo para buscar y acondicionar espacios, con el único objetivo de no dejar a los niños sin, al menos, un techo bajo el que dormir. El Gobierno canario ha pedido ayuda por todas las vías posibles al Gobierno de España, que no ha logrado armar una solución rápida ante la emergencia humanitaria. La soledad institucional y la desesperación ha llevado al presidente canario, Fernando Clavijo, a tomar medidas como instalar carpas en los muelles de las Islas y anunciar que no aceptaría la tutela de más menores, al considerar que no están en desamparo, pues antes de entregarlos a la comunidad autónoma están bajo la guarda temporal de la Policía Nacional.
Ante este escenario, la Fiscalía sí se ha pronunciado, sometiendo a un riguroso escrutinio judicial cada paso que da el Ejecutivo de Clavijo. A pesar de que las soluciones planteadas por el Gobierno actual son muy similares a las medidas sugeridas en 2022 —carpas provisionales y niños transitoriamente en comisaría—, el Ministerio Público se muestra ahora reticente a apoyar las decisiones de Canarias. Lo que antes era tolerado a un Ejecutivo autonómico del mismo color político que el Gobierno de España, ahora es cuestionado con dureza.
Interés superior del menor
El pasado miércoles, Clavijo instó a la Fiscalía a ser tan exigente con el Ejecutivo de Pedro Sánchez como con Canarias, pues considera que solo pone en cuestión las soluciones de emergencia que se impulsan desde el Archipiélago, pasando por alto los errores policiales a la hora de filiar a los niños o el incumplimiento del protocolo nacional establecido en 2014 para la entrega de menores en desamparo a la comunidad autónoma.
El Gobierno de Canarias publicó el 12 de septiembre un protocolo que completa el marco establecido por el Estado para ordenar la recepción de los menores y tratar de paliar la falta de información de los niños. La consejera de Derecho Sociales, Candelaria Delgado, explicó que la policía los entrega a las oenegés, prácticamente, «con un albarán». La guía de actuación del Ejecutivo canario pone una serie de condiciones que ha de cumplir el Estado antes de entregar a los niños, como reseñarlos de forma individualizada, hacerles una entrevista para determinar si pueden ser solicitantes de protección internacional y esperar a que la comunidad autónoma confirme la disponibilidad de plazas.
La Fiscalía solicitó el miércoles al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la suspensión inmediata del protocolo, pues considera que perjudica a los niños en «situación de desamparo patente». En su escrito, la Fiscalía advertía al TSJ de que el protocolo vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, así como el derecho fundamental a la integridad moral. El viernes, el TSJC acordó suspender de forma cautelar. El auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo da al Gobierno regional para alergar «lo que estime procedente» y reconoce que «concurren circunstancias de especial urgencia» para validar la petición de la Fiscalía. Aún así, recomienda «la búsqueda de espacios de encuentro que propicien el logro de actuaciones coordinadas en el marco de un clima de lealtad y colaboración institucional que se antoja indispensable para abordar el fenómeno de la inmigración irregular y su singularísimo impacto que tiene en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias».
El recurso del Ministerio público se suma al procedimiento puesto en marcha por el Consejo de Ministros para impugnar el protocolo ante el Tribunal Constitucional por invadir competencias del Estado y por suponer «una desprotección grave» de los menores. La Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado se ha convocado de manera urgente mañana, donde los gobiernos central y autonómico podrán acercar posturas y exponer sus argumentos.
