La Fiscalía de Palermo ha pedido este sábado seis años de prisión para el vicepresidente del Gobierno italiano y líder de la Liga, Matteo Salvini, acusado de secuestro y abuso de poder por negar el desembarco en agosto de 2019 de 147 migrantes rescatados frente a las costas de la isla de Lampedusa por el barco ‘Open Arms‘.
Según los fiscales, Salvini habría actuado en 2019 no por una estrategia acordada con el Gobierno de Giuseppe Conte –del que era ministro del Interior–, como afirma su defensa, sino por el interés de aumentar su consenso electoral basándose en la lucha contra la inmigración ilegal.
Así, han concluido que no había peligro de terrorismo a bordo del barco y, por lo tanto, no había necesidad de proteger la soberanía del Estado.
Además, para la Fiscalía, «la idea de anteponer la protección de las fronteras nacionales a los Derechos Humanos no es aceptable». «Hay un principio clave que no es discutible: en nuestro sistema, afortunadamente democrático, los Derechos Humanos prevalecen sobre la protección de la soberanía del Estado», ha indicado el fiscal adjunto Geri Ferrara.
En unas declaraciones recogidas por la agencia italiana de noticias ANSA, este ha defendido que «la persona en el mar debe ser rescatada» independientemente de su condición: «su clasificación es irrelevante: migrante, miembro de una tripulación o pasajero». «Según el Derecho Internacional de la Convención SAR, hay que salvar incluso a un traficante de seres humanos o a un terrorista, entonces si es el caso la Justicia sigue su curso», ha explicado.
Para motivar la solicitud de condena, la fiscal Marzia Sebella ha subrayado que «la negación consciente y voluntaria dañó la libertad de cada una de las 147 personas (a bordo del ‘Open Arms’) y no había ninguna razón».
«Se mantuvo a bordo a menores en violación de todas las convenciones nacionales e internacionales. ¿Y quién era el interlocutor? El ministro de Interior, Matteo Salvini», ha señalado en esta línea el fiscal Calogero Ferrara, destacando que el líder ultraderechista cometió una «acción criminal al no haber concedido un puerto seguro».
Durante la vista, que ha durado siete horas, se ha leído uno a uno el nombre de los 147 migrantes que viajaban a bordo del ‘Open Arms’ y que, en palabras de la Fiscalía italiana, han sido «los grandes ausentes en este proceso».
A la espera de la respuesta de la defensa, prevista para el próximo 18 de octubre, la abogada de Salvini ha acusado a la Fiscalía de hacer política.
«En el momento en que dice que la mesa técnica, los decretos y las directivas son inaceptables, intolerables y contrarios a los Derechos Humanos, en realidad está poniendo a prueba la línea política de ese gobierno», ha declarado la letrada Giulia Bongiorno.
Por su parte, el vicepresidente se ha defendido a través de un vídeo publicado en su cuenta de la red social X. «¿Seis años de prisión por bloquear los desembarcos y defender a Italia y a los italianos? Locura. Defender a Italia no es un crimen y no me rendiré, ni ahora ni nunca», ha dicho.
Además, ha acusado a la «izquierda» del Parlamento de decidir que «defender las fronteras de Italia es un crimen», denunciando que «ningún Gobierno ni ningún ministro en la historia han sido acusados y juzgados por defender las fronteras de su país».
«Me declaro culpable de haber defendido a Italia y a los italianos, me declaro culpable de haber cumplido mi palabra», ha sentenciado Salvini.
Por otro lado, la ONG española ha celebrado la solicitud de la Fiscalía italiana, subrayando que se trata det«Estamos contentos con esta solicitud y nos emocionamos cuando los fiscales dedicaron su alegato a las personas rescatadas», ha dicho su fundador, Óscar Camps.
