Afirma Félix Bolaños que los ciudadanos han comenzado a percibir cierto desgaste en la democracia española que no se corresponde con la realidad, dado que este país goza de unos estándares políticos e institucionales sobresalientes que nada tienen que envidiar a los de nuestros vecinos europeos. Podrían definirse como incólumes e incluso arcádicos. En cualquier caso, incuestionables. En esta última palabra está la clave de todo esto. ¿Qué necesidad hay de cuestionar lo evidente? ¿A quién se le podría ocurrir poner en duda algo tan evidente?

Esa gente existe, por desgracia, y trabaja en política, en la judicatura y en los medios e comunicación. Pertenece a una España tenebrosa que considera que Pedro Sánchez no puede ponerse al frente de un proyecto de regeneración porque sus antecedentes le sitúan en el extremo contrario, que es en el de la ‘degeneración’. Hay quien cree, erróneamente, que España está en problemas, dado que a media que el Ejecutivo se ha sentido más y más débil…, más ha avanzado en su plan de conquistar todas las instituciones el Estado; y que por eso ha emprendido ahora una guerra contra todos sus críticos, que ha bautizado con el eufemismo de ‘regeneración’.

Sobra decir que son todas esas son habladurías, dado que no hay ningún motivo para desconfiar del nombramiento de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España, de Dolores Delgado -otrora- como Fiscal General del Estado o de Miguel Ángel Oliver como presiente de la Agencia EFE. A fin de cuentas, no hay bien más preciado en las instituciones que la independencia; y la mejor forma de garantizarla es la de situar al frente de cada organismo a alguien cercano al Gobierno para que se encargue de evitar la subjetividad y la arbitrariedad con las que suelen tomar decisiones todos aquellos ajenos al Ejecutivo.

Así que podemos considerar que nuestro país mira de tú a tú a Canadá o a Alemania al entregar las estructuras del Estado a personas neutrales, o sea, las que se consideran adecuadas. Una democracia engorda y se agranda cuando sus instituciones ganan prestigio. Por eso se eligió a José Félix Tezanos para comandar el Centro de Investigaciones Sociológicas; o a Juan Manuel Serrano para presidir Correos. O a Óscar López para Paradores; o Rosa María Mateo para RTVE.

La democracia de España es tan plena que incluso la Abogacía del Estado acepta defender a Pedro Sánchez en la causa particular que afecta a su mujer, prueba de que los funcionarios, generosos, están dispuestos a perder incluso horas de sueño para defender a sus ciudadanos. La propia Gómez es un ejemplo en este sentido. ¿Qué mayor ejemplo de ‘democracia plena’ existe que el que la esposa del presidente ejerza desinteresadamente funciones de consorte sin serlo… e incluso se ofrezca a a encabezar la defensa de lo público, pese a que eso implique gastar en ello una buena parte de su tiempo?

¿Qué mayor ejemplo de ‘democracia plena’ existe que el que la esposa del presidente ejerza desinteresadamente funciones de consorte sin serlo?

Porque Gómez no sólo participó -sin retribución al-gu-na– en dos reuniones en las que se decidió el rescate a Air Europa con fondos europeos… y aceptó ponerse al frente de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense para poder transmitir a sus alumnos conocimientos de ‘fundraising’ y ‘marketing 360 polifactorial’. Publicaba El Debate estos días que Gómez grabó un podcast para promocionar sus actividades profesionales. ¿Y dónde lo hizo? ¿En una empresa privada? ¿En Antena 3 o en la COPE? En absoluto. Acudió a RNE… la radio de todos.

Utilizó un bien público porque es lo más democrático. Eso casi equivale a poner los medios de producción al servicio del pueblo. Lejos de reconocer la labor de Gómez, los pseudo-medios de comunicación han dibujado una diana en su rostro y se dedican a acribillarla. De ahí que Pedro Sánchez sopesara si dimitir el pasado abril; y de ahí que, tras decidir quedarse y sobreponerse a la derecha e incluso a la contingencia, haya ideado un plan de regeneración democrático para callar bocas, secar gargantas y arruinar a indeseables. A quienes niegan las virtudes el Gobierno de la gente.

Regeneración y más

Ese proyecto apuesta por «mejorar y ampliar la información que transmite el Gobierno a los ciudadanos» para evitar equívocos; y, por otro, legislar sobre los medios de comunicación para penalizar a quienes mientan y manipulen. Entre otras cosas, negándoles el acceso a las campañas de publicidad institucional.

¿Y qué es una mentira? Podría decirse que todo aquello que no se ajuste a los parámetros que el Gobierno considera que deben cumplir las verdades. ¿Para qué querría entonces crear una Comisión Antibulos?

Hay quien dice que esa labor no es tan fácil, pese a que durante los últimos tiempos hayan aflorado en la corte especialistas en la detección de bulos, a cada cual más memo y desatinado. Porque a una persona la reducción de la tasa de inflación al 2,3% le puede suponer una mala noticia, dado que implica un incremento de los precios, mientras que otra puede celebrar el dado, al haber descendido con respecto al ejercicio anterior.

Lo mismo supone con las decisiones gubernamentales. A lo mejor hay quien piensa que Escrivá es el economista mejor preparado para gobernar el BdE, mientras que otros consideran que si hubiera sido de derechas, no le hubieran nombrado ni bedel y que, por tanto, su designación es un dedazo infame.

Hay veces incluso que la verdad es inalcanzable, al hilo de las pruebas existentes. El cineasta Carlos Vermut anunciaba hace unas horas que demandará a El País -el periódico ejemplar para el Gobierno- por injurias y calumnias, al haberle acusado de ejercer violencia sexual contra tres mujeres, que le denunciaron sin más pruebas que sus testimonios y algún mensaje que, cuanto menos, era susceptible de diferentes interpretaciones. ¿Se puede decir entonces que ese diario difundió un bulo o que el director miente para lavar su imagen? Siempre que existe un conflicto entre las partes, la verdad y la mentira se diluyen entre versiones contrapuestas. Para esos casos existen los tribunales.

En el Gobierno han debido pensar que es más rápido e indoloro legislar sobre la prensa para imponer la verdad -que es la suya- frente a los bulos y, ciertamente, poco hay que objetar. En paralelo, han puesto a una afiliada en Moncloa -según El Confidencial– a buscar escándalos de jueces, políticos y periodistas que no le bailan el agua al Ejecutivo.

Hace bien Pero. Una cosa es respetar la libertad de información y de expresión… y otra cosa es dejar que cada cual actúe libremente en el ejercicio de su profesión y perjudique al «Gobierno de la gente» con mentiras y añagazas.

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