Otro debate sobre seguridad y multirreincidencia en el Congreso de los Diputados. Y la sensación generalizada de que -a pesar de los matices- la mayoría de grupos parlamentarios se inclinan por mostrar sensibilidad por el asunto e incluso endurecer algunas posiciones. En esta ocasión la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tenía el sello de Junts y tiene garantizados los votos para la admisión a trámite de PP, PSOE y PNV entre otros. La proposición de ley del partido independentista incluye que el robo de dispositivos móviles esté penado con hasta tres años de prisión.
Aunque la Cámara Baja ya tiene en tramitación parlamentaria una reforma del Código Penal muy similar impulsada por el PP -su toma en consideración se debatió en junio- en lo que respecta a la multirreincidencia en hurtos y estafas, la formación de Carles Puigdemont quiere marcar perfil propio por tratarse, como repitió la diputada Marta Madrenas, de uno de los “mayores” problemas en Cataluña.
Tanto es así que la percepción es compartida también por ERC. Gabriel Rufián, que quiso dejar claro que su partido “es plenamente consciente de la trampa” en el debate planteado por Junts -al que le recordó en distintos momentos que es “un partido de derechas”, acabó reconociendo que su grupo se abstendrá.
“Lo haremos porque entendemos que hay un problema”, dijo, refiriéndose a medidas concretas: que los ayuntamientos puedan personarse en causas, que los jueces cuenten con los recursos necesarios, entre otras. Pero también con una advertencia en el debate punitivo: “El Código Penal es gratis. Pero hace dos años literalmente se endurecieron las penas y no ha servido de nada”, aseguró, con los datos en la mano.
Tampoco evitó mencionar la influencia de Sílvia Orriols en la conversación pública sobre la seguridad después del ascenso de la ultraderecha de Aliança Catalana en las últimas elecciones catalanas.
La diputada de Junts insistió en el mensaje clave para su formación: “Tiene que quedar claro que delinquir no es gratis. No puede continuar la percepción generalizada de que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. La impunidad no puede continuar porque la sensación de inseguridad es enorme”, reiteró.
El partido independentista insistió en que este tipo de delincuencia ha aumentado un 6% en Cataluña: «La ciudadanía percibe y los datos confirman». La reforma propone cambiar el artículo 234 para que las penas a la multirreincidencia no dependan del montante acumulado de todas las infracciones (actualmente fijado en 400 euros); y el artículo 235, al que proponen añadir penas de uno a tres años de prisión por el robo de móviles.
El PNV, como ya hizo en junio con la propuesta del PP, también apoyará la toma en consideración de la proposición de ley de Junts. Y el PSOE, que en junio ya se decantó por admitir a trámite la propuesta del PP sobre multirreincidencia, también respalda el debate propuesto con Junts. Lo hace con reservas y entre recados a la “demagogia de Vox y PP” que “ligan artificiosamente sus discursos a la inmigración”.
Los socialistas quisieron dejar claro que “no rehuyen el debate, pero que lo harán de manera exigente” porque “endurecer las penas per se no es la respuesta”, mantuvieron en todo momento.
En el caso del PP, la diputada María Jesús Moro, puso en valor la iniciativa que ya debatió la Cámara con su sello y reprochó que hasta el momento los partidos de la izquierda, y especialmente el PSOE, haya mirado para otro lado. “Bienvenidos”, les reprochó, reconociendo que su grupo “no podía oponerse” al planteamiento de Junts, pero criticando también que se hayan demonizado mensajes que a su juicio ahora otros partidos comparten. Vox fue mucho más crítico en su planteamiento, ironizando con que el partido de Puigdemont “hable de multirreincidencia”.
