Un juez de Palma ha confirmado una sanción ejemplar para el promotor de una partida ilegal de póker, que organizó en su propio domicilio. Este promotor tendrá que hacer frente a una sanción económica de 150.000 euros, que fue impuesta por el Govern y que ahora ha sido ratificada por los tribunales.
A este domicilio de Palma acudieron el día 28 de noviembre del año 2020 varios funcionarios del Servicio de Control de Juego del Govern. Lo hicieron acompañados de varios policías. Contaban con una autorización del juzgado para realizar una entrada y registro en dicho domicilio. Al entrar descubrieron la partida, donde había en juego dinero en metálico, que se había organizado a través de una convocatoria por internet.
Según quedó reflejado en el atestado policial, todos los participantes de la partida estaban reunidos en una habitación de este domicilio, donde se había instalado una mesa de juego. Al propietario de la vivienda se le intervino dinero en metálico. Los jugadores también tenían dinero en efectivo, que tenían que cambiar por fichas para poder participar en la timba. Y, además de los jugadores, también había un crupier, que era el que se encargaba de repartir las cartas y controlar la partida. Sobre la mesa había en juego alrededor de unos 20.000 euros. Una de las normas de la partida era que los jugadores solo podían quedarse con 100 euros en metálico. El resto del dinero lo tenían que cambiar por fichas para apostar.
El organizador de la timba afirmó que los participantes de la partida eran jugadores semiprofesionales, que estaban mejorando sus habilidades para participar en encuentros internacionales de póker. La Policía, además de incautar el dinero en metálico que tenían el organizador y los jugadores, realizó un amplio registro domiciliario. Así, se intervino el ordenador personal del organizador de la timba. En la información que se encontró aparecieron varios archivos, que se referían a la organización de las partidas de póker que se realizaban en su casa, así como las normas del juego para poder participar en las timbas. También indicaba en estos anuncios el tipo de modalidad de las partidas, fijando los días y los horarios. Y se advertía que la dirección, es decir, el propietario de la vivienda y organizador de las partidas, no iba a dar crédito económico a ningún jugador.
El sancionado recurrió la sanción económica ante los tribunales, denunciando la legalidad de la entrada y registro. También cuestionó la cuantía de la sanción económica que le impuso la administración autonómica. La sentencia detalla que por esta actividad ilegal la normativa fija sanciones económica que van desde los 30.000 a los 450.000 euros.
Los jueces interpretan que no se trató de una partida ocasional, sino que la persona sancionada se dedicaba a esta actividad.
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