El informe elaborado por la Intervención de la Junta de Andalucía tras analizar los contratos realizados por el Servicio Andaluz de Salud en el año 2021 tiene en sus conclusiones un nuevo tirón de orejas a la Junta de Juan Manuel Moreno Bonilla. Si los auditores sentencian que el Gobierno regional adjudicó de forma «indebida» sendos contratos a dedo por valor de casi 300 millones de euros «sin justificación alguna» por la vía de la tramitación de emergencia, en el documento hay una contratación en el punto de mira.
Se trata de la remodelación del hospital militar de Sevilla, una obra con un periodo de ejecución de 13 meses y un valor total de más de 18 millones de euros. A juicio de los interventores, este es el contrato más «incongruente» de todos los estudiados en aquel ejercicio y va en contra de los requisitos legales para justificar una adjudicación a dedo sin publicidad ni concurrencia.
El sistema de contratación en el SAS, en la diana
Según publica este lunes ‘elDiario.es’, en el dossier elaborado por el órgano fiscalizador del Gobierno de Andalucía destaca un expediente curioso: la reforma del hospital militar de Sevilla, un centro que el Ejecutivo regional quiso convertir en su símbolo de gestión frente a la «inoperancia» de los anteriores gobiernos -del PSOE-. Y es que este edificio se encontraba sin terminar y con sus instalaciones cerradas durante diez años.
Los auditores han comprobado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) utilizó un contrato de emergencia para adjudicar las obras del centro hospitalario por valor total de 18,1 millones y con un periodo de ejecución de 13 meses. Es precisamente este amplio margen lo que ha llamado la atención de la Intervención, que asegura que es una contratación «incongruente» al ir en contra del concepto «emergencia» para su puesta en marcha a dedo y sin publicidad.
«La excepcionalidad creada en el año 2020 con la aparición de la pandemia, no era la misma en 2021, y no se justifica el empleo de este tipo de contratación, cuya larga duración no puede estimarse como vinculada a resolver una necesidad perentoria e inmediata, que permita prescindir de los principios esenciales de la contratación pública, al haberse convertido la situación en algo más previsible y, por tanto, no acorde con la naturaleza de la contratación de emergencia», asegura textualmente el informe.
De esta forma, la Junta de Andalucía se salta varios artículos de la Ley de Contratos Públicos, como señala de manera general el informe en sus más de 130 páginas de extensión sobre todos los contratos del año 2021. «Resulta incongruente la existencia de un contrato de emergencia por fases, división que implica una previsión, que conculca las características de este tipo de contratación», dice el órgano fiscalizador.
Para el organismo, se vulnera el artículo 120 de la norma, que recoge los requisitos necesarios para justificar una adjudicación de fondos públicos a dedo para contratar saltándose los procedimientos de control habituales para dar respuesta a «acontecimientos catastróficos» y «situaciones que supongan grave peligro». Algo que no se produce en este caso, aunque la Junta insiste en justificar su movimiento. Cabe señalar que, entre tanto, los médicos del SAS aseguran sentirse «abandonados».
Los «juicios de valor» en las explicaciones
En concreto, el SAS explica en sus alegaciones el abandono del hospital y defiende que el marco legal de la pandemia y la tramitación de emergencia era una «oportunidad insoslayable» para reabrir esas instalaciones en un momento de crisis sanitaria. «Siendo así que no se hubiera entendido que, existiendo esta posibilidad, no se hubiese utilizado», afirma la Junta. Sin embargo, para los interventores estos argumentos responden a «una serie de juicios de valor» que nada tienen que ver con sus «incumplimientos normativos».
Además, la Ley establece que en un contrato de emergencia el plazo de inicio de «la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto». Las obras incumplieron el plazo e incluso el SAS programó un periodo de ejecución «por fases» de 13 meses. La normativa dice que si se excede el plazo de 30 días para arrancar las obras, «la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario«, con publicidad y concurrencia competitiva, lo que no se produjo.
Tal y como recoge la publicación del citado medio, el expediente de contratación justificaba las obras en respuesta a la necesidad de un plan de contingencia en la provincia de Sevilla por el rebrote de la pandemia de coronavirus. Se aprobó una primera fase a principios de 2021 pero en marzo el SAS redactó una memoria justificativa para «una segunda fase de obras»; y en mayo otro trámite de emergencia para la «remodelación y reordenación de espacios» del hospital, «así como unidades de hospitalización convencional».
Para la Intervención no hay «constancia de cuáles serían las actuaciones estrictamente indispensables para paliar las necesidades más apremiantes, prevenir o remediar los daños derivados de la situación de emergencia». Esto es que no hay razones que justificarían esta iniciativa, «teniendo en cuenta que nos encontramos en mayo de 2021, con la pandemia muy atemperada y que deberían haberse contratado con arreglo a la tramitación ordinaria».
Cabe destacar que Moreno Bonilla inauguró el hospital militar hasta en cuatro ocasiones. La primera vez fue en febrero de 2021, cuando ni se había ejecutado la primera fase de las obras ni se había autorizado la segunda fase. En febrero del año 2022 volvió a presentar la reapertura, y lo repitió en abril de ese año y de nuevo en marzo de 2023.
