Diez años después de que la Policía Nacional desarticulara una importante red de matrimonios de conveniencia y falsificación documental, con más de 60 detenidos, que desde València promovían la inmigración ilegal de ciudadanos indios por Europa, EEUU y Canadá, la causa que instruía un juzgado de Carlet se ha saldado con penas mínimas para los únicos veinte condenados por esta trama que, tras llegar a un acuerdo de conformidad y reconocer su implicación, eluden así ingresar en prisión.
El Juzgado de lo Penal número seis de València dictó ayer sentencia in voce condenando a penas de veinte meses de cárcel para 18 de los 23 procesados. Concretamente se les impone 14 meses de prisión y una multa de 1.050 euros por el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por ayudar intencionadamente y con ánimo de lucro a permanecer en España, en contra de la legislación vigente. Y seis meses más por la falsificación de documentos oficiales. Inicialmente se enfrentaban a penas de siete años de prisión por la falsificación continuada y pertenencia a grupo criminal. Se les aplica a todos ellos la atenuante de dilaciones indebidas dado el tiempo transcurrido entre la detención y la resolución judicial del caso.
Les facilitaban documentación falsa elaborada en una imprenta de Santa Coloma de Gramanet
Los hechos se remontan a 2012 y 2014 cuando los ahora condenados se dedicaban a facilitar la entrada en España de compatriotas indios al margen de los cauces legales a cambio de dinero. Así, les facilitaban documentación falsa que elaboraban en una imprenta de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), por la que pagaban entre 200 y 300 euros. Además, les conseguían también empadronamientos en domicilios españoles, contratos de trabajo ficticios y matrimonios de conveniencia, todo ello previo pago, con cantidades que rondaban los 20.000 euros. Con el fin de lograr un permiso de residencia y trabajo en España o una reagrupación familiar para traer a sus hijos.
A dos de ellos se les retiró la acusación
El Ministerio Fiscal retiró la acusación contra dos de los acusados; una valenciana de 34 años a la que ofrecieron 6.000 euros por contraer matrimonio en abril de 2014 con uno de los ciudadanos indios que pagó por los servicios de esta red de bodas de conveniencia. Así como de otro acusado, de 47 años y origen indio, representado por el letrado José María Peyro Gregori, del que no se ha establecido probado que tuviera relación con la citada trama.
A uno de los cabecillas de la organización, de 66 años y también indio como el resto de los condenados –salvo dos que son paquistaníes y una mujer española– se le impone la pena más elevada, dos años y dos meses de cárcel, al apreciar en su caso la agravante de reincidencia ya que tiene otra condena por falsificación de documentos públicos. Por último, hay otro procesado que se encuentra huido de la Justicia en paradero desconocido.
