Junts per Catalunya, cuyos siete escaños resultan indispensables en esta legislatura para que la Moncloa saque adelante sus iniciativas en el Congreso, da muestras de estar cada vez más alejado del Gobierno. El martes, en un nuevo aviso a Pedro Sánchez, los posconvergentes cambiaron el sentido de su voto, de la abstención al rechazo, y tumbaron junto al PP y Vox una ley de Sumar para regular los alquileres de viviendas de temporada. Este miércoles han dado carta de naturaleza a esta nueva actitud, que complica enormemente al Ejecutivo la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene. “O cumplen sus acuerdos o derrotas parlamentarias”, ha señalado desde el hemiciclo el diputado Josep Maria Cruset.
El Ejecutivo someterá a votación la semana que viene el techo de gasto y la senda de estabilidad, paso previo a las cuentas públicas. Fuentes de la Moncloa dan casi por perdida esta iniciativa ante la actitud del partido de Carles Puigdemont. Pero no los Presupuestos, que se acogerán a la senda anterior. Buena parte del destino de las cuentas públicas depende de un asunto que poco tiene que ver con ellas: la inmigración, cuyas competencias el Gobierno se comprometió a transferir a Catalunya a principios de año a cambio de la abstención de Junts en dos decretos.
Las negociaciones entre Junts y los socialistas, representados tanto por el grupo parlamentario como por el Ministerio de Inclusión Social, están avanzando en los últimos tiempos, como publicó EL PERIÓDICO la semana pasada. El Gobierno está dispuesto a cederlas. “Nosotros cumplimos los acuerdos”, señalan fuentes de la Moncloa.
Pero hay dos problemas. Por un lado, el Ejecutivo quiere que a cambio de este traspaso los posconvergentes se comprometan a no tumbar los Presupuestos, algo que de momento aseguran no estar dispuestos a llevar a cabo, ya que la cesión de inmigración viene de un pacto previo a la negociación de las cuentas. Y por otro, el partido de Puigdemont ha vuelto a poner encima de la mesa la exigencia de que sea la Generalitat la encargada del control de las fronteras con Francia. El Gobierno rechaza este enfoque al considerar que es inconstitucional y no sería autorizado por la UE.
“Queremos la independencia, queremos ejercer nuestras competencias en materia de migración”, ha insistido Cruset. Justo después, durante el mismo intercambio con Fernando Grande-Marlaska, ha pasado a la espinosa cuestión del control fronterizo. “¿Qué miedo tiene usted? ¿Que dejemos en evidencia su nefasta gestión? ¿O que los catalanes podamos ser ciudadanos de primera?”, le ha preguntado al ministro del Interior, quien ha insistido en la imposibilidad de acceder a lo que reclama Junts. “Saben que el control de fronteras es competencia exclusiva del Gobierno, pero hay muchos otros asuntos que pueden ser competencias de las comunidades autónomas y en los que podemos trabajar”, ha contestado Marlaska.
“Ustedes se acercan mucho a otros partidos”, ha insistido el ministro, aludiendo a la pinza de Junts con el PP y Vox, que también ha impedido que salieran adelante otras iniciativas como la reforma de la ley de extranjería y la propia senda de estabilidad, que el Ejecutivo ya intentó aprobar sin éxito el pasado julio.
«Nunca se sabe»
En la Moncloa son incapaces de anticipar qué va a pasar con los Presupuestos. Las expectativas no cotizan al alza. Fuentes socialistas advierten de que los posconvergentes no se comportan como el resto de grupos que apoyaron la investidura de Sánchez, cuya disposición al diálogo está mucho más acreditada. “Con Junts nunca se sabe”, dicen.
Pero los colaboradores del Gobierno aseguran estar tranquilos sobre la legislatura. Junts, aseguran, nunca apoyará junto a Vox una moción de censura del PP para desalojar a Sánchez del poder. Para los socialistas, el cambio de actitud de Junts solo obedece a una cosa, la investidura del socialista Salvador Illa en agosto como president de la Generalitat, y confían en que al final el partido de Puigdemont hará la «digestión» de este desenlace y asumirá que resulta mucho más “útil y coherente” apoyar al Gobierno a cambio de contrapartidas. Pero “nunca se sabe”, insisten.
