El curso escolar 2024/25 en la Comunidad de Madrid, según viene denunciando el sector educativo y los sindicatos, ha empezado con mal pie, siguiendo la senda del “conflicto laboral” con el que acabó el anterior. Este mes de septiembre, las fricciones entre la Mesa Sectorial y la Consejería de Educación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se han agravado debido a la cancelación de la reunión agendada entre las partes y el regreso de las manifestaciones de la Marea Verde a pie de calle.
Ante la escasez de soluciones y propuestas por parte de la Consejería dirigida por Emilio Viciana, los sindicatos han vuelto a alzar la voz para hacer que se oigan sus reivindicaciones, a la vez que dan traslado de que “al profesorado está al borde de la paciencia”: “Llevamos algo más de dos semanas de curso y los movimientos de la Consejería de Educación han sido mínimos. Partiendo de la situación en la que acabamos el curso pasado, en un contexto de conflicto laboral, parece que este consejero no tiene prisa en intentar solucionarlo”, asegura Ricardo Marchand, el responsable de enseñanza pública de UGT Madrid en declaraciones a ElPlural.com.
Tras la ruptura de las negociaciones de manera unilateral con los sindicatos el pasado mes de abril, una situación que abocó a la convocatoria de manifestaciones de la Marea Verde, así como los consiguientes intentos de retomar el diálogo, la Mesa Sectorial dejó en claro que no aceptarán “migajas, sino una propuesta seria de hoja de ruta, ya que el profesorado, al igual que terminó el curso pasado, ha empezado este muy enfadado”, según UGT.
Similares palabras las que traslada la portavoz de CCOO Enseñanza Madrid, Isabel Galvín, a este periódico: “El reinicio de las negociaciones tiene que ser al máximo nivel, el consejero tiene que cumplir el compromiso de llevar a la Mesa una propuesta. Se aproxima la presentación de Presupuestos, con ellos la partida para educación, y deben estar las propuestas que plantee la Consejería”, ha señalado.
Entre las últimas propuestas que han llegado a los sindicatos de parte del Ejecutivo de Díaz Ayuso se encuentra la ampliación del cobro de la tutoría para los docentes de 1º y 2º de la nueva FP; una “reivindicación histórica” pero incompleta, ya que aún falta sumar al resto de etapas académicas. A esta, ante la última toma de contacto, la Consejería mostró su compromiso de “hacer una propuesta de reducción de horario y bajada de ratios que no ha hecho”, según reza en el último comunicado emitido por CCOO.
Por su parte, Viciana subrayó la semana pasada que la Mesa Sectorial sería convocada “dentro de poco” ante el deseo de “seguir manteniendo ese diálogo” para hacer “algún tipo de avance y acercamiento”.
Reivindicaciones de calado y sin soluciones a corto plazo
Las reivindicaciones de la educación pública madrileña son conocidas: reducción horario lectivo en los cuerpos docentes, reducción de las ratios en todos cursos, plan choque contra burocracia, equiparación salarial y más recursos para la atención a la diversidad.
Cabe remarcar que Madrid continúa siendo la comunidad que mantiene por encima de las 200 horas las jornadas del profesorado, por lo que la reivindicación principal es bajar entre 18 a 23, como antes del 2011. En materia de financiación, y teniendo en cuenta la tendencia proclive de Díaz Ayuso de premiar la educación concertada y privada, el sector de la pública demanda dedicar un 7% de la inversión a este servicio público.
“Los profesores asumen horarios con una carga lectiva que supera las 21 horas en Secundaria, guardias que superan lo establecido, incumpliendo las ratios en los cursos donde se dijo que se aplicó la bajada anunciada o retrasando la contratación de docentes para que no cobren completo el mes de septiembre”, subrayan desde UGT.
Inicio de curso con obras sin terminar, escasez de docentes y anuncios inesperados
Llegados a este punto, el inicio de este curso escolar ha venido arrastrando el conflicto ya iniciado en el pasado y presentando otras problemáticas que están agravando el enfado del sector educativo madrileño.
Sin ir más lejos, en el Debate del Estado de la Región, la presidenta Díaz Ayuso anunció que, de cara al año que viene, se implantará, con carácter obligatorio, la jornada partida en los colegios de nueva construcción, obligando a su vez a aquellos que ya la tienen vigente a no poder cambiar de modalidad. “Todo apunta a una desaparición en su ideario de toda la libertad que pregona o que se ciñe exclusivamente a las terrazas de los bares. Esta medida va a provocar un deterioro en la democracia de los centros debido a que, hasta ahora, el proceso de elección de la jornada está regulado y, por tanto, habrá dos opciones: o se salta la normativa o cambia la legislación”, ahondan desde este sindicato.
A esta noticia, cabe sumar el escenario que muchos docentes y cientos de alumnos se encontraron al arrancar las clases: hasta 73 centros afectados por obras sin terminar, una situación que afecta de lleno a más de 50.000 alumnos y que provoca, a efectos prácticos, “una ralentización en el proceso educativo” hasta que las reformas finalicen, así como un deterioro de “la calidad” de la docencia y sus respectivos trabajos.
Sindicatos también han venido denunciando que “las cifras no cuadran” con respecto al número de docentes públicos del que presume el Gobierno de Ayuso con la realidad de personal. Ayuso habla de un total de 64.435 docentes en colegios e institutos públicos, aunque el dato de censo de las elecciones sindicales de diciembre de 2022 fue de 54.780, es decir, 62.276.
