“A mí cosas turbias, nada; yo soy superlegal. No tengo la necesidad. Prefiero dormir tranquilo a ganar más dinero. Habrá compañeros que lo hagan; es mi forma de ser, son mis principios. Con esta gente, mejor distancia; que no te líen; la que mandas eres tú”. Este es un mensaje de voz que le envió un abogado laboralista de Palma a una compañera de despacho especializada en asuntos de extranjería. Ambos letrados se encuentran acusados en una supuesta trama de inmigración irregular que destapó la Policía Nacional a principios de 2021.
La Audiencia Provincial de Palma inició ayer el juicio contra ellos y otras cuatro personas, entre las que se encuentran un gestor administrativo y un jefe de sección de la Oficina de Extranjería. La fiscalía solicita cinco años de prisión para cada uno por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Los seis encausados negaron los cargos de forma rotunda ante el tribunal de la sección primera. Todos ellos se desvincularon del presunto entramado para regularizar a inmigrantes a cambio de dinero y rechazaron de plano haberse concertado para ello. De hecho, destacaron que ni siquiera se conocían, a excepción de los dos abogados y otros dos sospechosos que actuaron de traductores con otros compatriotas.
El principal imputado, un empresario con antecedentes que estuvo en prisión provisional por esta causa durante más de medio año, se encuentra fugado de la Justicia. Según el fiscal, este hombre se sirvió de su condición de administrador de distintas sociedades de la isla para regularizar la situación a extranjeros y que obtuvieran el permiso de residencia en España por arraigo laboral de forma fraudulenta a cambio de exigirles distintas cantidades de dinero, nunca inferiores a 2.500 euros, durante el año 2020.
Acta del TAMIB
El modus operandi consistía en que, a través de los abogados y el gestor encausados, estos inmigrantes obtuvieran un acta del TAMIB de reconocimiento de una relación laboral sin contrato, cuando en realidad no había existido esa relación. Con esta documentación, presentaban una solicitud de residencia por motivo de arraigo laboral ante la Oficina de Extranjería de Palma, cuyo jefe de sección informaba favorablemente y, de esta manera, regularizaban su situación, según la versión del ministerio público, que enumera en su escrito de acusación más de una docena de casos de ciudadanos extranjeros que se hicieron pasar por empleados del principal sospechoso.
“No me parece nada extraño que me lleguen al despacho tres o cuatro expedientes de una misma empresa. Hay muchos trabajadores irregulares en Mallorca”, manifestó ayer el letrado imputado. “He aportado otros expedientes de otras empresas”, añadió el abogado, quien hizo hincapié en que no conocía de nada al gestor ni al funcionario de la Oficina de Extranjería. “Judicialicé otros casos. Puse tres demandas contra un mismo empleador que no tenía nada que ver con el empresario acusado”, aclaró.
“Cuando vienen trabajadores irregulares al despacho les pregunto por su situación, dónde han trabajado y les pido que guarden pruebas de su relación laboral: mensajes, audios…”, declaró el letrado ante la sala a preguntas de su defensa.
Según su versión, a raíz de regularizar la situación a un extranjero al que conoció en 2019, este le recomendó y le derivó “un montón de clientes”, no solo por asuntos laborales.
Su colega, la otra abogada acusada, confirmó este primer caso de junio de 2019. “Este cliente contactó conmigo y yo lo derivé a mi compañero que lleva laboral. Lo habían despedido. Él quería reclamar sus derechos y también obtener sus papeles. Me preguntó si podía pedir un arraigo laboral. Yo lo consulté a los funcionarios de la planta baja de la Oficina de Extranjería. Me dijeron que sí, que se podía tramitar el arraigo laboral con el acta del TAMIB”, subrayó la letrada, quien también negó conocer al jefe de sección de la oficina.
Primeras sospechas
La mujer señaló que cuando le llegaron varios casos del mismo empresario empezó a sospechar y dejó de tramitarlos a finales de 2020. “El empresario fue muy insistente y le tuve que aclarar que no trabajaba para él, que yo trabajaba con el inmigrante”, añadió.
También empezó a sospechar el gestor administrativo acusado a finales de 2020. “Ese año presenté ante el TAMIB ocho papeletas de conciliación. Al principio, no conocía la empresa, solo al trabajador. No tenía ni idea de que era para conseguir el permiso de residencia. Mi trabajo se limitaba hasta la comparecencia ante el TAMIB. Cobraba 200 euros. Estas facturas eran insignificantes para el volumen de mi gestoría. Cuando me di cuenta de que eran empresas diferentes pero que el administrador era el mismo empecé a sospechar de la posible irregularidad de las papeletas y ya no hice más, en diciembre de 2020. Lo comuniqué a Inspección de Trabajo, pero nunca me contestó”, explicó el gestor.
Por su parte, el funcionario de la Oficina de Extranjería encausado, jefe de la sección de arraigos, destacó que no conocía al resto de sospechosos y recalcó que él seguía el criterio establecido desde 2011. “Yo informaba favorablemente de los arraigos con las actas del TAMIB porque es el criterio fijado por la Oficina desde 2011”, sentenció. “No tengo la obligación ni los medios para comprobar la veracidad de lo que indica el acta del TAMIB”, reconoció.
Según apuntó, a finales de 2020, le hicieron cambiar de criterio a raíz de una consulta que él hizo a la Red de Inmigración. La respuesta fue que con el acta del TAMIB no era suficiente para acreditar la relación laboral, sino que se necesitaba una resolución judicial que acredite la relación laboral y su duración o la resolución administrativa confirmatoria del acta de infracción de la Inspección de Trabajo. Entonces, a partir de ese momento, empezó a requerir los documentos que le dijeron. Sin embargo, luego, hubo una sentencia del Supremo que admitía cualquier tipo de prueba en el arraigo laboral, por lo que se volvió a la tesis original y al criterio inicial.
El juicio continúa mañana en la Audiencia Provincial con la declaración de los testigos.
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