Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, continúa su política de rebajas fiscales, una estrategia que beneficia mayormente a las clases altas y perjudica a los trabajadores y que se ha convertido en el emblema de su mandato. Sin embargo, este enfoque contrasta fuertemente con la realidad financiera de la región, que acumula una deuda pública superior a los 35.000 millones de euros. En lugar de abordar la deuda y sus implicaciones para los servicios públicos, Ayuso se centra en confrontar al gobierno central y en reafirmar su compromiso con una política fiscal que reduce la carga para las rentas más altas.
La paradoja de esta política es evidente: mientras Ayuso critica a Pedro Sánchez, acusándolo de deberle dinero a Madrid, los datos oficiales muestran que es la Comunidad de Madrid la que adeuda una considerable suma al resto de los españoles. La deuda madrileña asciende a aproximadamente 744 euros por habitante, una cifra significativa que contrasta con su discurso de victimismo y reivindicación. Ayuso no ha reconocido esta cantidad, sino que, en cambio, ha optado por presentar a Madrid como una región supuestamente maltratada por el gobierno central.
Esta deuda no es solo un tema de cifras. El hecho de que Madrid deba tanto al Estado tiene consecuencias directas sobre los servicios públicos de la región. La sanidad, la educación y la vivienda son temas clave para los madrileños, y, sin embargo, parecen no estar en el centro de las prioridades del gobierno regional. Mientras la presidenta promete más rebajas fiscales, la calidad de estos servicios sigue siendo motivo de preocupación para muchos ciudadanos. La sanidad madrileña ha sufrido recortes y privatizaciones que han afectado la atención pública, y la educación también ha sido objeto de debates sobre su financiación y calidad.
La nueva rebaja fiscal que Ayuso anunciará en el debate sobre el Estado de la Región incluye un aumento en la bonificación de Sucesiones y Donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos, así como una extensión de la edad para deducirse por alquiler hasta los 40 años. Estas medidas, que se presentarán como un alivio para las familias madrileñas, tendrán un impacto estimado de 180 millones de euros en la recaudación, lo que solo agravará la ya precaria situación financiera de la Comunidad.
Lo que Ayuso evita mencionar es que esta política fiscal contribuye al fenómeno conocido como «dumping fiscal», donde Madrid, gracias a su posición como capital y centro económico, ofrece ventajas impositivas que no están al alcance de otras regiones. Esto provoca una concentración de riqueza y un desbalance en la financiación autonómica, lo que refuerza las desigualdades territoriales.
A nivel político, Ayuso no solo ha hecho de las rebajas fiscales su bandera, sino que ha utilizado el enfrentamiento con el gobierno de Sánchez como una forma de reafirmar su liderazgo dentro del Partido Popular. En lugar de abordar la deuda y buscar formas de mejorar los servicios públicos, ha preferido centrar su discurso en la confrontación con el gobierno central y en señalar a Cataluña como un supuesto adversario económico, acusándola de querer convertir al resto de España en «mano de obra barata». Esta retórica, que mezcla agravio comparativo y victimismo, distorsiona el verdadero problema financiero que enfrenta Madrid.
