El Estado ha iniciado una auténtica ofensiva jurídica contra Canarias tras la publicación el jueves del Protocolo Territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados. El Gobierno de España no solo ha remitido a la Fiscalía el texto publicado en el Boletín Oficial de Canarias al entender que se discrimina a menores; también solicitará un dictamen al Consejo de Estado antes de trasladarlo al Tribunal Constitucional por motivos competenciales entre administraciones.
El Ministerio de Juventud e Infancia ha enviado a la Fiscalía de Menores un informe en el que expone que el protocolo sobre la acogida de menores migrantes «puede ser constitutivo de una vulneración grave de derechos fundamentales de la infancia en España». Al Gobierno central no le ha sentado bien que Canarias, ante la saturación de los centros de acogida y la falta de respuestas, se haya plantado activando las nueva normativa que regula los trámites que se deben ejecutar para entregar la tutela de un menor a una autonomía. De esta forma la acogida por parte de la comunidad solo se producirá cuando se cumpla la burocracia que marca la ley, es decir, cuando estén correctamente identificados y con una asignación individualizada. Según el Ministerio, «con este paso, Canarias pone en riesgo los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo» y así se lo ha trasladado a la Fiscalía.
Los siguientes pasos serán, según fuentes del Gobierno central, recurrir al Consejo de Estado y finalmente al Tribunal Constitucional. Así lo decidieron el viernes los responsables de los cuatro ministerios implicados en el asunto –Interior, Migraciones, Política Territorial e Infancia– tras mantener una reunión de urgencia, según informa El País.
Desde el departamento que dirige Sira Rego insisten en que la legislación y el propio Estatuto de Autonomía de Canarias indican que la competencia en materia de protección de menores es «exclusiva» de las comunidades autónomas, independientemente de la situación en la que se encuentren. Y aclaran que mantienen su compromiso con los derechos de la infancia, la colaboración institucional y la solidaridad territorial.
En el informe remitido a la Fiscalía de Menores, el Ministerio subraya que el protocolo aprobado por el Gobierno de Fernando Clavijo vulnera el artículo 39.4 de la Constitución Española, que establece que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. El texto, según apuntan, tampoco atiende al interés superior del menor, reconocido en la Carta de Derechos del Niño y la legislación orgánica vinculada a los derechos de la infancia.
El nuevo protocolo responde al «desorden» que, según el Ejecutivo autonómico, genera el hecho de que la Policía entregue a los niños llegados en patera directamente a los centros sin una identificación detallada y sin cumplir los trámites pautados, «poniendo en riesgo sus derechos». El nuevo reglamento canario condiciona la atención de un niño en los recursos de la comunidad autónoma a que antes de la recepción sea reseñado, inscrito en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) de la Policía Nacional y a una «resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada» del órgano estatal correspondiente, «previa audiencia al menor, en presencia de un intérprete de su lengua materna», con conocimiento del fiscal.
El fenómeno migratorio que sufren las Islas ha despertado el debate sobre las políticas que debe poner en marcha el Gobierno central para hacer frente a la gestión de la crisis. Una situación que los grandes partidos aprovechan para lanzarse ataques. Ayer fue la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, la que instó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a decir si su política migratoria es la de Grecia, un modelo que calificó de «inhumano e insolidario», y si es la que aplicaría en caso de gobernar en España.
Seis de Yemen y cuatro menores
Tres cayucos con 155 personas a bordo llegaron ayer a las costas canarias, con la novedad de que seis de las que viajaban en una barcaza que arribó al muelle de La Restinga (El Hierro) son originarias de Yemen. En las embarcaciones también viajaban cuatro menores, los primeros que alcanzan el Archipiélago tras la publicación del nuevo protoco de recepción canario. Dos barca llegaron a El Hierro, una sus propios medios con 57 personas de origen subsahariano -entre ellas una mujer y tres menores- y otra con 28 ocupantes. El recuento provisional del sábado lo completó el rescate por parte de Salvamento Marítimo de 70 personas, 69 varones y una mujer, que iban a bordo de un cayuco localizado a 21 millas al sur de La Gomera. | Efe
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