La Audiencia Provincial de Las Palmas inició ayer el juicio contra seis personas acusadas de delito continuado de estafa y falsificación realizada entre los años 2011 y 2015. La cantidad obtenida a través de talonarios falsos asciende a 225.000 euros.
El perjudicado, y acusación particular de la causa, es la cadena de supermercados Marcial, ubicada en Lanzarote. La Fiscalía mantiene que en los cheques «figura una imitación de la firma del dueño del negocio, representante legal de los supermercados». De esa manera, continúa el escrito, «consiguen que las empleadas de la entidad autoricen el pago de 259 cheques causando un perjuicio económico total de 224.457,19 euros». La Fiscalía pide seis años de cárcel para cada uno de ellos.
Durante la vista oral, el jefe contable J. E. señaló que «los talonarios estaban en un armario, en mi despacho». Añadió que a su oficina tenían acceso más personas «porque había dos turnos» y que «estaban bajo llave». Señaló también que «puede ser que alguien más entrara porque sabían que allí estaban los cheques».
El responsable contable apuntó que se empleaban, sobre todo, «para pago a proveedores y que no se usaban sellos». Y matizó que «los cheques al portador que se emitían eran muy pocos, casi excepcionales», dijo».
A preguntas de la sala, respondió que «creía recordar» que la empresa auditora ya les había hecho advertencias de que la conciliación bancaria no coincidía con las partidas de la empresa. El jefe del departamento contable, J. E., negó que alguien de la entidad bancaria se pusiera en contacto con ellos para advertirles de que había algo anómalo con la presentación de cheques al portador.
Los responsables de la cadena de alimentación señalaron, además, que llevaban más de 20 años trabajando con la misma sucursal, la única que Bankinter tiene en la isla, y que «conocían la firma del consejero delegado».
Por su parte, F. G., dueño de los supermercados Marcial, y único autorizado legalmente para firmar los talonarios, aclaró que la persona que tenía acceso a ellos y bajo quien estaban custodiados «es el jefe de administración». Añadió que los cheques «se dividían a su vez entre el departamento de Recursos humanos y el área de Proveedores» y señaló que aunque las nóminas «normalmente se pagaban por transferencias», entre 2011 y 2013 «se hacían ocasionalmente al portador porque había algunos trabajadores que lo pedían así por circunstancias personales».
Especificó que esas excepciones se daban «cuando tenían las cuentas embargadas»; pero aclaró que «ahora ya no se puede» y que «si quieren cobrar tiene que ser a través de transferencia bancaria».
Tras mostrarle los expedientes judiciales que recogen los cheques investigados para que ratificara si era su firma o no, F. G. indicó que «se parece, pero no es mi firma».
Las defensas de los acusados le preguntaron si sospechaba quién podía ser el autor de las presuntas falsificaciones. «Esa es mi incógnita, nunca he sospechado de nadie, eso es lo que me gustaría saber», añadió.
Las cantidades que figuraban en los talonarios rondaban los 800 euros. Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, uno de los acusados, H. F., llegó a cobrar, presuntamente, un total de 56 talones en el transcurso del año 2012. También lo refiere de A. G., quien presuntamente cobró un total de 55 talones en el mismo año.
Entre los testigos hubo varias trabajadoras de la entidad bancaria. Una empleada de caja explicó que el protocolo de seguridad para el cobro consistía en «cotejar la firma, confirmar las cifras y si el importe superaba los 1.000 euros se pedía identificación».
Añadió que también se hacían «identificaciones aleatorias», aunque fueran cantidades menores, «y a critero de la persona que estaba en ventanilla». Confirmó que el cotejo de la firma se hacía «a ojo, contrastando con la que figuraban en el registro informático del banco». La trabajadora de caja concluyó su declaración señalando que «las firmas eran idénticas».
En 2013, uno de los empleados de Bankinter ya había solicitado la intervención de la policía nacional ante las sospechas de un cobro indebido. El agente que intervino entonces declaró como testigo a través de vídeo llamada y señaló que cuando se personó, el presunto autor le dijo que «el cheque se lo habían dado para cobrar, pero que no era de él y que había quedado en un punto con otra persona para hacer la entrega del dinero». El policía nacional detuvo entonces a las dos personas «que se reservaron su derecho a declarar».
El juicio continúa el 11 de octubre con la declaración del resto de acusados, ya que solo pudo testificar uno de ellos por falta de tiempo.
