El Congreso de los Diputados afronta este martes una ajustadísima votación sobre la ley de alquiler temporal que obligará a que todos los diputados acudan al Hemiciclo a votar para que la norma salga adelante. Una circunstancia que hará también que Pedro Sánchez deba desplazarse a la Cámara Baja para garantizar que continúe su trámite parlamentario, en caso de que acudan todos los dirigentes de la oposición.
El presidente de Gobierno no tenía previsto asistir este martes al Parlamento para votar – no suele acudir los martes-, pero lo ajustado de la mayoría le sitúa ahora en el punto de mira para dar luz verde a la tramitación de la norma, que fue registrada por la mayoría de sus socios parlamentarios, Sumar, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG.
La medida que cuenta con el apoyo del PSOE, que se ha abierto a dar cauce legislativo a la norma para negociarla después en periodo de enmiendas. El PNV también ha avanzado que apoyará la medida, aunque ha adelantado que no comparte algunos de los planteamientos de la iniciativa y que presentará enmiendas más adelante. Junts se ha mostrado extremadamente crítica con la norma pero ha anunciado que se abstendrá para que pueda debatirse en el trámite, mientras la diputada de Coalición Canaria también lo apoyará.
Estos números dejan un balance más que ajustado, con 171 ‘noes’ que se prevén de PP, Vox y UPN, frente a los 172 ‘síes’ de la mayoría de la investidura, obligando a que voten a favor el presidente de Gobierno y el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que está en el Grupo Mixto, además de que no se ausente ningún diputado que deba votar ‘sí’.
En el grupo parlamentario Sumar ya aseguraban este mediodía tener confirmado el voto favorable de Ábalos, y confiaban también en que el presidente de Gobierno acudiera a última hora de la jornada para emitir su voto y permitir que la norma comenzase su trámite en el Congreso, donde se negociará con otros grupos y se introducirán enmiendas para su posterior aprobación.
La norma
El texto que se debate este martes es una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para equiparar los contratos temporales a los de vivienda habitual y desincentivar su uso, con el objetivo de evitar fraudes que permitan encandear contratos temporales y sortear así las limitaciones en las subidas de precio que establece la Ley de Vivienda.
Uno de los principales elementos de la ley es que fija que los contratos de temporada no puedan exceder los seis meses, y encadenar más de uno llevaría a regirse por el régimen de alquiler habitual.
Además, la propuesta establece que en estos contratos temporales el inquilino puede subarrendar la vivienda sin consentimiento del propietario y podrá desistir del contrato de arrendamiento, a partir del mes de la firma del alquiler, sólo comunicándolo con diez días de antelación y sin que pueda aplicársele ningún tipo de penalización.
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