El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont no está dispuesto a perder un minuto en su intención de que la amnistía le sea aplicada lo antes posible. De momento ha recusado al último magistrado que se ha incorporado al Tribunal Constitucional, el conservador José María Macías, en todos los asuntos relacionados con el ‘procés’ y anuncia que lo hará también con los que lleguen en relación con la aplicación de la propia amnistía, cuya aplicación a la malversación por la que está procesado en rebeldía el Supremo le niega.
En un escrito de 14 páginas, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, argumenta que «resultaría absurdo e inasumible, en el marco de una sociedad democrática, que igual que cualquier otro ciudadano los jueces y magistrados -más si cabe los del Tribunal Constitucional- no tengan una opinión política e incluso una ideología concreta, sin embargo sí es exigible en una sociedad democrática, que la misma no se haga pública sin esperar las consecuencias legales porque eso afecta a la imagen de imparcialidad que ha de tener toda persona llamada a enjuiciar y resolver sobre un asunto».
La defensa se remite a la jurisprudencia sobre la apariencia de imparcialidad de los tribunales marcada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para afirmar que los pronunciamientos realizados por Macías le llevan «a concluir que en su persona concurren datos bastantes para entender que no será imparcial ni en estos asuntos ni en los que en el futuro se generen respecto de la aplicabilidad de la ley de amnistía», aunque esta recusación se interpondrá en su momento oportuno.
«¿Qué garantía de imparcialidad hay cuando quien está llamado a decidir en un asunto calificó de nazis a los recurrentes y de amigo a quien dictó la resolución impugnada?», señala el escrito en el repaso que hace de las declaraciones y artículos publicados por Macías desde la detención de Puigdemont en Alemania; en ellos también se declaraba «amigo» del juez instructor, el magistrado Pablo Llarena.
Según Boye, «el nivel de involucración y alarmismo del recusado le llevó a afirmar que habrían muertos en Catalunya, obviamente como consecuencia de la actuación política» de los líderes del ‘procés’ condenados y que fueron procesados en rebeldía, Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig.
También destaca las declaraciones que realizó a raíz del informe que realizó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a petición del Senado, en el que, según el escrito, se puso «de manifiesto la animadversión frente al pacto político, la ley de amnistía y los miembros del Gobierno», así como que era «consciente de que debe ser prudente en sus manifestaciones, así como que no debe avanzar el sentido de su decisión futura», aunque ya señalaba la inconstitucionalidad de la norma.
