La Audiencia Nacional vuelve a sentar en el banquillo de los acusados a la antigua cúpula ejecutiva de la desaparecida Sa Nostra. Se trata del segundo juicio que afrontan los directivos, que están acusados de tomar decisiones que llevaron a la ruina y, por tanto, a la desaparición de la histórica caja de ahorros de Baleares, que debido a las deudas que había acumulado, tuvo que ser absorbida por otra entidad bancaria. Las pérdidas, muchas de ellas en bienes inmobiliarios o en acciones de empresas de escasa capacidad económica, tuvieron que ser asumidas por el Estado, que no solo rescató a Sa Nostra, sino también a otras cajas de ahorros.
El juicio que empieza este lunes sentará en el banquillo a Pere Batle, Pau Dols, Rafel Oliver, Fernando Alzamora y Antoni Cantallops. También se juzga a los empresarios Adolfo Sánchez de Movellán y Francisco Morales.
La acusación contra la antigua cúpula la representa la fiscalía y la abogacía del Estado, que considera que la actuación de los directivos bancarios encaja en el delito de apropiación indebida. Se reclaman penas que van desde los dos años y medio de cárcel, hasta los cuatro, en función del nivel de responsabilidad en las decisiones ejecutivas que se cuestionan. Pero, además de las penas de privación de libertad, también se reclama una indemnización de 36 millones de euros. Como consecuencia de este caso, los acusados tienen embargados todos sus bienes.
Este caso se centra en la relación que en el año 2006 mantuvo la entidad financiera con la sociedad Sotohermoso, que se dedicó al negocio de la promoción y construcción inmobiliaria, que como muchas empresas terminó en la ruina debido a la crisis económica que sufrió todo el sector. Según se relata en el escrito de acusación, la caja de ahorros, a través de su filial Invernostra, en el año 2006 entró en el capital de Sotohermoso con un porcentaje del 35%. Al mismo tiempo, suscribió una ampliación de capital y otorgó una serie de préstamos participativos para que se llevaran a cabo las promociones. Con estas aportaciones, la caja de ahorros había financiado un 72% del capital, pero su porcentaje de participación en la empresa era solo del 35%.
Todas estas decisiones económicas fueron impulsadas y aprobadas por la cúpula ejecutiva de Sa Nostra, aunque formalmente eran ratificadas por los órganos de gobierno de la caja de ahorros.
La entrada en el capital de la empresa y la ampliación de capital no fue el único préstamo que se aprobó a favor de esta sociedad, cuya sede y centro de negocio estaba ubicado en Andalucía. Así, en lo que la acusación define como «una situación de desequilibrio», la constructora fue obteniendo después una serie de líneas de financiación y estas operaciones se aprobaron a espaldas «de la valoración de los analistas financieros de la entidad» de Sa Nostra.
«Ningún sentido»
La acusación mantiene que, desde el punto de vista financiero de una entidad bancaria, no tenía ningún sentido aportar este dinero. Y ello debido que, a partir del año 2008, Sotohermoso presentaba graves problemas de liquidez. De los 16 proyectos que había presentado para justificar estos préstamos, solo dos de ellos habían iniciado la fase de construcción. Pero es que, además, apenas tenían reservas de venta de los pisos y todo el proyecto se basaba en la financiación exterior.
La situación económica fue empeorando y para encontrar una solución y no perder todo el capital económico invertido en los proyectos de esta constructora se optó por continuar prestándole dinero. Algunas de estas cantidades se desviaron hacia otros proyectos que realizaban los directivos de la sociedad. Al final, los proyectos de construcción no se realizaron y la empresa terminó en concurso. Por lo tanto, todo el dinero invertido se perdió.
Dentro de la larga lista de irregularidades que describe el escrito de acusación, se señala que los acusados ocultaron los detalles de las operaciones de financiación al comité de inversiones, que es el que se encargaba de analizar las cifras. También se permitió prestar dinero, pese a que Sotohermoso tenía muchos proyectos, pero casi todos sin empezar y en suelo muy diversificado, repartido por varias provincias.
Tampoco se realizaron informes de riesgo para aprobar estos préstamos, ni se tuvo en cuenta que se estaba aprobando un aumento de capital para una empresa que en aquella época, en plena crisis del ladrillo, ya era insolvente. Asimismo, dentro de estas irregularidades, no se realizó un estudio serio para analizar las garantías para poder recuperar la inversión, con lo que se incumplió la política de riesgos que tradicionalmente había realizado Sa Nostra.
Al margen de ello, también se imputa a los ejecutivos financieros no realizar un seguimiento del riesgo que sufría la constructora, a pesar de que pertenecía a la categoría de grandes clientes. Ni tampoco se mantuvo un control de las operaciones que impulsaba Sotohermoso, de tal manera que cada vez provocaba que la caja de ahorros asumiera un mayor riesgo financiero.
Dentro de esta falta de control, la acusación cuestiona que se permitiera financiar los proyectos de construcción cuando ni siquiera los terrenos donde se iba a edificar pertenecían a la empresa. Pero es que, además, algunos de estos solares ni siquiera era edificable.
Debido a que la situación económica fue empeorando y el sector del ladrillo entró en una profunda crisis, la empresa no fue capaz de reflotar la situación. Y ante su falta de capacidad económica, los directivos de Sotohermoso plantearon una solución a Sa Nostra ante la imposibilidad de devolver los préstamos. Invernostra se adjudicó todas las acciones de la empresa, al tiempo que cancelaba todos los préstamos personales que habían asumido los empresarios, más los intereses. Es decir, Sa Nostra adquiría una empresa en quiebra, que acumulaba pérdidas millonarias, lo que a la postre supuso que no se pudo recuperar el dinero prestado. Según se calculó en la auditoría que realizó la entidad BMN, que absorbió a Sa Nostra, con esta inversión en esta empresa se ocasionaron unas pérdidas de 46 millones de euros.
En el primer juicio contra la excúpula de Sa Nostra, que se centró también en una serie de inversiones en el sector del ladrillo, la sentencia fue absolutoria. El tribunal de la Audiencia Nacional entendió que no existió mala intención, sino que los directivos tomaron decisiones equivocadas.
