La industria láctea se está preparando, tanto económica como judicialmente, para enfrentar las posibles repercusiones del llamado cártel de la leche. En febrero, la Audiencia Nacional ratificó la existencia de este cártel, compuesto por diez empresas y asociaciones del sector, que intercambiaban información comercial sensible y coordinaban la compra de leche en España, tal como lo había determinado la CNMC en 2019. En ese momento, el organismo impuso multas por un total de 80,6 millones de euros, argumentando que estas empresas manipularon los precios de la leche cruda entre los años 2000 y 2013.
Ante la resolución de la Audiencia Nacional cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, una medida que, tal y como ha podido comprobar Activos, vertical económico de Prensa Ibérica, en la memoria de las cuentas anuales de las compañías sancionadas, han optado por tomar la mayor parte de las firmas multadas. Fuentes cercanas al proceso señalan que dos de los recursos admitidos por el alto tribunal corresponden a Puleva y Pascual. Precisamente esta última compañía celebra este hito judicial, ya que tan solo en torno al 15% de los recursos de casación son admitidos. «Somos optimistas con la resolución», afirman desde una entidad que ha optado por provisionar fondos por un importe de 8,5 millones de euros, la misma cuantía con la que fue multada por Competencia. «A recomendación del auditor. Así, si el proceso culmina en sanción, no tendrá mayor impacto. No obstante, vamos a defender nuestra inocencia y pelearemos hasta el final».
Una estrategia similar sigue Grupo Lactalis Iberia. La compañía, sancionada por Competencia con 11,69 millones de euros de multa, ha provisionado una cantidad de 22 millones en sus cuentas de 2023, donde incluye la cuantía multada junto a los intereses de demora. En la partida, además, incluye otros procedimientos sancionadores del grupo. Por su parte, Industrias Lácteas de Granada, cuyo nombre comercial es Puleva (filial de Lactalis), se encuentra en una situación curiosa. Por un lado, la Audiencia Nacional estimó parcialmente el recurso interpuesto por esta, considerando que «solo cabe imputar a esta mercantil por hechos a partir de 2006», por lo que la multa de 10,2 millones debe ser recalculada. Por otro lado, en sus cuentas no hay mención a ninguna provisión. Ese peso recae en Ebro Foods, que más de una década después de la venta de Puleva a Lactalis, sigue manteniendo provisionados alrededor de 13 millones de euros, destinados principalmente a cubrir el riesgo «probable» de tener que hacer frente a una sanción multimillonaria. Así aparece en la memoria anual del ejercicio de 2023 de la entidad presidida por Antonio Hernández. Esta sanción fue impuesta por el organismo regulador a la empresa láctea cuando todavía formaba parte del grupo como filial, en el contexto de una investigación sobre presuntas prácticas anticompetitivas en la industria láctea, iniciada por el supervisor en 2014.
Cambio de manos y sanciones heredadas
En el contrato de compraventa firmado en 2010 entre Ebro Foods y Lactalis, se incluyó una cláusula de responsabilidad por posibles contingencias futuras. De acuerdo con esta disposición, Ebro Foods, en su papel de vendedora, podría ser considerada responsable frente al comprador por cualquier sanción que se le impusiera a Puleva debido a acciones ocurridas durante el período anterior a la venta. No obstante, en las cuentas del ejercicio anterior, la compañía dirigida por Antonio Hernández señala que «está valorando junto a sus asesores legales externos la situación y las medidas a adoptar respecto a la reciente sentencia de la Audiencia Nacional».
Una situación similar vive Schreiber, cuando en 2015 compró la empresa Senoble. Ambas partes sabían que Senoble estaba siendo investigada por la CNMC, que ese mismo año impuso una sanción de 945.000 euros, la cual fue pagada por Schreiber Foods y descontada del precio de la compra. Desde entonces, Schreiber ha recibido varias reclamaciones y demandas por daños relacionadas con este asunto. La empresa, basándose en la información de sus asesores legales, considera que no habrá un impacto significativo en su situación financiera, ya que cualquier coste sería reembolsado por los antiguos propietarios, según los acuerdos de venta firmados.
En el caso de Danone, en sus cuentas de 2022 registró una provisión como pasivo a largo plazo de 20,27 millones de euros por la sanción de Competencia derivada del cártel de la leche. A pesar de esta provisión, la compañía afirma en su memoria contar con «argumentos muy sólidos» para defender ante los tribunales que no infringió la normativa de competencia. En el caso de Nestlé, firma sancionada con 6,8 millones de euros por este caso, la memoria recoge que «los Administradores de la Sociedad han realizado una estimación cuantificada de los posibles efectos en los estados financieros de las contingencias mencionadas y consideran que el potencial efecto adverso de las mismas no impactaría de forma material» en sus cuentas de 2023. No obstante, en el apartado de Otras provisiones de sus cuentas, señala una cuantía de 4,6 millones de euros para el ejercicio 2023. Consultada por este medio, Nestlé confirma la interposición de su recurso al Supremo. «Nestlé cumple estrictamente con la legalidad en la contratación para la compra de leche fresca, siempre ha mantenido un estricto respeto por las normas de competencia y continuará haciéndolo en el futuro», señala.
En febrero, la Audiencia Nacional también admitió el recurso de Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), cuyo nombre comercial es Central Lechera Asturiana, contra la sanción que se le había impuesto, por un total de 21,8 millones de euros. En las cuentas de 2023, esta entidad reconoce haber dispuesto en forma de aval la cuantía de la multa en 2020, pero admite no haber realizado provisiones. «Los Administradores, sus asesores externos y los servicios jurídicos del Grupo siguen manteniendo fundadas expectativas de conseguir un pronunciamiento favorable, considerando la solidez de los argumentos jurídicos existentes, razón por la cual las cuentas anuales consolidadas adjuntas no incluyen provisión alguna en relación con esta contingencia», señalan en el informe, donde admiten que avanzan en su recurso al Supremo. Por último, Celega también fue sancionada por Competencia con una multa de 53.310 euros, importe abonado en 2020 por la entidad, por lo que, por el momento, no ha provisionado más fondos.
Reclamaciones de ganaderos
Según fuentes cercanas al proceso, si el Supremo confirma la resolución de la CNMC avalada por la Audiencia Nacional, en España hay entre 15.000 y 20.000 ganaderos que habrían sido afectados por el cártel de la leche. Debido a la celeridad del proceso, se estima que en el primer trimestre el alto tribunal emita una sentencia definitiva sobre el caso.
Eskariam, firma especializada en litigación masiva —y la única en personarse en el expediente administrativo y, por tanto, contribuir con la defensa jurídica de la CNMC ante la Audiencia Nacional—, espera una resolución favorable y apunta a una de las claves del proceso: la batalla por la prescripción. «La Audiencia Nacional, en sus sentencias de febrero de 2024, considera, al resolver los recursos de apelación interpuestos por CAPSA y Puleva, que la CNMC no imputó adecuadamente los hechos correspondientes a 2004, y que en el caso de Danone, aunque sí se imputó, no se toma en consideración las reuniones y contactos existentes en 2004. Sumado a que no existe prueba de reuniones o intercambio de información entre las empresas del cártel en 2005, esto le lleva a considerar que el cártel tiene dos periodos (2000-2003 y 2006-2013), en vez de una infracción única y continuada (2000-2013), como considera la CNMC en su resolución sancionatoria», aclaran.
