Los bienes patrimoniales de Castilla y León se encuentran en un estado de mantenimiento cuestionable y el paso de los años ha ido dañando su estado hasta límites que los acercan a la desaparición. Durante décadas, nadie ha atendido a las numerosas quejas sobre su conservación, y esa dejadez se está aquejando en muchos bienes patrimoniales al borde del colapso a lo largo y ancho de las nueve provincias de una comunidad muy rica en herencia cultural pero vacía de población y de inversiones para la preservación de su patrimonio.
ElPlural.com se ha puesto en contacto con la Federación por el Patrimonio de Castilla y León para tratar este tema, y ha sido atendido por Óscar Carranza, su portavoz. Ésta es una de las varias asociaciones que denuncian esta situación y señalan la inacción de la Junta como principal causante.
«La despoblación es un mal que afecta a numerosos territorios, no es un mal específico de Castilla y León. Hay áreas despobladas que se enfrentan a este reto como un mal, ya endémico, y sobre el que es muy complejo aportar soluciones, por lo menos desde una perspectiva patrimonial. No obstante, es cierto que el patrimonio y su conservación pueden ser una oportunidad. Una oportunidad de implantación de empresas e iniciativas mixtas de conservación y restauración, una oportunidad para aprovechar el turismo desde una perspectiva dinamizadora que revierta en una economía circular de un territorio, una oportunidad para investigación, para la mediación cultural… Respecto al patrimonio, la despoblación repercute en que los espacios patrimoniales pierden la finalidad para la que fueron concebidos», arranca Carranza. En la misma línea, no reclaman únicamente más acción a la Junta, sino también a la Iglesia para que se implique más en el cuidado de posesiones centenarias que ahora no pueden sostenerse.
«La Iglesia, como institución, ha custodiado y custodia una cantidad ingente de bienes patrimoniales, tanto muebles como inmuebles. Una labor que es justo reconocer y dar valor. Muchos bienes patrimoniales que hoy podemos disfrutar han llegado hasta aquí gracias a la Iglesia. No obstante, hay que ser exigentes y no caer en una posición conformista o indolente. La Iglesia, por su potencial institucional, económico y de implantación territorial, tiene una responsabilidad ineludible que es la de mantener su patrimonio en las mejores condiciones. La figura legal de protección patrimonial es la declaración de Bien de Interés Cultural. Incrementar las declaraciones en los bienes que merezcan esa declaración, podría facilitar a la Iglesia, como institución, disponer de complementos externos en la financiación», reivindica.
«No hay que olvidar que no todo el patrimonio es sinónimo de patrimonio monumental, como tampoco hay que obviar que hay un importante fondo patrimonial desacralizado, o que no ha tenido finalidad religiosa, y que está en manos particulares con motivo de la desamortización (patrimonio religioso), ventas u otras figuras de traspaso de propiedad. En este sentido, estamos ante un mapa de propiedad que no sólo compete a la Iglesia y a las administraciones públicas. Los propietarios particulares deben responsabilizarse de su mantenimiento y buscar los recursos necesarios para ello. Hay otros muchos patrimonios a tener en cuenta, como es el industrial, que ha conformado nuestra realidad territorial de los últimos dos siglos. En algunas áreas urbanas este patrimonio debiera ser mimado como lo que es, el punto de inflexión de su renacimiento socieconómico», reflexiona.
En cuanto a las opciones para sostener económicamente el patrimonio, al ser preguntado por este asunto, Carranza aporta varias perspectivas. «Fórmulas de financiación, puede haber muchas, desde una perspectiva privada a través de fundaciones, patronos, mecenazgos, etc… Desde la administración del Estado, o las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, se pueden aplicar nuevas tasas o tributos específicos para el cuidado y mantenimiento el patrimonio que sea de propiedad pública, o que facilite una mayor dotación para subvenciones que permitan además aportar trabajo y dinamización en todas las áreas profesionales especializadas de la conservación y restauración. Las tasas turísticas pueden ser una vía de financiación, por citar un ejemplo. El pastel de dividendos del turismo es indudablemente generoso, y si un actor fundamental del turismo es el patrimonio, debe obtener un retorno que permita su mantenimiento», plantea.
La despoblación, un grave problema
Por otra parte, tanto la Consejería de Cultura como los colectivos en defensa de la restauración coinciden en que la falta de población acarrea el abandono de los inmuebles (iglesias, ermitas, palacetes, etcétera) y que ello provoca, en consecuencia, su deterioro irrefrenable. «Cuando un bien patrimonial pierde utilidad, como las iglesias en municipios casi vacíos como San Bartolomé de la Barbolla, hay un deterioro. El propietario, que suelen ser las diócesis, pierde el hilo del mantenimiento y la Junta, al no ser BIC, no da pie a trabajo preventivo”, explicaba a El País Óscar Carranza.
Desde la Federación reclaman a las instituciones que establezcan planes de educación para que la gente lo comience a valorar. «La gente ha de valorar lo que tiene, el patrimonio es parte de su identidad», señalan. «Llegará el día en que se hunda una iglesia, nos llevemos las manos a la cabeza, y a los dos días a esperar a la siguiente. Falta coser una identidad territorial conjunta haciendo copartícipe a la población«, lamentan, mientras denuncian que los Arzobispados no quieren reconocer más inmuebles con una categorización superior al no poder hacerle frente económicamente, mientras obstaculizan a aquellas plataformas vecinales e independientes que intentan encargarse de su cuidado. Un ejemplo de un caso como este es el de Sarnago (Soria), donde las trabas de la Iglesia motivaron que la agrupacióm social se tuviera que centrar en crear un coworking al no poder trabajar en la deteriorada iglesia.
Por su parte, el director general de Patrimonio Cultural de la Junta, Juan Carlos Prieto, admite las complicaciones de la situación: «Es un desafío enorme en una comunidad gigante y de patrimonio extraordinario. Hay más de 271.000 bienes patrimoniales en Castilla y León, con 2.600 BIC que podrían ser más. Aunque el tema no es la cantidad, sino qué hacemos con ellos, tienen que ser hitos para atraer visitantes y convertirlos en empleo y valor económico». El citado se refiere a algunos casos como el de Santa María la Real o Atapuerca (León y Burgos respectivamente) como ejemplo de la importancia cultural de la región. Al ser preguntado por otros elementos de menor reconocimiento, reconoce que «todo el patrimonio cultural corre peligros, se ha ido haciendo y renovando desde la historia y no se conservan todos los monumentos desde el Megalítico, es muy difícil que de vez en cuando no haya problemas».
La tecnología y la monitorización constante son algunas de las soluciones que plantea Prieto para controlar la evolución de los inmuebles, dando prioridad a aquellos considerados más importantes”. La Junta ha anunciado recientemente 2,9 millones de euros para “la ejecución, por parte de las entidades gestoras, de proyectos de gestión activa sobre el patrimonio cultural y el fomento de la actividad y la profesionalización de dichas entidades gestoras.
«Hasta en ruinas sigue siendo un hermoso monumento». Los vecinos de Molacillos (Zamora), no hablan de barroco levantino, hablan de sentimiento e identidad, reclamando soluciones para la iglesia de San Martín de Tours (s.XVIII). BIC, y cerrada por desprendimientos desde 2022. pic.twitter.com/pfUEcznLdt
— Federación por el Patrimonio de Castilla y León (@patrimoniocyl) August 7, 2024
Por su parte, Javier Maisterre, de una asociación local de Fuenteodra, un pueblo de Burgos con siete habitantes, afea que solo quieren invertir en lugares con oportunidad de negocio y desarrollo rural, parece mentira que no sepan la realidad de los pueblos y el patrimonio». «Al no ser BIC, en muchos casos el propietario es el Arzobispado y en la mayoría de los pueblos pequeños la iglesia con problemas se acaba cayendo. En muchos pueblos, el dinero se gasta en pistas de pádel. No somos diferentes, muchos pueblos no hacen lo que podrían, la mayoría solo se mueve si tiene una subvención teledirigida por el partido que manda en la Diputación», señala al citado medio.
El 30% de los bienes españoles en peligro están en Castilla y León
De los 1.426 bienes culturales y arquitectónicos que están en peligro en nuestro país, 427 están en Castilla y León, un 30% del total según la Lista Roja del colectivo Hispania Nostra. Desde la entidad aseguran que la lucha y la reivindicación popular son fundamentales para que sobreviva el patrimonio. «Las Administraciones no llegan a todo y tienen que priorizar; o se movilizan ellos o no lo hará nadie. Los problemas son el patrimonio privado y mucho es de la Iglesia. No puede ser que el dinero vaya solo donde hay culto, la Administración también tiene que hacerse cargo», señala.
«Desde la Administración General del Estado se puede afrontar una fórmula que permita darle al patrimonio el valor de uno de los elementos que generan riqueza a través del turismo. Hay un creciente turismo patrimonial, en todas las CCAA, y España ya no es un destino exclusivo de sol y playa. El Camino de Santiago, reconocido como Patrimonio de la Humanidad, es un ejemplo de ello. Aun así, hay que ir más allá del valor como reclamo turístico, y profundizar en otros muchos patrimonios ocultos, materiales e inmateriales, que son desconocidos en algunos casos, pero conforman la construcción identitaria de los pueblos y ciudades», expone Carranza.
«Desde una visión preventiva, no quiero dejar pasar la ocasión de citar la Educación Patrimonial y la necesidad de un plan regional de esta materia, no sólo en el ámbito formal educativo, como hace mención la nueva Ley de Patrimonio. Se hace necesario un Observatorio que atienda a los diversos estratos de gestión cultural y patrimonial. Todos sumamos y todos tenemos algo que aportar, porque en muchos casos, a nuestro voluntariado se suma nuestra experiencia profesional. Somos gestores culturales, profesores, también universitarios, investigadores, agentes de desarrollo, etc… A esto, si le sumamos el potencial humano de las personas que aman sus pueblos, sus territorios, sus ciudades y barrios, podemos hacer un frente muy rico en conocimiento que se pueda complementar con la acción de la administración», plantea, aunque tiene que reconocer que desde las administraciones no ha habido un contacto con la Federación.
Sin respuesta desde las administraciones
«Desde la Administración nadie se ha dirigido formalmente a nosotros, tampoco a nivel de Administración local o de instituciones y entidades privadas de peso. Sabemos que en algunas ocasiones molesta que desde entidades de participación ciudadana, como es la nuestra, se denuncien malas praxis, o se evidencien situaciones que comprometen el trabajo de las administraciones. Pero ahora mismo las redes sociales nos permiten llegar a la opinión pública. Si lo hacemos, es porque es nuestra responsabilidad y creemos que se puede mejorar, que somos agentes activos, y nuestra voz, como la del conjunto de la sociedad civil, merece ser escuchada porque también somos protagonistas activos de nuestro patrimonio, el legado que conforma nuestra identidad», defiende Carranza.
«La nueva Ley de Patrimonio de Castilla y León es ajena al movimiento asociativo, y en definitiva a las personas que hacen una labor de defensa, pero también de estudio, de revalorización, de custodia, de proyección positiva del patrimonio local, provincial o regional. Es una suma y una oportunidad para la administración contar con los ciudadanos. El Convenio de Faro, es el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre el Valor del Patrimonio Cultural para la Sociedad. España ha suscrito el Convenio de Faro en 2022, y consagra el derecho de los ciudadanos, de la sociedad civil, a acceder y participar en el patrimonio, tanto en su defensa como en su gestión. En este sentido, nuestra mano está tendida«, concluye.
Así las cosas, el deterioro de inmuebles patrimoniales fruto del abandono es un problema que ha de atajarse con un nuevo enfoque, a vista que el alcance de las Administraciones es muy limitado y que el modelo impulsa mucho más el rédito económico que la conservación cultural. Carranza plantea algunas alternativas y soluciones que, coordinadas con todas las competencias y responsabilidades participantes, podrían contribuir a la creación de un nuevo modelo para gestionar este acuciante problema.
