A pesar de las promesas en épocas electorales, España está a la cola de Europa en vivienda social. A penas el 2,5 por ciento de las casas se destinan a vivienda social o protegida. Es casi 4 veces menos que la media de la Unión Europea. Los expertos cifran en más de 400.000 los alquileres sociales que hacen falta en nuestro país.
Casi 1 de cada 10 casas en la Unión Europea tienen precios que no se rigen por el mercado, una vivienda social que en España se limita al 2,5 por ciento del total del parque inmobiliario lo que según los expertos consultados por COPE es totalmente insuficiente para atender la demanda de este tipo de vivienda.
Con este muro de inaccesibilidad se ha topado Yesica Ramos, de 38 años y sus dos hijas tras ser deshauciadas. Tras vivir de alquiler durante 9 años su casero las denunció por impago después de un año sin pagar el alquiler. Con su trabajo a tiempo parcial y el ingreso mínimo vital imposible para esta joven canaria acceder a un nuevo piso en Santa Cruz de Tenerife.
Construcción de un bloque de viviendas en Madrid
“Fueron meses de mucha angustia porque con una ayuda de 480 euros y mi trabajo no podía permitirme pagar un alquiler de 900 euros o de 1000 euros no de esos precios que están hoy en día y que parece que se volvieron locos. Tenía el deshaucio y no sabía qué hacer, llamé a todo el mundo para ver si me ayudaban pero no encontraba un alquiler asequible. Podía como mucho pagar la entrada pero luego ya no podría hacer frente a la renta mensual”, explica a COPE.
Nos cuenta que llegó a escribirle al Rey Felipe y al presidente del Gobierno, recurrió al Ayuntamiento y también a Cáritas y finalmente pudo obtener la ayuda que necesitaba: “me moví, me apuntaron a un programa que se llama Prohogar que son para familias que están a punto de deshauciarlas y la espera duró 3 ó 4 meses que fueron difíciles. Al final nos ofrecieron un alquiler social por 7 años y aquí estamos tranquilas. Hay otras personas que también han pasado por lo mismo que nosotras y todavía quedan aquí un par de pisos vacíos”.
Precios por las nubes y alquileres de temporada complican aún más la situación
Alejandra Hernández es responsable del programa Base 25 de Cáritas Tenerife y es una de las personas que ayudó a Yesica Ramos. Considera que “perder una vivienda es que se te rompa la vida y cuando además no tienes redes de apoyo todo se complica muchísimo”.
Operarios de la construcción en Dos Hermanas, Sevilla
Este programa para acompañar a personas en riesgo de perder su vivienda, ya sea por impago, deshaucio, cambio de titularidad en la vivienda o finalización el contrato-lleva 7 años funcionando pero en este tiempo la situación -según explica a COPE Hernández- va a peor: “cada vez les cuesta más encontrar una vivienda alternativa. Se topan con precios cada vez más altos y con alquileres de corto y de medio plazo que no pueden afrontar económicamente. Hay personas que incluso trabajando tienen que dedicar el 80 por ciento de su sueldo al alquiler”.
A esto se une la escasez de la vivienda a precios asequibles en Canarias: “es marginal, casi anecdótica, casi no se mueve nada. Aún así les pedimos que se inscriban como demandantes de vivienda para que conste en los registros de la administración pero la posibilidad de conseguirla es mínima porque no se está moviendo vivienda pública”.
Urgen 150.000 alquileres sociales al año
El aumento del precio de la vivienda-tanto de compra como de alquiler- en el mercado libre es imposible de asumir para una buena parte de la sociedad y más inalcanzable aún para quienes están en riesgo de exclusión social. Para llegar hasta estas familias es preciso promover 150.000 alquileres sociales cada año en nuestro país, según señala el informe “Mercado Inmobiliario en España: de la contemplación a la solución” de OBS Business School.
Vista general de las obras de vivienda nueva en Madrid
“España necesita promover 1,2 millones de viviendas en alquiler asequible hasta 2030, una cifra en la que existe consenso en el sector, para satisfacer la demanda de la población española con dificultades para acceder a un hogar. Un total de 761.000 casas se necesitan para alquiler asequible y otras 442.000 para alquiler social”, subrayan.
A menor salario mayores dificultades de acceso a la vivienda. Por ello, y según recoge el estudio “Acceso a la vivienda y las necesidades de alquiler accesible” de Culmia y GAD3, quienes más necesitan medidas para conseguir un alquiler asequible son los hogares con salarios entre 1.000 y 2.000 euros, con una tasa de esfuerzo desproporcionada por encima del 50% en algunos casos, que representan el 41% de los hogares en alquiler.
Para los grupos de población con ingresos menores de 1.000 euros será necesario la creación de 442.000 viviendas íntegramente de alquiler público (vivienda social) y para los que obtiene ingresos mayores de 3.000 euros. un plan de ayudas enfocado a facilitar el salto al mercado de compraventa mediante avales a la entrada o desgravaciones fiscales, que afectaría a 486.000 unidades en los próximos diez años.
¿Qué está fallando?
Si hay poca vivienda pública en España es según explica a COPE Sonia Olea forma parte del equipo de Incidencia Política en Cáritas España es porque aunque se invirtieron hace décadas recursos públicos considerables, esos pisos han ido privatizándose: “no es real que no se haya invertido en nuestro país en vivienda pública, se han puesto miles de millones de dinero público pero hoy en día ese parque inmobiliario ya no está disponible como vivienda pública porque se privatizó muy rápidamente y hoy nos encontramos con que los ayuntamientos y las comunidades autónomas tienen muy poca vivienda pública y aún menos vivienda social”.
Construcción de un bloque de viviendas en Madrid (España)
Para Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofin, son varios los factores que influyen en que en España hay poca vivienda disponible para quienes tienen dificultades económicas y sociales: “falta de suelo, trabas burocráticas para acceder a estas viviendas y, sobre todo, un coste económico de construcción en el caso de la vivienda protegida que para los constructores duplica el precio oficial que fijan el Estado y las comunidades autónomas para cada módulo”.
«No hay programas de impulso a la vivienda de protección oficial en los últimos 10 a 15 años y es que el precio máximo del módulo que paga la administración, ya sea el Estado o las comunidades autónomas, no se ha actualizado desde 2009. Pagan 760 euros por metro cuadrado para un coste real de 1.740 euros. Nadie trabaja a pérdidas. En paralelo en esos años, los costes de la construcción se han disparado, se ha encarecido la financiación y los criterios para acceder a estas viviendas tampoco se han flexibilizado», lamenta en COPE Balado.
¿Por dónde van las posibles soluciones?
Para Balado, la Administración “no solo puede sino que debe hacer muchas cosas: puede introducir cambios urbanísticos para facilitar que estos proyectos sean viables. Además el Estado y las Comunidades Autónomas tienen también parcelas de su propiedad que pueden liberar”.
Se trata además de no repetir errores del pasado y, según Olea, implantar modelos “de alquileres por tramos y cualquiera que garantice que la vivienda no pase a manos privadas y que garanticen que la administración puede disponer de ella”.
Para esta responsable de Cáritas es importante, tras la aprobación de la ley de derecho a la vivienda, van a ser vigilantes con el próximo Plan Estatal de Vivienda: “estamos en un momento de ver si hay un presupuesto suficiente y cuánto se destina en concreto a la vivienda social”.
