El 12 de septiembre, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, sorprendió al lanzar su propuesta de lo que sería un novedoso ‘régimen 18’ o ‘la comunidad autónoma número 18’, de carácter teórico. Lo hizo en un encuentro con representantes del Consejo General de Economistas y explicó que su propuesta debería servir para reducir las cargas administrativas y burocráticas que sufren las empresas y avanzar en el mercado único en España.
¿En qué consistiría la ’18ª comunidad autónoma?
Tal como lo explica el ministro Cuerpo, se trataría de una comunidad autónoma teórica donde se aplicaría un mínimo común aceptado de reglas para ejercer la actividad empresarial. Las empresas que aceptaran el ‘pasaporte’ podrían operar en cualquier comunidad autonóma o municipio, sin tener que atender otras cargas burocráticas específicas de cada territorio.
¿Esto iría en contra de las competencias autonómicas o municipales?
El ministro de Economía quiere evitar que sea así. Para ello pretende negociar el modelo de este ‘regimen 18’ con gobiernos autonómicos y municipales en el marco de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios. El propósito, según Cuerpo, es acordar con autonomías y ayuntamientos una serie de «requisitos mínimos comunes para que una empresa que los cumpla pueda trabajar en cualquier comunidad autónoma», sin tener que atender requerimientos adicionales. «Vamos a trabajar juntos desde un enfoque constructivo y siempre con un respeto escrupuloso al régimen de competencias para satisfacer en un plazo razonable esta importante demanda que nos hacen las empresas», expresó el ministro en una reciente entrevista con el grupo Prensa Ibérica.
La Ley de Garantía de la Unidad de Mercado que el Gobierno del PP logró aprobar en 2013 quiso avanzar con la puesta en la eliminación de obstáculos normativos con la puesta en marcha de la llamada ‘licencia única’. Sin embargo, el Tribunal Constitucional declaró nula esa parte del articulado de la ley, por invasión de competecias autonómicas. De ahí que ahora el ministro de Economía se proponga avanzar en ese concepto por otro camino y con el consenso de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, que son quienes tendrían que hacer aterrizarlo dentro de sus respectivas competencias normativas
¿De dónde nace esta idea?
El propio Cuerpo ha explicado que su propuesta ha sido copiada del llamado ‘Informe Letta’, el documento que el exprimer ministro italiano Enrico Letta presentó el pasado mes de junio para avanzar en el mercado único en Europa. Tomando como punto de partida la ‘Europa de los 27’ países, Letta propone crear el ‘régimen 28’, también bautizado como ‘el Estado 28’, a modo de «atajo» para que las empresas puedan operar con mayor facilidad en cada uno de los países de la Unión Europea sin trabas administrativas diferentes en cada uno de ellos. El ministro Cuerpo ha dicho que ha compartido su iniciativa nacional con el propio Letta y que este se ha mostrado satisfecho por ella. El ministro español ve su propósito de ‘régimen 18’ para España como «el germen que puede servir de bases para hablar después con Portugal y más tarde, avanzar a nivel europeo. «Nosotros queremos hacer nuestra aportación nacional en este propósito. Se trata de avanzar en el mercado único español, peninsular y europeo«, ha resumido el ministro.
¿Cuándo podría ser efectiva?
Todo depende de cómo avancen las conversaciones con autonomías y ayuntamientos. De entrada, el propósito del ministro es trabajar en el marco de la Conferencia Sectorial de Regulación, que depende de su ministerio, de modo que antes de final de año se pueda poner sobre la mesa un diagnóstico y una lista de medidas concretas para avanzar en el propósito del ‘régimen 18’.
¿Por qué es importante avanzar en la unidad de mercado?
En un informe sobre unidad de mercado, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) estimó en 2022 que el cumplimiento de cargas administrativas vinculadas a la fragmentación normativa que se deriva de las comunidades autónomas «supone costes para las empresas de entre el 1,5% y el 2,5% del PIB» (traducido a euros de 2023, se podría hablar de una cifra de entre 22.000 y 37.000 millones de menor PIB). Según este servicio de estudios, vinculado a la CEOE, «la liberación de estos recursos y la mejora del marco regulatorio que se deriva de una reducción de la fragmentación normativa supondría un impulso sobre el crecimiento económico a largo plazo de entre el 1,5% y el 3% del PIB, e incluso superior si se produce también una mejora en clave europea».
El IEE cita como modelo a seguir la ley de mercado abierto que la comunidad de Madrid adoptó en octubre de 2022, que permite a las empresas legalmente establecidas en otra comunidad autónoma operar libremente en el territorio madrileño sin ningún requisito adicional.
En sus sucesivos informes sobre España, la propia Comisión Europea subraya ‘la fragmentación normativa’ como uno de los factores que limitan la creación de empresas. «El porcentaje de empresas que afirman que la regulación de las empresas constituye un obstáculo importante para sus inversiones a largo plazo en España es significativamente superior a la media de la UE (60,5 % frente al 29,6 % en 2022)», subraya Bruselas en su informe sobre España de esta primavera. «En algunas comunidades autónomas, los obstáculos reglamentarios al comercio minorista siguen dificultando la competencia. España es uno de los Estados miembros más restrictivos en lo que respecta a los marcos normativos del comercio minorista, en particular en lo que se refiere a las operaciones minoristas», añade, en particular.
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