Cuando hablamos de competencias nos referimos, especialmente, a la potestad que se ejerce desde los distintos estamentos y organismos de la Administración en los territorios y ámbitos de la sociedad. Se trata de establecer un orden y una regulación para que el Estado, las comunidades y los ayuntamientos se distribuyan y repartan las labores y servicios que deben atender, con el fin de que no haya duplicidades ni se malgasten recursos, ya que los presupuestos son acordes con dichas competencias. En definitiva, lo que pretendieron y pretenden, o al menos deberían pretender, los legisladores con la organización territorial y administrativa de España es el máximo beneficio de los ciudadanos.

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