La organización Global Witness publicó el pasado martes el informe Voces silenciadas: la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente, en el que contabilizó 196 asesinatos a activistas climáticos en el mundo en 2023. Colombia es el país donde, no sólo el año pasado sino desde que se empezó a recoger datos en 2012, en el que más defensores del medioambiente han matado: 79 en el pasado ejercicio y 461 en la serie total.
Milena Flórez es la líder del Movimiento Ríos Vivos, «social, ambiental, en defensa de la vida, del agua y los territorios» en el Bajo Cauca, en Antioquia. Cauca se convirtió en 2023 en la región de Colombia en la que más víctimas de este tipo se registraron: 26. Antes que ella, hubo otros líderes indígenas que también se vieron amenazados y seis de ellos fueron ejecutados.
La historia reciente de la zona del Cauca está ligada al proyecto hidroeléctrico más grande del país, Hidroituango. «En los años 60, estuvieron haciendo los primeros estudios y, en los 90, hubo una gran masacre en todo el territorio del cañón donde iban a instalar este proyecto», comienza a narrar Flórez. Se produjeron desplazamientos forzosos y las comunidades que vivían del barqueo artesanal, de la pesca, de la extracción de las arenas del río Cauca, «fuimos desalojadas más de seis veces del cañón».
En estos momentos, las comunidades han perdido toda su autonomía económica, pero también se ha producido un gran daño ambiental, porque Hidroituango «cortó más de 4.500 hectáreas de selva tropical y el megaproyecto abarca más de 75 kilómetros de largo, que toca los municipios desde el occidente hasta el Bajo Cauca. La presa está al norte, pero los impactos social, ambiental y económico se han sentido aguas abajo», refleja.
En 2018, se produjo un punto de no retorno: hubo un taponamiento de los túneles, el río se secó durante más de tres días y murió la vida que había en él, que «no se podrá recuperar en 10 años». Aguas arriba, las comunidades quedaron sin esta forma de vida, sin el barqueo artesanal. «Muchas comunidades han tenido que irse del territorio, porque no hay una forma de supervivencia», lamenta la líder del Movimiento Ríos Vivos.
Amenazas y asesinatos
Más allá de todo ese deterioro ambiental y social, los habitantes de esta zona que se lanzan a defender a su comunidad a través del activismo se ven amenazados por oponerse a esos megaproyectos. «Llevamos en este tiempo seis líderes ejecutados y miles de amenazas. En este año hemos, tenido 17 agresiones hacia el Movimiento Ríos Vivos, un homicidio y un atentado que ha dejado a uno de nuestros compañeros en silla de ruedas, por estar defendiendo nuestras fuentes hídricas, nuestro territorio y nuestra forma de vida».
Flórez es consciente de que se enfrenta a «estos riesgos», porque «son muchas las amenazas que hemos tenido. Yo he tenido este año tres». «Una, como persona y como líder, siempre tiene temor, pero hemos decidido trabajar por las comunidades y por nuestro medioambiente, tener esa voz que no tienen la fauna, la flora, nuestro territorio». Ahora, tendrán que enfrentarse a un proyecto de Zijin-Continental Gold de extracción minera a gran escala en su región.
«Muchas personas defensoras lo son por obligación, no porque lo hayan elegido, sino porque no les ha quedado otra. Si viene alguien a invadir su casa, algo tendrán que hacer», dice Laura Furones, autora principal del informe de Global Witness. Los grupos paramilitares que se encuentran al margen de la ley lidian una disputa en la región y Flórez señala que, recientemente, la amenaza «se ha incrementado a más grupos y hay más confrontaciones por la disputa de este territorio». «Cuando llega la minería a los territorios, lo que quieren es hacer limpieza para que la gran minería entre», zanja la líder activista.
Violencia en Colombia
De acuerdo con el informe de Global Witness, Colombia es el país con la mayor tasa del mundo de homicidios de personas defensoras de la tierra y el medioambiente, con 79 asesinatos en 2023, lo que supone el 40% de todos los casos registrados y la cifra más alta que han registrado en cualquier país y en cualquier año. Además, el documento añade que se trata del total anual más alto para cualquier país documentado por la organización desde que comenzaron a registrar los asesinatos en el año 2012.
«Colombia es un país increíblemente violento, donde se mezclan una serie de componentes históricos que conocemos, no hace tanto que ha salido de una guerra tremenda, de la que ha salido a medias, porque siguen con un gran problema de crimen organizado en el país, de grupos paramilitares. Hay un contexto social muy, muy complejo ahora, que hace que la violencia se exacerbe todavía más», recuerda Laura Furones.
La autora principal del informe indica que algunos de los asesinatos de activistas del medioambiente están «ligados a un control territorial que quieren ejercer grupos criminales y que las personas tratan de defender, porque al final son sus territorios». Analiza, además, que gran parte de la violencia que se registra se ha ejercido contra poblaciones indígenas y afrodescendientes.
El informe desvela que solo en un puñado de casos «se han podido establecer vínculos entre los ataques a personas defensoras colombianas y las industrias que han suscitado el activismo comunitario: cinco relacionados con la minería, tres con la pesca, uno con la explotación forestal y uno con la energía hidroeléctrica«.
Furones explica que las empresas se fijan en estas regiones porque, por un lado, «son más ricas en recursos naturales, donde todavía quedan tierras que explotar» y, por otro lado, donde «la presencia del Estado está ausente, no hay quien les proteja, están literalmente solos ante todas estas invasiones de tierras».
Y la realidad es que, por mucho que el Estado supiese quien asesina a estos líderes climáticos, no pasaría nada. «Por desgracia, es muy difícil establecer una relación directa entre el ataque a una persona defensora y un sector económico determinado, y esto es así básicamente porque falta investigación y sobra impunidad«.
