Almudena Lastra (Madrid, 58 años) ya se pronunció a favor de admitir a trámite la querella presentada por la Abogacía del Estado en defensa de Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado (titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid) y le quedaba por definir ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) si se debe admitir a trámite o no la que a su vez presentó contra dicho juez por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Este jueves 19 de septiembre, la fiscala optó por solicitar, para pronunciarse, «testimonio íntegro de las actuaciones en papel» a fin de hacerlo después.
La defensa de Gómez urgió a la sección 23 a resolver de manera más expedita el recurso de apelación -que hace cola desde el mes de julio-, pero la sala -esta vez integrada por los magistrados Enrique Bergés de Ramón, María del Rosario Esteban y José Sierra– desestimó, el pasado 6 de septiembre, su recurso de súplica con el argumento de que se ha “seguido el orden ordinario del despacho de asuntos”. Y volvió a señalar la fecha ya señalada del 30 de septiembre, para deliberar, votar y fallar.
La solicitud del “testimonio íntegro” por parte de Lastra sigue a la petición del “testimonio íntegro” el pasado 12 de septiembre por la ya citada sección 23 de la Audiencia de Madrid, formada en esa ocasión por los magistrados Enrique Bergés de Ramón (ponente), María del Rosario Esteban, presidenta, y Jesús Gómez Angulo Rodríguez.
El recurso de apelación del abogado Antonio Camacho, letrado de Gómez, contra la instrucción del juez Peinado, pide el archivo de las actuaciones por tratarse de una “investigación prospectiva”. Con ello quiere decir que se trata de una excursión de pesca del juez, que lleva adelante una causa “universal” en la que busca indicios sin partir de una verosímil apariencia de conductas delictivas de tráfico de influencias. Y también se deja constancia de vulneración del secreto del sumario por el propio juez instructor, que trasladó a la acusación popular de Vox parte del sumario secreto.
Los lectores y lectoras se preguntarán, ¿qué pasa que aquí que todos piden “testimonio íntegro de todas las actuaciones”, es decir, en papel?
Pues pasa que lo jueces y fiscales de Madrid no cuentan todavía con un expediente judicial electrónico.
“No es frecuente que se pidan todas las actuaciones, pero tampoco es extraordinario. Deberíamos tener acceso a todo el procedimiento vía el el sistema informático, pero no es así. A veces el ponente no necesita ni pedirlo, entra en la causa y consulta. Pero ese tratamiento informático no siempre es homogéneo y completo. Si han pedido todo es que no está, en efecto, completo”, señala a EL PERIÓDICO un magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. Y, más concretamente, el juez Peinado, al hacer el “testimonio íntegro” tuvo que agregar aquello que faltaba, a lo que los jueces no podían acceder, ni en papel ni por vía informática.
La querella del presidente del Gobierno -vía abogacía del Estado- ya cuenta con ponente en el TSJM -el magistrado José Goyena Salgado– y con el dictamen favorable a su admisión a trámite de la fiscal superior Lastra, y por tanto, se encuentra a estudio del ponente. La de Begoña Gómez, que también tiene ponente en el TSJM – el magistrado José Ramón Suárez Robledano –, en cambio, a raíz de la solicitud del “testimonio íntegro” de todas las actuaciones de la fiscal superior Lastra, todavía no ha empezado formalmente su recorrido. Pero tanto la decisión de Lastra de solicitar todas las actuaciones como las dos querellas podría decirse que están esperando a Godot -aunque nadie lo haya explicitado- que aquí, a diferencia de la obra de teatro de Samuel Beckett (1940), tiene el nombre de tres magistrados que, según se ha apuntado, forman la sala encargada de examinar el recurso de apelación de la defensa de la esposa del presidente Sánchez: Bergés de Ramón (ponente), Esteban (presidenta) y Gómez Ángulo (si no hay cambios de última hora). Es decir: saber si la Audiencia de Madrid con su importante decisión resuelve continuar la presunta investigación o se inclina por el archivo, como pide la defensa de Gómez. O, también, si cabe un segundo recorte -la Audiencia ya hizo una primera delimitación- de las actuaciones.
De momento, la fecha del 30 de septiembre se mantiene, eso si la lectura del “testimonio íntegro” de las actuaciones por parte del ponente, Bergés de Ramón, no requiere, la próxima semana, a ampliar el plazo. ¿Qué posibilidades se abren al recurso de apelación? “Los magistrados tienen un perfil conservador, pero son competentes, serios y rigurosos”, según impresiones recogidas en diversas fuentes judiciales. “Pero da la impresión de que el ponente quiere hacer una valoración de todo el material. Es decir: una revisión exhaustiva”, señaló un magistrado.
Archivo de las actuaciones poco probable
La tramitación de las dos querellas por delitos de prevaricación, como se ha apuntado, están a la expectativa de lo que vayan a decidir los magistrados de la sección 23 de la Audiencia de Madrid. Porque si se abre paso el archivo decaerán. Muerto el perro se acabó la rabia. Con todo, las fuentes consultadas no consideran el archivo de las actuaciones como el desenlace más factible en estos momentos.
El martes próximo, día 24 de septiembre, se cumplirán cinco meses desde que el 24 de abril el juez Peinado decidiera abrir diligencias en esta presunta causa, a raíz de una querella del sindicato Manos Limpias basada en recortes de medios de comunicación. Está claro que un juez instructor posee mucho poder y al tomar declaraciones y decidir la imputación, aparte de Begoña Gómez, de presuntos sospechosos (el empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache), ordenar entradas y registros (Barrabés), incautar teléfonos (Barrabés) puede ofrecer una cantidad aparente de diligencias a través de las cuales «como si» la causa es consistente.
La clave es determinar si lo que hace Peinado (vulneración del secreto sumarial) es una excursión de pesca o una auténtica instrucción. En la recta final hacia el 30 de septiembre, el juez Peinado puede dar vía libre final al traslado a las partes del video de la declaración de dos minutos del testigo Pedro Sánchez del pasado 30 de julio en el Palacio de la Moncloa -antesala de una posible difusión en los medios de comunicación-, una diligencia forzada sin plantear la posibilidad de una visita concertada -previo acuerdo con el testigo- a la sede de la presidencia del Gobierno, tras rechazar -no por Peinado sino por un juez sustituto- la declaración que la ley contempla para el presidente, ministros y otros altos cargos.
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