El Gobierno dejará en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el grueso de las funciones para llevar a cabo “un registro de medios de comunicación en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben”. Así se recoge en el plan de regeneración democrática aprobada este martes en el Consejo de Ministros y con el que se busca desarrollar el reglamento europeo de medios de comunicación. Para ello se reformará la estructura de la CNMC con el objetivo de dotarla de competencias en materia de servicios digitales y medios de comunicación.
En estos momentos está pendiente de renovar un tercio de los consejeros de la CNMC y todo apunta a que será sin acuerdo con el principal partido de la oposición. Desde el PP rechazaron la “imposición” de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España, por lo que se congelaron las negociaciones para otras renovaciones pendientes, como la de este organismo regulador, la CNMV o el Tribunal de Cuentas. La ley reguladora de la CNMC establece que estos nombramientos corresponden al Gobierno, con la única opción de que el Congreso pueda vetarlos por mayoría absoluta en el plazo de un mes desde su llegada al cargo.
Desde las asociaciones profesionales se aboga por la creación de una comisión de carácter independiente e integrado por profesionales de los medios de comunicación. En el Ejecutivo defienden el carácter independiente de este organismo y que con su reforma se ajustarán sus competencias a lo que determina el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación.
Y en el mismo sentido van las peticiones de Sumar, que en las negociaciones para consensuar el plan en el seno del Gobierno, intentó sin éxito vetar que la CNMC asumiese estas funciones, al considerar «difícil» que la CNMC pueda ejercer funciones relativas a los medios de comunicación, «porque no son sus competencias». En su lugar, el socio minoritario de la coalición se inclinaba por crear un nuevo organismo, el Consejo de medios, para las gestiones en esta materia.
El reglamento establece que “las autoridades u organismos reguladores nacionales deben asimismo tener las competencias adecuadas, en concreto para solicitar información y datos a cualquier persona física o jurídica a la que se aplique el presente Reglamento, o que, por motivos relacionados con sus actividades comerciales o empresariales o su profesión, podría razonablemente estar en posesión de la información y los datos necesarios, con respeto de los derechos e intereses de dichas personas”.
El mencionado comité europeo, además, agrupará a “las autoridades u organismos reguladores nacionales y coordine su actuación”. Por último, remarca el reglamento que “debe ser totalmente independiente, también frente a cualquier influencia política o económica, y no debe pedir ni recibir instrucciones de ningún Gobierno, institución, ya sea nacional, supranacional o internacional, ni de ninguna persona u organismo público o privado”.
Secretaría de Estado de Comunicación
Desde organismos como la federación de sindicatos de periodistas aplauden la implantación del reglamento, pero cuestionan que sea la CNMC quien asuma estas competencias. “Lo que pedimos es que se implante como corresponde, creando un comité o un organismo regulador independiente del Gobierno y financiado con fondos públicos”, apunta su secretario general, Agustín Yanel. En este sentido, argumenta que a los consejeros de la CNMC los nombra el Gobierno y se podría cuestionar su independencia. Una mácula que ha acompañado a otros nombramientos, como los de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o de RTVE.
Los criterios para formar parte del registro de medios están todavía por concretar. Además de la CNMC, el plan recoge que otra de las instituciones responsables para la creación del registro será la Secretaria de Estado de Comunicación, así como las Cortes Generales para su aprobación final. La reforma de la CNMC, por otra parte, se realizará mediante un proyecto de ley del que serán coproponentes los ministerios de Economía y Transformación Digital. Este último departamento, que dirige Óscar López, será el responsable de la puesta en marcha de un programa de ayudas dotado con 100 millones de euros “para promover la digitalización de los medios de comunicación a través de la creación de bases de datos, el desarrollo de herramientas de mejora de la productividad y calidad informativa, así como el refuerzo de la ciberseguridad”.
Financiación de “pseudomedios”
A partir del registro de medios, con información sobre su propiedad y su financiación pública, el Ejecutivo busca «garantizar sistemas de medición de audiencia con principios de transparencia e imparcialidad» y que no se puedan así «financiar pseudomedios que promuevan ‘fake news. A partir de ahí se reformará la ley de publicidad institucional para introducir criterios de “transparencia, proporcionalidad y no discriminación”, además de establecer límites en este apartado para acabar con la prensa “dopada”, impulsada o absolutamente dependiente de algún gobierno.
Después de que el Gobierno se comprometiese el pasado mes de julio a buscar un consenso previo con los grupos parlamentarios y abrir un «gran debate» también con los sectores afectados, ahora ha decidido darle la vuelta a esta metodología. Esto es, primero poner sobre la mesa su plan y luego discutirlo e incorporar aportaciones de los socios para llegar a acuerdos. En el Ejecutivo son optimistas al entender que se trata de cuestiones que no generan rechazo entre sus socios y avanzan además que «los detalles concretos se desarrollarán de la mano» de los grupos parlamentarios.
