El plan de regeneración presentado este martes por el Gobierno de España no ha gustado en Sol. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya lo descalificó antes de su presentación. Pero este miércoles el portavoz de su Gobierno, Miguel Ángel García, ha ido más allá y ha amenazado con llevarlo a los tribunales porque detectan una «invasión de competencias» en lo anunciado por Moncloa. Tras calificar el plan de «degeneración democrática» y de ser un intento de «censura«, García ha arremetido contra el presidente y sus intenciones: «Sánchez no tiene límites, hay que ponérselos. Y la Comunidad de Madrid se los va a seguir poniendo».
Así ha respondido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno tras una intervención inicial en la que ha querido mostrar el rechazo del Gobierno regional al proyecto de Moncloa, que plantea crear un registro de medios de comunicación para conocer a sus propietarios y la publicidad que reciben, promete aumentar la transparencia institucional y apuesta por perseguir la desinformación con reformas legales.
El objetivo de este plan, ha dicho, es «controlar a la prensa libre» y, además, ha incidido en la idea que ha trasladado hoy Alberto Núñez Feijóo en el Congreso, apuntando que es «un plan de censura como no habíamos visto en nuestro país desde hace muchísimas décadas» y que invade competencias al pretender intervenir en las relaciones que las comunidades autónomas tienen que tener también con los medios de comunicación. «Es un paso más para convertir a España en una autocracia«, ha dicho García, que ha remarcado que el Gobierno «pretende decirle a los periodistas y a los medios de comunicación lo que pueden publicar o lo que no pueden publicar».
Ha reprochado al Ejecutivo que con esta iniciativa busque «dar carnés de periodistas buenos y de periodistas malos»: «¿Quién va a decidir qué es una noticia tendenciosa? ¿Quién va a pedir al medio de comunicación que se rectifique?».
Tras advertir que las comunidades autónomas seguirán marcando «los límites» a Sánchez, ha afirmado que el Gobierno regional defenderá «en los tribunales o donde corresponda» todo aquello que invade las competencias autonómicas «o que atenta contra la Constitución y contra el Estado de Derecho». En cualquier caso, ha desdeñado el proyecto al decir que de momento es un conjunto de medidas «deslavazadas» y que tendrán que esperar a ver en qué se concreta esta «injerencia» del Ejecutivo central.
