El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de la mano del partido de extrema derecha Vox, ha decidido acabar de un plumazo con la férrea lucha contra la corrupción que inició el Gobierno de Ximo Puig. Entre los movimientos que ha realizado está la de desmontar la Oficina de Recuperación de Activos, que consiguió devolver al erario más de ocho millones de euros distraídos de las arcas públicas; también ha dejado sin dotación económica la cátedra Deblanc, y por último, ha nombrado a dedo (cambiando la ley de la mano de Vox para poder hacerlo con mayoría simple) a Eduardo Beut, un destacado Zaplanista como él como nuevo director de la Agencia Antifraude. Y lo primero que ha hecho Buet ha sido ‘cargarse’ al número 2 Gustavo Segura y a la número 3 Teresa Clemente del antiguo director Joan Llinares. Y para ‘cargarse’ a Segura no ha dudado en mentir en la carta de cese.
La periodista del periódico Levante-EMV Laura Ballester publicaba el pasado 4 de septiembre que el nuevo director de Antifraude cesaba a los dos cargos por “colaborar” con la Fiscalía. Pues bien, más allá del escándalo que supone ese titular, es que según las fuentes del Ministerio Público y del resto de la judicatura consultadas por ElPlural.com, lo dicho en esa carta no es cierto, ya que con quien realmente han colaborado tanto Segura como Clemente ha sido con los diferentes jueces de instrucción de Valencia, tal y como ha comprobado este periódico con los diferentes autos emitidos desde los juzgados de instrucción.
Es decir, con quien han colaborado los cesados es con la Justicia. Pues aunque si bien es cierto que desde la Fiscalía se ha solicitado ayuda de Antifraude, han sido los diferentes jueces los que han pedido los informes, no el fiscal, como trata de deslizar Buet en su carta de cese.
Pero es que la locura de las decisiones de Beut llega a extremos difícilmente explicables, puesto que en la ley de creación de la Agencia se especifica que “es un órgano de apoyo y colaboración con la autoridad judicial y el Ministerio Fiscal cuando sea requerida”, por lo que el motivo esgrimido cae por su propio peso. Este periódico ha preguntado a varios jueces al respecto. Sus señorías no salen de su asombro ante lo sucedido, y no dudan en afirmar que “lo que quieren es que no investiguemos la corrupción”.
En cuanto al apoyo tanto a fiscales como jueces, explican las fuentes que los informes se solicitan a multitud de organismos más allá de Antifraude ya que en Valencia (y el resto de ciudades) no hay destacamentos adscritos como sí ocurre en la Fiscalía Anticorrupción de Madrid. Así, se han pedido informes tanto a la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional, como a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la Agencia Tributaria, a la anteriormente mencionada Cátedra Deblanc o a la Intervención General del Estado entre otros.
La sombra de Zaplana
Los ceses son difícilmente explicables, pero es que la excusa es directamente un bulo escrito negro sobre blanco. Las fuentes consultadas explican que desde que se presentó el informe del caso Erial realizado por Antifraude, el entorno del expresidente ha tratado de desacreditarlo por todas las vías posible. Pero ya cuando en el juicio no solo fueron citados los dos funcionarios que lo habían redactado sino que también acudió Segura, se armó directamente un 2 de mayo.
Pero la explicación es simple a la citación de Segura en muy simple, la Fiscalía Anticorrupción siempre cita, en los casos importantes, no solo a los que firman sino a su jefe. Y lo hacen con Antifraude sí, pero también con la Agencia Tributaria y con la Intervención del Estado, y el juicio del presunto amaño del partido de fútbol entre el Zaragoza y el Levante es buena prueba de ello.
Pero es que, además, tal y como ha podido contrastar este periódico, la persona que solicitó ese informe fue la magistrada de instrucción Isabel Rodríguez y no el fiscal. La persona que firmó la petición fue ella, y obviamente, la Agencia Antifraude tenía la obligación legal de escuchar la petición que le realizaba una juez, por lo que hablar de dejación de funciones por cumplir con la legalidad es absolutamente kafkiano.
Incluso con el juicio terminado y a la espera de la sentencia, determinados medios de extrema derecha siguen haciendo preguntas sobre ese informe a la búsqueda de encontrar una vía por la que entrar y atacar a la juez, al fiscal y a la propia Agencia. Una Agencia Antifraude cuyos funcionarios están actualmente al borde de colapso con varios saliendo ‘por piernas’ o pensándoselo muy seriamente tras la deriva que está tomando el ente desde que está en manos de Beut.
Actualmente todavía está por ratificarse el informe presentado sobre el caso Azud, que investiga el presunto amaño sistemático de contratos en el Ayuntamiento de Valencia durante la época en la que Rita Barberá era alcaldesa, y los funcionarios no salen de su asombro de ver pasearse por Antifraude, como Pedro por su casa, a uno de los abogados de la defensa. No corren buenos tiempos para la lucha contra la corrupción en la Comunidad Valenciana gracias a la pinza PP/VOX.
