El Gobierno de Venezuela ha pedido que el embajador de España en Caracas, Ramón Santos Martínez, comparezca este viernes en la sede del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, después de que la ministra de Defensa española, Margarita Robles, afirmara que el Gobierno de Nicolás Maduro es como una «dictadura».
Durante el acto de presentación de la novela de Julia Navarro, El niño que perdió la guerra, que ha tenido lugar en el Ateneo de Madrid este jueves, Robles mandó un «recuerdo a los hombres y mujeres de Venezuela que han tenido que salir de su país, precisamente por la dictadura que viven».
El canciller (ministro de Exteriores) venezolano, Yvan Gil, ha criticado duramente estas declaraciones que ha calificado de «insolentes, injerencistas y groseras», y ha señalado que «apuntan a un deterioro de las relaciones entre ambos países». Por esa razón, ha convocado al Embajador español, Ramón Santos Martínez, a la vez que ha llamado a consultas a la embajadora venezolana en España, Gladys Gutiérrez, según ha informado a través de su canal de Telegram.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, este jueves en la presentación del último libro de Julia Navarro.
Europa Press
La convocatoria se produce en medio de una crisis en la relación diplomática entre España y Venezuela, a raíz de la iniciativa del PP en el Congreso de los Diputados para reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Dicha propuesta fue aprobada el miércoles en la Cámara Baja con el voto en contra del PSOE y Sumar, que prefieren esperar a que también lo haga la Unión Europea.
Pese a que no haya todavía un reconocimiento del Gobierno español, el apoyo del Parlamento a Edmundo González provocó que el miércoles, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, propusiera una resolución que espera aprobar para instar a Maduro a romper «todas las relaciones» diplomáticas, consulares, económicas y comerciales con España.
El opositor, que llegó a Madrid el domingo, pidió asilo debido a la «persecución» que dijo sufrir después de las presidenciales del 28 de julio, cuya victoria oficial fue otorgada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a Maduro, un resultado validado, posteriormente, por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Sin embargo, la oposición insiste en que el vencedor fue González Urrutia, una afirmación que sustentó en el «83,5% de las actas electorales» que asegura haber recabado mediante testigos y miembros de mesa el día de las votaciones, que -aseguró- otorgan la victoria al antichavista por un amplio margen.
No obstante, el Gobierno venezolano asegura que las actas, que fueron luego publicadas en una página web por la oposición, son «falsas».
