El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha reconocido la incapacidad permanente absoluta a una trabajadora, diseñadora gráfica, que arrastra cefalea y otros síntomas provocados por la Covid-19.
De esta forma, el TSJCyL confirma un fallo anterior, de un juzgado de lo social de Burgos, que ya dio la razón a la empleada y le concedió el 100% de su pensión, por valor de 1.889,92 euros. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se había opuesto a aquella decisión judicial, pero su recurso no ha tenido éxito.
La mujer trabajaba como diseñadora gráfica en el Boletín Oficial de la provincia y solicitó una incapacidad temporal en agosto de 2021, tras infectarse por Covid-19. La enfermedad le provocó una cefalea crónica, que arrastra a día de hoy, y que le impide concentrarse, lo que dificulta su trabajo y que, según la sentencia, es «refractaria a cualquier tratamiento».
La demandante, a sus 57 años, también presenta «un trastorno adaptativo y déficit cognitivo, dificultades para prestar atención, déficit leve de memoria, limitación para ejercer actividades de elevada responsabilidad» y estrés. Así consta en la sentencia del TSJCyL, fechada el pasado 24 de julio.
Tal y como exponen los jueces María José Renedo, Juan Carlos Galán y María Jesús Martín, los síntomas que padece «son congruentes con los perfiles neuropsicológicos de pacientes con déficit cognitivo tras infectarse». Es por ello que el mantenimiento de estos síntomas, una vez el virus que provoca la enfermedad ya no está presente en un organismo, se conoce como Covid persistente.
El TSJ castellanoleonés expresa también que las tareas que realiza la demandante como diseñadora de gráficos y multimedia «son las propias de su profesión». «Y exigen concentración, trabajo intelectual y utilización de pantallas de visualización de datos«, añade.
Por ello, las continuas cefaleas provocan que sea «ilusorio un desempeño ordinario y habitual, con rendimiento adecuado y sin sacrificios extraordinarios, de cualquier profesión».
Si la mujer continuase trabajando, los jueces prevén que sufra «condiciones de malestar y dolor casi permanente». De esta forma, avalan la decisión tomada por el Juzgado de lo Social número 3 de Burgos y confirman que la demandante debe recibir el 100% de su pensión por su incapacidad permanente absoluta. El INSS puede recurrir esta sentencia del TSJCyL ante el Tribunal Supremo.
