Al menos 196 personas defensoras de la Tierra y el medio ambiente fueron asesinadas en el mundo a lo largo de 2023, aunque el número real podría ser incluso mayor, según un informe de la organización Global Witness.
Con esta cifra, el total de asesinatos cometidos en todo el mundo desde que Global Witness comenzó a informar de ellos en 2012 asciende a más de 2.000: concretamente, la cifra estimada asciende a 2.106. América Latina se sitúa a la cabeza en el número de homicidios el año pasado, con 166, lo que supuso un 85% del total de las muertes.
Colombia, Brasil, México y Honduras
Estas agresiones mortales se concentraron principalmente en cuatro países, donde ocurrieron más del 70% de los casos: Brasil, Colombia, Honduras y México. Global Witness lleva muchos años advirtiendo de esta tendencia en la región.
Por segundo año consecutivo, Colombia lideró la trágica lista, con 79 activistas asesinados en 2023, Brasil (25), México (18) y Honduras (18).
Honduras es el país que registró más homicidios per cápita a nivel mundial en el último año y la nación con mayor número de casos registrados desde 2012, con un total de 149.
En el caso de Colombia, el Gobierno colombiano ha reconocido la«gravedad» de la situación y el riesgo en que viven los líderes ambientales en el país tras el informe de GW.
«El Gobierno nacional reconoce la grave situación que deriva de conflictos socioecológicos asociados al narcotráfico, prácticas extractivistas vinculadas a economías ilícitas y a la reconfiguración del conflicto armado«, indicó el Ministerio de Ambiente en un comunicado tras la publicación el lunes del informe, y lamentó el «deshonroso primer lugar en asesinatos» que ocupa Colombia.
En este sentido, el Ministerio detalló el trabajo que está haciendo el Gobierno para mitigar y detener este flagelo, dentro de «una estrategia integral para garantizar la vida y la seguridad de las personas defensoras del ambiente» en la que trabajan varios ministerios, como los de Interior y Defensa, junto con diversas entidades del Estado.
Desde Global Witness advierten también de la vulnerabilidad de los activistas provenientes de pueblos indígenas y afrodescendientes, que concentraron un 49% del total los ataques mortales, y así como de las mujeres, que supusieron un 12% del total de homicidios.
La minería, el mayor móvil detrás de los asesinatos
El informe también señala que, aunque existen dificultades a la hora de establecer relaciones entre un homicidio y unos intereses empresariales concretos, el mayor móvil industrial detrás de las muertes fue la minería, con 25 casos de personas asesinadas tras oponerse a operaciones mineras en 2023, de los cuales 23 también sucedieron en América Latina.
En un comunicado, la autora del informe y asesora medioambientalista de Global Witness, Laura Furones, calificó los datos de homicidios de «escandalosos» e instó a los gobiernos a tomar medidas contundentes para proteger a los activistas y abordar las causas de la violencia que experimentan.
Y agrega Furones: «Las personas activistas y sus comunidades son esenciales en cualquier labor para prevenir y reparar los daños y perjuicios causados por las industrias nocivas para el medioambiente. No podemos permitirnos la pérdida de más vidas y no lo toleraremos».
Ataques mediante legislación
Asimismo, el documento indicó que en otras zonas del mundo como el Reino Unido, la Unión Europea y los Estados Unidos, cada vez se usa más la legislación y la justicia para «atacar» a los ecologistas y se les imponen condenas más duras.
También detectó que en Asia hay una tendencia ascendente en los ataques no letales como método de suprimir el activismo, siendo el acoso judicial el más utilizado junto a las desapariciones forzosas, contabilizando siete casos solo en Filipinas contra activistas que se enfrentaron a intereses relacionados con la propiedad de terrenos y la protección ambiental.
En concreto, entre los casos estudiados, Global Witness hizo hincapié en el de los activistas filipinos Jhed Tamano y Jonila Castro, que fueron secuestrados durante varios días en septiembre de 2023 por un grupo de hombres armados ―y apoyados por el Ejército― por intentar paralizar la construcción de un nuevo aeropuerto en la capital del país, Manila.
Miedo a represalias
«Continuaremos luchando contra el silenciado sistemático de los defensores ambientales y de la tierra y de su trabajo», concluye el informe, que subrayó que es probable que sus hallazgos no reflejen la verdadera magnitud del problema, pues muchos de los asesinatos no se denuncian por miedo a represalias y solo un pequeño número de los casos acaban con los autores rindiendo cuentas y haciéndose justicia para sus familiares.