Ha sido un Consejo de Ministros importante, con debate interno y plagado de medidas, nombramientos y voluntades. Los encargados de comparecer han sido cuatro: la portavoz y ministra de Educación, Pilar Alegría; el de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños; la de Igualdad, Ana Redondo; y el de Cultura, Ernest Urtasun. Un equipo sólido para presentar el nuevo plan de acción democrática del Gobierno, una de las medidas estrella y postergadas desde el pasado mes de julio, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo un boceto sobre su idea para dotar de mayor transparencia a los poderes legislativo y ejecutivo y perseguir a los medios difusores de ‘fake news’ delimitando su radio de acción y obligándoles a hacer público quién les financia.
No obstante, los ministros hoy desplegados frente a las decenas de periodistas que han acudido a La Moncloa han ahondado en otras materias, decidiendo que los primeros compases de la intervención debía girar sobre el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta de Competencia y Transición de la UE: «Queremos arrancar la intervención mostrando la alegría por el nombramiento de Teresa Ribera, fruto de la inmensa valía y capacidad de la vicepresidenta y de la gran labor negociadora del presidente, Pedro Sánchez», ha explicado la portavoz, que, pese a la visible alegría dentro del seno del Ejecutivo, no ha dudado en atizar al Gobierno de las Islas Canarias por el nuevo protocolo de acogida de inmigrantes que el Consejo de Ministros ha elevado al Tribunal Constitucional al entender que desde el archipiélago de está haciendo dejación de funciones en sus competencias.
Superado el discurso inicial, con alegría y rotundidad a partes iguales, ha llegado el turno del ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quien ha señalado que el plan de acción por la democracia contiene «31 medidas» que deberán ser aprobadas por las Cortes Generales: «Algunos grupos no han querido reunirse para hablar sobre este plan, pero otros sí que nos hicieron propuestas que han sido realizadas por estos grupos», ha adelantado el ministro.
«Este no es un debate exclusivamente español, sino que está a la orden del día en Europa», ha proseguido el ministro, indicando que en nuestro país «hay ciertos elementos de desgaste motivados por la desinformación y los bulos que son corrosivos para la democracia». «Debemos conseguir que la democracia sea más plena garantizando el derecho a la información veraz», ha añadido, pasando posteriormente a cifrar en tres los ejes en los que se sustenta esta medida: ampliar y mejorar la calidad de la indformación gubernamental, fortalecer la transparencia de los medios de comunicación y reforzar la transparencia del poder legislativo y el sistema electoral de nuestro país.
El plan de acción democrática, al detalle
Pese a que hoy el encargado del anuncio ha sido Félix Bolaños, plenipotenciario en la materia y en la negociación de la medida, fue Pedro Sánchez quien el pasado 17 de junio expuso ante el Congreso de los Diputados las líneas generales del plan. «No es función del Gobierno otorgar certificados de fiabilidad a los medios de comunicación; esa responsabilidad recae en los ciudadanos (…) Sin embargo, los poderes públicos tienen la obligación de implementar lo acordado en el ámbito europeo», adelantaba.
Este martes se han conocido las interioridades del plan, mucho más ambicioso de lo que anticipaba el presidente el pasado mes de julio. El plan, que tiene tres direcciones (transparencia de Gobierno, del Congreso y de los medios de comunicación), incluye una batería de medidas que va desde la reforma de secretos oficiales hasta cambios en los derechos del honor y la intimidad, cambios profundos en el Código Penal, obligación de los líderes políticos de acudir a los debates, una ley de ‘lobbys’ e incluso la creación de un registro de medios de comunicación para diferenciar entre periódicos profesionales y pseudomedios.
Además, la transparencia exigida tiene otro gran eje: la financiación. Se reclamarán las cuentas tanto a los medios de comunicación, para vislumbrar qué organismos públicos financian a medios, como a los partidos políticos, haciendo respetar la ley de partidos que formaciones como Vox se han saltado recurrentemente.
En el apartado de los medios de comunicación, además, se buscará perseguir las falsas visitas con contadores trucados de algunos portales de información que inflan sus registros para obtener más financiación, evitar la concentración de cabeceras mediante un claro ejercicio oligopolístico, limitar el dinero que las administraciones pueden destinar a publicidad e incluso reformar la Ley Mordaza para evitar la desprotección de los informantes a la hora de realizar una investigación sobre los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Los nombramientos
En el apartado de los nombramientos, este Consejo de Ministros ha tenido dos nombres propios: el de Mercedes González, otrora delegada del Gobierno, quien vuelve a coger las riendas de la dirección de la Guardia Civil -cargo que ya ostentó durante unos meses en 2023-; y el de Luis Pedro Marco de la Peña, desde 2020 viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Ejecutivo del País Vasco desde 2020 y nuevo presidente de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
Ambos nombramientos han sido ampliamente defendidos por los ministros encargados de su nombramiento, Óscar Puente, en calidad de titular del Ministerio de Transportes, y Fernando Grande-Marlaska como titular de la cartera de Interior. En el caso del primero, el nombramiento responde a su sólida formación en comunicación institucional y política, con másteres en la Universidad Complutense y en la George Washington University. Su carrera política ha incluido puestos como asesora del Grupo Municipal Socialista en Madrid y del Ministerio de Política Territorial, así como directora de Comunicación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En 2015, fue elegida concejala en Madrid, cargo que desempeñó hasta ser nombrada delegada del Gobierno, donde su gestión se centró en la lucha contra las bandas juveniles.
En el caso de Luis Pedro Marco, Puente decidió apostar él debido a su perfil técnico y amplia experiencia en el sector ferroviario. Su labor será clave en la gestión de Adif, uno de los principales motores de inversión pública en España, que enfrenta el desafío de gestionar una red ferroviaria con un volumen de usuarios sin precedentes. Además, deberá supervisar la segunda fase de la liberalización del transporte de pasajeros en tren, un proceso iniciado en 2020 con la entrada de competidores como Ouigo e Iryo frente a Renfe.
¿Crisis de Gobierno?
Otro de los grandes temas que han sobrevolado en la sala de prensa del Palacio de La Moncloa ha sido la inminencia con la que Pedro Sánchez deberá acometer una nueva crisis de Gobierno. En este caso, y a la espera de ver si acomete una remodelación profunda o exclusivamente cambia la titularidad de la Transición Ecológica, uno de los pilares del Gobierno, los cambios serán de carácter obligado después de que Teresa Ribera haya sido nombrada por Ursula von der Leyen como vicepresidenta de Competencia y Transición en el Ejecutivo de la Unión Europea.
La reelegida presidenta de la Comisión ha revelado a la española como la primera de las seis vicepresidentas, cuatro mujeres y dos hombres, y ha desgranado sus funciones. “Será responsable de una transición limpia, justa y competitiva”, le ha encargado Von der Leyen, que le ha atribuido otras competencias menos esperables. “También va a ser responsable de la cartera de Competencia y se va a ocupar de que Europa siga por el buen camino para cumplir con los objetivos del pacto verde europeo y podamos digitalizar y descarbonizar nuestra economía a la vez”, ha indicado.
