El PSOE cosechó el pasado martes en el pleno de Congreso su derrota número 35 desde la investidura de Pedro Sánchez, el pasado noviembre. En esta ocasión fue Junts el que dejó sin mayoría al Gobierno con un cambio de criterio en el último momento, rechazando la reforma para limitar los alquileres de temporada tras haber anunciado que sus siete diputados se abstendrían. Los puigdemontistas acabaron sumando sus votos a los de PP, Vox y UPN para impedir la tramitación de la iniciativa impulsada por Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG, socios de investidura de Sánchez.
Ahora bien, pese a lo abultado de la cifra de votaciones perdidas por el PSOE en el Congreso en menos de un año, hay que matizar que solo una de esas 35 derrotas corresponde a una ley aprobada por el Gobierno. De hecho, fue el primer revés de toda la legislatura para la coalición de socialistas y Sumar: el 10 de enero, Podemos tumbó el decreto ley redactado por el ministerio de Yolanda Díaz que incluía una reforma del subsidio por desempleo.
Según datos de Parlamentia, el Congreso ha aprobado en la actual legislatura 12 leyes y ha rechazado 14, pero en ese recuento se incluyen los proyectos de ley del Gobierno, los decretos leyes también del Ejecutivo, las proposiciones de ley que presentan los grupos parlamentarios y las leyes promovidas por la UE. Es decir, de las 14 leyes tumbadas por la Cámara baja, solo una llevaba la firma del Consejo de Ministros, el citado decreto sobre el paro. En total, ahora mismo hay 144 leyes en fase de tramitación en el Congreso.
El revés de los socios
Más allá de las leyes del Gobierno, el PSOE ha perdido otras 34 votaciones este año. Algunas fueron simbólicas, como el ‘no’ de Junts al dictamen de la ley de amnistía que dilató la tramitación de la norma. Podemos y Junts han permitido con sus votos buena parte de las derrotas de la coalición, como la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la muerte de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) al ser arrollados por una narcolancha.
Pero los ‘zascas’ al Gobierno ha venido desde todos sus socios. ERC y Junts ayudaron al PP a sacar adelante una moción del PP que exigía al Gobierno depurar responsabilidades y más auditorías sobre contratos en pandemia, a raíz del caso Koldo. Y Junts, PNV y BNG sumaron sus votos a los populares para reclamar la deflactación del IRPF para compensar la subida de la inflación. Puigdemontistas, peneuvistas y EH Bildu también facilitaron la tramitación de una proposición de ley del PP para relajar la protección al lobo ibérico.
Una ley retirada
En mayo, el PSOE sumó ocho nuevas derrotas y tuvo que retirar la reforma de la ley del suelo precisamente porque no tenía apoyos suficientes para sacarla adelante. Todos los socios de la investidura, incluido Sumar, iban a apoyar las enmiendas a la totalidad. Los socialistas también vieron cómo se rechazaba su proposición de ley contra el proxenetismo, que solo recabó los apoyos del BNG, Coalición Canaria y UPN. Fue la primera vez en la legislatura que caía una ley impulsada por el grupo socialista.
En junio se repitió la cadena de derrotas del PSOE con cinco en un pleno y siete más en el siguiente. Durante los cuatro plenos extraordinarios que se celebraron en julio, los socialistas no pudieron impedir que se aprobaran dos enmiendas del Senado a la ley de paridad y sufrieron otras dos derrotas más severas: fueron rechazados la proposición para reformar la ley de extranjería y los objetivos de déficit. Tras las vacaciones, el PSOE no pudo evitar que el curso parlamentario empezase con la aprobación de una iniciativa del PP para reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, a la que se sumó el PNV.
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