La asociación Veritas, que ejerce la acusación popular ante el juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el llamado caso Koldo, denuncia que las diligencias que hacen referencia a la parte de la trama que afecta a Baleares no están avanzando. Y se interpreta que esta aparente inactividad de la investigación puede perjudicar el caso y a la propia asociación.
El letrado que representa a Veritas, Eduardo Luna, ha presentado un escrito en el juzgado, en el que solicita al juez que tome declaración como testigo a la expresidenta del Govern, Francina Armengol y a la entonces consellera de Salud, Patricia Gómez. En el escrito se implica directamente a ambas políticas en la decisión de comprar mascarillas a la trama Koldo, abonando 3,7 millones de euros por un material que no servía para protegerse del virus. El letrado sospecha que Armengol no solo conocía desde el primer momento esta compra, sino que no ha contado la verdad en sus distintas comparecencias en las comisiones de investigación que se han realizado. La presidenta ha sostenido que esta compra a las empresas del asesor personal del entonces ministro Ábalos se realizó para contar con un stock de uso civil.
Sin embargo, la acusación mantiene que este material, en realidad, iba a ser destinado a los sanitarios para protegerles frente al virus, aunque no pudieron ser entregadas por la falta de calidad de las mascarillas. De hecho, se recuerda que en el expediente de compra se señala que el material adquirido era para que lo utilizara el personal sanitario.
