Ibercaja se ha convertido en el primer socio institucional de la Cambra de Comerç de Barcelona, una figura creada por la actual directiva de la entidad para buscar alianzas con empresas de diferentes sectores e impulsar proyectos de colaboración para un tejido empresarial potente y competitivo. Este miércoles se ha llevado a cabo el acto de firma del acuerdo entre el presidntge de la Cambra, Josep Santacreu, y el consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias.
Esta nueva figura de socio institucional pretende romper la tendencia a alejarse de las grandes empresas que se produjo durante el mandado de la candidatura independentista Eines de País, impulsada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que gobernó la institución hasta las últimas elecciones en octubre pasado, en las que se impuso el equipo actual que encabeza Santacreu y que promueve la llegada de más empresas para «tejer una red de socios representativos de los diferentes sectores«.
La primeravera pasada, el RACC y La Caixa, a través de su hólding inversor, Criteria, rpasaron a ocupar una de las denominadas ‘sillas de plata’, es decir, dos plazas reservadas para aquellos que paguen un mínimo de 75.000 euros anuales y con ellos ganen voz y voto en el pleno de la Cambra.
Santacreu ha restablecido puentes entre las grandes corporaciones y la Cambra, una vez que parte del empresariado catalán se desmarcara del organismo público durante el gobierno independentista de Joan Canadell y Mònica Roca. En 2021 Naturgy, Abertis y Catalonia Hotels renunciaron y dejaron de pagar sus ‘sillas de plata’, un movimiento que oficialmente se justificó por «cuestiones organizativas» pero que desde gobierno y oposición en la Cambra se vio como un rechazo a las decisiones de la presidencia de Eines de País.
Poco después de esa renuncia, la presidenta de la entidad, Mònica Roca, que relevó como representante de la candidatura independentista, Joan Canadell, que pasó a ser diputado de Junts; cambió los estatutos del organismo para reducir el número de ‘sillas de plata’ a dos, el mínimo legal. Entonces había 14 y ahora quedan dos. Y es que históricamente estos escaños han estado ocupados por grandes empresas, ya que son las que pueden costearse las aportaciones monetarias requeridas, y los independentistas buscaban minimizar su influencia en las decisiones del pleno.
