La ley de Movilidad Sostenible prometida a Bruselas sigue atascada en el Congreso. El proyecto de Ley heredado de la anterior legislatura no logra avanzar en el trámite parlamentario. El ministro de Transportes, Óscar Puente, decidió que la negociación con los grupos se retomase en febrero en los mismos términos para evitar que la aprobación se dilatase en exceso. Se trata del mismo texto validado en diciembre de 2022, que decayó al disolverse el Congreso y el Senado por la convocatoria de elecciones de generales.
Pero ahora la aritmética parlamentaria puede poner las cosas difíciles al Gobierno con una norma de cuya aprobación antes de que acabe 2024 depende el desembolso de fondos europeos. En el Ministerio no quieren adelantar acontecimientos, y otras fuentes del Gobierno no se atreven a aventurar si será necesaria una renegociación con Bruselas de la Adenda del Plan de Recuperación ante el bloqueo en las Cortes.
De momento, el Partido Popular ha registrado una enmienda a la totalidad con la que los de Alberto Núñez Feijóo piden la devolución del proyecto al Gobierno. La iniciativa a la que ha tenido acceso El Independiente cuestiona el fondo y la forma de la norma.
El texto firmado por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado, asegura que «los objetivos» del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible «no están claramente definidos». «No establece objetivos ni compromisos nacionales concretos y medibles que den respuesta a los retos que presenta la transformación del sistema de movilidad en España», critica el texto.
El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, calificó la decisión de los ‘populares’ como «irresponsable e incoherente». En este sentido, dijo que en la legislatura el PP «nunca mostró su disconformidad ni manifestó querer enmendarla en su totalidad». «Esta ley siempre ha contado con amplio respaldo ciudadano y con la disposición y actitud abierta de todas las fuerzas políticas, incluido el PP, para consensuar el mejor texto para una norma tan necesaria como esta», añadió.
A lo largo de la enmienda de totalidad, los ‘populares’ dicen que el proyecto de Ley «tampoco prevé su desarrollo reglamentario en diversas cuestiones, ni identifica las competencias ni los órganos competentes responsables de materias como la distribución urbana de mercancías, la regulación del reparto en vehículos ligeros, los requisitos exigidos a las plataformas tecnológicas del transporte, ni aborda con valentía temas críticos como los derechos de los trabajadores de las plataformas, ‘riders‘, entre otros».
En opinión del PP, el proyecto es «una Ley vacía de contenido ejecutivo y que carece de órganos y directivos públicos que sean responsables directos de su ejecución». Además, asegura que el proyecto «es ajeno a la realidad económica, social y ambiental del país» y dice que «la antigüedad actual del parque de vehículos hace imposible cumplir los objetivos de descarbonización, digitalización, conectividad, seguridad vial e introducción de vehículos altamente automatizados».
«El proyecto de ley no contempla inversiones para alcanzar el objetivo de “desplazamientos responsables” y una movilidad segura y sostenible en el país. Sin embargo, enuncia objetivos poco prácticos y extemporáneos, como la “formación a la ciudadanía” en movilidad sostenible», concluye la iniciativa.
La enmienda a la totalidad del PP no contiene texto alternativo, por lo que plantea simplemente la devolución del proyecto al Gobierno. Será el Pleno el encargado de debatirla y los de Feijóo deberían encontrar los apoyos suficientes en la Cámara para evitar que la norma siga el trámite. De lo contrario, será tumbada ante la falta de mayoría y el Gobierno deberá acelerar el paso para tenerla lista antes de que concluya el año.
Entre sus razones para oponerse al proyecto del Gobierno, el PP asegura que el texto «apenas define» actividades como el carsharing, el carpooling, el transporte a demanda, el microtransporte, la electrificación de la última milla o los servicios digitales, «y en ningún caso fija objetivos y medidas para su desarrollo».
Sin cambios fiscales
Asimismo, critican que el proyecto de ley no establezca «ningún cambio en el sistema tributario que permita una confluencia entre la política de movilidad y la fiscalidad». «Sin cambios fiscales que acompañen la movilidad, que favorezcan los nuevos modelos más eficientes y sostenibles, será difícil avanzar», remata la iniciativa.
Además, entienden que el proyecto normativo «carece de realismo y no tiene en cuenta la distancia entre la renta per cápita en España y el precio del vehículo eléctrico». Además, critican que el proyecto de ley «no apunta soluciones de movilidad rural operativa y financieramente viables [y], no prevé un sistema claro de apoyo estatal a la movilidad sostenible en zonas escasamente pobladas».
«Para afrontar la problemática de la España despoblada no es admisible una ley programática y poco operativa que no resuelve los retos como la ineficiencia de los servicios regulares de autobús, el impulso de la digitalización o la imposibilidad de realizar las operaciones de la DUM en determinadas áreas», concluye la iniciativa.
