La Diputación del Común ha anunciado este jueves la apertura de una investigación de oficio para supervisar la acogida a los menores migrantes no acompañados una vez que el nuevo protocolo puesto en marcha por el Gobierno de Canarias ha sido recurrido ante el TSJC por la Fiscalía Superior de Canarias.
En un comunicado, la Diputada, Dolores Padrón, afirma que el número de menores no acompañados con los que cuenta Canarias «supera» la capacidad, «no solo respecto a su atención inmediata sino a su atención integral, dado que la situación de emergencia se ha prolongado en el tiempo, lo cual ha propiciado la necesidad de autorizar el uso de espacios residenciales, recursos excepcionales para la atención de necesidades básicas».
En ese sentido, entiende que «es precisa la adopción de medidas que garanticen una adecuada atención» y por ello cree que «se hace necesario recordar los deberes legales establecidos en la normativa de aplicación, en materia de protección de menores, en orden al amparo que por ministerio de ley se otorga a las personas menores en situación de desprotección, sin perjuicio de los protocolos que se puedan establecer en cuanto a una leal cooperación y colaboración entre las administraciones competentes, con el fin de garantizar la eficiencia en la gestión y la igualdad en el ejercicio de los derechos».
Desde la Diputación del Común se recuerda también a la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias que con fecha 30 de julio de 2024 el Defensor del Pueblo, tras su visita a los recursos de emergencia habilitados en Hoya Fría y La Orotava, en la isla de Tenerife, propuso medidas que implican, entre otras, «la necesaria coordinación entre las administraciones y la coherencia en sus intervenciones, tanto respecto a las personas menores con necesidades de protección internacional, como a menores que se encuentran bajo la tutela de la entidad pública de protección, sin documentar, próximos a cumplir la mayoría de edad».
Estas recomendaciones se trasladaron al Ministerio del Interior, a la Secretaría de Estado de Migraciones, a la Fiscalía General del Estado y a la propia Consejería la comunidad autónoma.
Padrón estima pertinente recordar la obligación «de todas aquellas actuaciones en las que debe primar siempre el interés superior del menor».
Primar el enfoque de la infancia
En ese sentido insiste en que las defensorías del pueblo deben «garantizar que las actuaciones de las distintas administraciones públicas, con responsabilidad en la atención a personas menores de edad, respondan a su interés superior, primando en todo caso el enfoque de infancia respecto a la condición de inmigrante, en cumplimiento de la normativa de aplicación en materia de protección de menores«.
Padrón señala también en su escrito oficial que «preocupa» la salvaguarda de los derechos de las personas menores extranjeras no acompañadas y cómo se va articular la coordinación entre Administración General del Estado, Fiscalía y la Comunidad Autónoma para el cumplimiento de sus respectivas competencias, a fin de garantizar la atención y la adopción de todas aquellas medidas que aseguren la protección y asistencia en situación de desprotección con enfoque de infancia.
«Rogamos nos informe a este respecto, en concreto cómo se va a materializar la coordinación en cada una de las islas que conforman nuestro archipiélago, medios arbitrados a este respecto ajustados a la realidad de cada isla que garanticen la atención y protección con enfoque de infancia«, finaliza.
