La solicitud de un particular para iniciar los trámites de su jubilación, tras una vida trabajada como autónomo, ha destapado en Telde un caso de presuntas estafas que tiene su sede en una asesoría fiscal del barrio de San Gregorio. La Policía Nacional investiga a un contable por, supuestamente, apropiarse durante años del dinero de sus clientes sin gestionar las obligaciones tributarias para las que lo habían contratado.
La trama explotó a finales de agosto, según los datos a los que ha tenido acceso LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas. Un septuagenario, autónomo y vecino de Telde, acudió a la Seguridad Social con el objetivo de gestionar su jubilación y solicitar la pensión. Pero la sorpresa fue mayúscula cuando descubrió que no estaba dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Tampoco había pagado las últimas declaraciones trimestrales.
Ni el afectado ni sus familiares daban crédito. Un error del sistema, pensaron, pero nada más lejos de la realidad. El afectado contrató hace años los servicios de un asesor fiscal para que gestionase sus cuentas y las responsabilidades fiscales derivadas de su actividad como autónomo. Creyó que todo iba bien, hasta hace unas semanas.
Los pagos
El problema no terminaba aquí: uno de sus hijos, también autónomo, se puso en manos del mismo asesor en octubre de 2022. Desde ese momento, y hasta junio de este año, cada tres meses entregaba, en mano, entre 300 y 400 euros al profesional para que se encargase de realizar los pagos del IRPF trimestral, el IGIC, la cuota de autónomos…
En total, unos 3.000 euros que no han ido a parar a la Seguridad Social ni al Estado, sino al bolsillo del acusado. Así lo reconoció el profesional contratado tras ser detenido por la Policía Nacional a principios de la semana pasada, después de que este segundo implicado presentase una denuncia.
El asesor fiscal –natural de Arrecife, de 71 años y sin antecedentes– está siendo investigado por un presunto delito de estafa. En el momento del arresto, reconoció los hechos ante la Policía Nacional, según ha podido saber este diario de fuentes cercanas al caso. Ante los agentes admitió que se quedó con el dinero que el cliente le entregaba cada tres meses sin hacer la prestación. El investigado, que tiene su despacho en la calle Doctor Melián, ha quedado en libertad por problemas de salud. La Policía Nacional mantiene la causa abierta en busca de más posibles víctimas.
Los afectados, además del dinero perdido y los perjuicios en la pensión de jubilación, pueden enfrentarse a multas de en torno a 3.000 euros, en función del importe defraudado, y penalizaciones de hasta el 35% por los recargos e intereses de demora.
