El juicio contra Matteo Salvini —por haber bloqueado en 2019 un barco de la ONG Open Arms— ha provocado en los últimos días escenas que no se veían desde hace más de una década en Italia: el ataque directo, sin fisuras y público del Gobierno italiano a los jueces. Después de que el pasado sábado la Fiscalía de Palermo solicitara seis años de prisión para el líder de la Liga (acusado de abuso de poder y secuestro de persona), el cierre de filas del Ejecutivo de Giorgia Meloni ha sido prácticamente unánime y absoluto, con todos los partidos gubernamentales que han salido en defensa del ultraderechista.
En plena turbulencia dentro del Gobierno por diversos escándalos —que incluso han hecho circular rumores de una posible crisis de Gobierno—, el asalto de más peso ha sido precisamente el de la primera ministra italiana y jefa de Hermanos de Italia. “Convertir en un delito el deber de proteger las fronteras italianas de la inmigración ilegal es un precedente gravísimo; mi total solidaridad al ministro Salvini”, ha clamado Meloni.
Pero el tono ha sido particularmente virulento también en boca de sus aliados políticos. “Pedir seis años de cárcel por esta razón parece una decisión irracional y sin ningún fundamento jurídico”, declaró Antonio Tajani, ministro de Exteriores y líder de la centroderechista Forza Italia. “El riesgo de una condena […] es una evidente y enorme distorsión, así como una injusticia para él y nuestro país”, añadió el actual ministro del Interior y antiguo colaborador de Salvini, Matteo Piantedosi, en un tuit publicado —además— desde la cuenta oficial del ministerio que preside.
Contra la democracia
Estupefacta, la Asociación Nacional de Magistrados (la ANM, que representa al 96% de los jueces del país) ha respondido calificando estas declaraciones como un grave ataque a la democracia. “Se han dirigido contra representantes del Estado insinuaciones de uso político de la Justicia y reacciones desproporcionadas, incluso por parte de figuras públicas y de Gobierno. Son declaraciones graves, no acordes con las funciones ejercidas, en abierta violación del principio de separación de poderes, […] que minan la confianza en las instituciones democráticas”, puntualizaron.
En este punto, la ANM ha recordado que es tarea de la Justicia «evaluar la validez de la acusación”, con «independencia e imparcialidad, guiado únicamente por el estricto respeto a todas las normas vigentes en la materia». «La plena igualdad de todos ante la ley es la auténtica esencia de la democracia, independientemente del cargo y relevancia política [del acusado], y el proceso que se está llevando a cabo en Palermo es en sí mismo un momento fundamental de democracia», han insistido. Unos tonos y un nivel de hostilidad solo comparables con los años del hoy difunto ex primer ministro (hasta 2011) Silvio Berlusconi, quien, para defenderse de sus escándalos financieros y políticos, atacaba a los jueces acusándolos de «rojos».
Guerra en curso
Todo esto ocurre cuando, además, el Gobierno lleva varios meses intentando impulsar reformas legislativas (y ha iniciado el proceso legislativo de varias de ellas), duramente criticadas por jueces y periodistas. Una de las últimas ha sido calificada de atentado contra la libertad de prensa. Prohíbe que se expliquen las razones por las que una persona es detenida hasta que todo el sumario sea público, y ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros transalpino, esto es, el paso previo a su discusión en el Parlamento, actualmente controlado por el Gobierno de Meloni.
Otro caso es también el insólito choque en curso por la gran reforma del Poder Judicial —incluyendo la del Consejo Superior de la Magistratura (CSM)—, que Meloni quiere y defiende, y que la ANM considera un intento de politizar el organismo, intimidar a los jueces y limitar su capacidad de actuar de manera autónoma.
Ministros en la mira
Las hostilidades arrecian además cuando han salido a la luz diversas investigaciones que afectan a ministros. Una de las más graves involucra a la actual ministra de Turismo, Daniela Santanchè, quien está en la mira de la Justicia por supuestos balances y plusvalías falsificadas, así como transferencias irregulares.
Otro caso es el del subsecretario del Ministerio de Justicia, Andrea Delmastro, también miembro de Hermanos de Italia, por filtrar datos confidenciales sobre el preso anarquista Alfredo Cospito, por lo cual Amnistía Internacional llegó a pedir el fin del régimen estricto de aislamiento al que fue sometido. Asimismo, ha causado mucho revuelo en Italia el caso que involucra a Leonardo La Russa, acusado de agresión sexual e hijo del presidente del Senado, Ignazio La Russa, cofundador de Hermanos de Italia.
