El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León defiende a los jueces ante los «ataques» de los poderes públicos

Este viernes se celebró el acto de Apertura del Año Judicial en Castilla y León. En él, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, y el Fiscal Superior de la comunidad, Santiago Mena, ofrecieron un análisis profundo de los desafíos que enfrenta la justicia en la región y en España en general. En su discurso, ambos abordaron temas clave, desde la independencia del poder judicial hasta los problemas de funcionamiento del sistema judicial, con un enfoque especial en la violencia de género, los tiempos procesales y los efectos de las redes sociales sobre los menores.

El acto ha sido especialmente emotivo para el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, José Luis Concepción, que se despedirá pronto del cargo después de casi 20 años al frente tras la reciente renovación del Consejo General del Poder Judicial. En su discurso, subrayó la importancia de mantener la independencia judicial como baluarte de los derechos de los ciudadanos. Agradeció la presencia de las autoridades y de los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), destacando la reciente renovación del órgano tras más de cinco años de bloqueo. «Es una extraordinaria noticia que el órgano de gobierno de los jueces recupere su normal funcionamiento», afirmó Concepción, subrayando la importancia de que el CGPJ pueda «defender la independencia del poder judicial y rechazar cualquier tipo de injerencia».

«Es una extraordinaria noticia que el órgano de gobierno de los jueces recupere su normal funcionamiento»

José Luis Concepción

Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Concepción alertó sobre los riesgos que enfrenta el Estado de Derecho debido a los intentos de manipulación política y mediática. En este sentido, denunció los «ataques calculados» a jueces que deben resolver casos políticamente delicados, y criticó la «eliminación de la efectividad de las resoluciones judiciales» mediante el uso interesando del derecho de gracia o la derogación de ciertos tipos penales. «El desprecio a la ley socava los cimientos del Estado de Derecho y quiebra el principio de igualdad ante la ley que garantiza nuestra Constitución», advirtió.

El presidente del TSJ de Castilla y León hizo un llamamiento a la responsabilidad social frente al relativismo y la polarización, factores que, según él, agravan la situación del sistema judicial. «Hoy la situación no es muy diferente a la del año pasado; en nada ha mejorado», afirmó, advirtiendo que la destrucción del Estado de Derecho «no se va a detener por un extraño sortilegio». Criticó el uso irresponsable del término «lawfare» para deslegitimar las actuaciones judiciales, advirtiendo del daño que causa a la imagen de la justicia. Asimismo, insistió en que «la independencia de los jueces es imprescindible para que el mecanismo del derecho funcione de manera adecuada» y para que los ciudadanos puedan sentirse «libres e iguales a todos sus semejantes».

Concepción concluyó su intervención citando al poeta Pablo Neruda: «Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera», refiriéndose a la capacidad de la justicia para resistir los embates de las presiones externas y seguir siendo el «último baluarte defensivo del ciudadano frente a la arbitrariedad».

Desafíos operativos de la justicia y el compromiso social

Por su parte, el Fiscal Superior de Castilla y León, Santiago Mena, centró su intervención en los problemas operativos que enfrenta el sistema judicial. Expresó su preocupación por el aumento de los tiempos de resolución de los procedimientos, destacando que en los últimos 12 meses «el tiempo medio transcurrido entre los escritos de calificación y el primer señalamiento no solo no disminuye, sino que aumenta». En el caso de los procedimientos abreviados, que constituyen la mayoría de los asuntos, «el tiempo medio supera los 365 días», lo que supone una carga considerable para el sistema judicial y los profesionales involucrados.

Mena también alertó sobre la disminución del número de sentencias dictadas por los magistrados de Castilla y León, un descenso del 15% en el último año. «Este es uno de los problemas que debe resolverse de forma imperiosa, pues provoca desaliento y perjuicios a los profesionales», advirtió.

Otro de los puntos centrales de su discurso fue la violencia de género. Mena subrayó que el número de casos continúa en aumento, con un incremento del 8,6% en el último año, y los recursos disponibles siguen siendo insuficientes. «Las unidades de valoración integral de la violencia sobre la mujer están infradotadas», lamentó, explicando que los retrasos en la emisión de informes pueden alcanzar entre 9 y 11 meses, lo que supone una «revictimización secundaria» para las mujeres afectadas. Además, recordó los dos feminicidios ocurridos en Castilla y León durante 2023, uno en Ávila y otro en Salamanca, calificando la situación de «insoportable».

El Fiscal Superior también abordó la cuestión de la migración, recordando que «los migrantes son, en primer lugar, personas que tienen dignidad y derechos exactamente igual que nosotros». Señaló que las migraciones no son fenómenos pasajeros ni extraordinarios, y que deben ser gestionadas con responsabilidad, criticando las barreras y la criminalización de colectivos por su origen o raza.