A Amber Thurman le habría salvado la vida un procedimiento rutinario de dilatación y curetaje. Con esa intervención mínima los médicos habrían podido extraer los restos del feto que habían quedado en su útero tras un aborto con medicación y le habían provocado una infección. Pero Thurman, 28 años, sana hasta ese momento, madre de un hijo de seis años, agonizó durante 20 horas esperando en un hospital en las afueras de Atlanta en 2022 a que los médicos tomaran una decisión. Y para cuando lo hicieron ya era demasiado tarde y su corazón se paró en la mesa de operaciones.
El problema que tuvo Thurman es que vivía en Georgia. El problema que tuvo Thurman es que ese es uno de los 22 estados que empezaron a aprobar vetos y drásticas restricciones, después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos derogara aquel verano la protección constitucional al aborto.
Y el problema que tuvo Thurman, además de haberse tenido que ir a abortar a Carolina del Norte, perder por un atasco de tráfico su cita en una clínica saturada con mujeres llegadas como ella de estados con vetos y tener que volver a casa con la medicación para abortar sin poder quedarse allí cerca por si había complicaciones, es que en la ley de Georgia, como en las de otros estados, los médicos enfrentan penas de cárcel si incumplen una normativa que criminaliza la dilatación y curetaje. Incluso con las excepciones, las normas están redactadas con un lenguaje que los expertos ya habían avisado que es peligrosamente vago.
Su caso lo hizo público este lunes ProPublica, el primero de dos que la web de periodismo de investigación ha sacado a la luz esta semana con nombres y apellidos de muertes oficialmente “prevenibles” relacionadas con el veto estatal al aborto. Y Thurman y la otra mujer, Candi Miller, que con problemas serios de salud y asustada por el veto de Georgia optó por abortar por su cuenta con pastillas y temió buscar atención médica cuando llegaron las complicaciones, son ahora protagonistas en la campaña electoral para las elecciones presidenciales.
Al leer sobre ellas Kamala Harris quiso organizar inmediatamente un discurso sobre el aborto y los derechos reproductivos, el primero desde que se hizo con la nominación demócrata exclusivamente centrado en un tema que se ha hecho fundamental en su campaña y para muchas votantes, sobre todo mujeres. Y ese discurso llegaba este viernes, justamente, en Georgia.
«Mi hija no era una estadística»
Ya la víspera, en el evento virtual que organizó para movilizar votantes a favor de Harris Oprah Winfrey, la vicepresidenta conoció en persona a la familia de Thurman y escuchó su dolor. “Mi hija no era una estadística”, dijo entre lágrimas la madre, Shanelle Williams.
Esa es la filosofía que está guiando a Harris y a los demócratas: poner el rostro y la historia humana a la grave realidad del retroceso de los derechos reproductivos en EEUU. “Es una crisis sanitaria y afecta a pacientes y a la profesión médica”, decía la demócrata, que acusó a Donald Trump de ser «el arquitecto de esa crisis«., recordó que se había mostrado «orgulloso» de haber instalado a tres jueces en el Supremo que aseguraron la mayoría conservadora que tumbó Roe v Wade y subrayó que una de cada tres mujeres en EEUU viven en un estado con lo que denomina «vetos de Trump«,
En el discurso de Atlanta este viernes Harris ha retomado las palabras de Williams, recordando que ni su hija ni las otras víctimas son una estadística y ha dicho que sus muertes no eran solo «prevenibles» sino también, «predecibles». Y ha hablado con pasión, en una intervención contundente que subraya su larga historia como luchadora por los derechos reproductivos. Fue la primera persona con un cargo electo en la Casa Blanca en visitar una clínica que practica abortos.
Una crisis real
Desde que el Supremo devolvió la regulación a los estados y se empezaron a implementar los vetos y restricciones, se ha comprobado que están aumentando los casos de mujeres embarazadas que han enfrentado retrasos en la atención médica o han sido rechazadas en hospitales pese a emergencias médicas, una violación de la ley federal. En un análisis este año de AP, por ejemplo, aunque se detectaron problemas en estados también sin vetos se observó un pico inmediato en estados que los implementaron.
Las historias de terror han ido repitiéndose en los dos últimos años, La mujer de Oklahoma a la que, con un feto no viable, los médicos le mandaron a esperar al aparcamiento diciéndole que no podían atenderla hasta que estuviera literalmente “colapsando” frente a ellos o con una subida de presión tal que le garantizara un ataque cardíaco. Las dos en Texas y Florida que acabaron teniendo abortos en baños públicos. La de Arkansas que entró en shock séptico y perdió al bebé después de acudir a emergencias y que la enviaran a su casa. O las al menos cuatro con embarazos ectópicos que tuvieron problemas para recibir atención y tratamiento.
“La ley nos impide dar cuidado basado en pruebas sin tener que pensar sobre el riesgo de ser perseguidos por lo penal”, le decía a AP la doctora Nisha Verma, una ginecóloga de Georgia, que aseguraba que el veto estatal ha creado “un ambiente masivo de miedo, confusión e incertidumbre” para la comunidad médica.
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