José Vélez, secretario general de los socialistas en Murcia, se encuentra a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por el caso caso de la plaza de toros de Calasparra, puesto que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Caravaca de la Cruz le acaba de comunicar el auto de transformación a procedimiento abreviado de su investigación, caso previo a la apertura de juicio oral, tal y como pidió la Fiscalía el pasado mes de julio.
Al líder de los socialistas murcianos se le acusa de haber cometido irregularidades en la gestión de la plaza de toros de Calasparra durante unos festejos cuando era alcalde del municipio. Los dos concejales de Festejos que se sucedieron en tales fechas, Jordi Arce Corbalán y Antonio José Merino Moreno, y el administrador de la mercantil Chipé Producciones, también están siendo investigados. Cabe recordar que Vélez fue primer edil de Calasparra entre 2014 y 2020, año en el que abandonó la Alcaldía para ser nombrado delegado del Gobierno en la Región, cargo que ostentaría hasta 2023.
Según ha podido saber esta Redacción, Vélez va a recurrir el auto a la Audiencia Provincial. «Utilizaré todos los cauces e instrumentos jurídicos a mi alcance para que se demuestre la verdad y se certifique nuestra honorabilidad. Estoy muy tranquilo porque siempre he cumplido la ley y he actuado anteponiendo el interés general. Jamás podrán demostrar que me he llevado ni un solo euro de forma ilícita. Todo lo que tengo lo he ganado con mucho esfuerzo y trabajo», ha asegurado el dirigente político, que acusa al Partido Popular y el resto de la oposición de Calasparra de «intentar ganar en los tribunales lo que no son capaces de ganar en las urnas».
El portavoz del PSOE en la Asamblea asegura que la dirección federal de su partido le apoya porque «ha visto el caso y ha podido comprobar que no hay absolutamente nada ilegal»
En este sentido, subraya que ya lleva ganados «decenas de denuncias y recursos judiciales». En este mismo caso, explica, y «ante las continuas prórrogas de instrucción injustificadas para alargar la llamada pena del banquillo», también se vio obligado a recurrir y ganó el requerimiento. «Este caso ya fue archivado de oficio por la Fiscalía y estoy seguro de que acabará ocurriendo lo mismo porque no hay absolutamente nada«, ha insistido.
El secretario general del PSRM ha manifestado que cuenta con el apoyo de la «inmensa mayoría» de sus compañeros en la Región y de la dirección federal de su partido, «que ha visto el caso y ha podido comprobar que no hay absolutamente nada ilegal».
Se sobrepasaron los precios pactados
Desde el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) recuerdan que las diligencias se centran, según la resolución, en las relaciones jurídicas del consistorio con la empresa para la cesión para los encierros matutinos de las reses contratadas para los festejos taurinos de la Feria del Arroz que se celebraban por la tarde. Para estas existió, según las actuaciones practicadas, un convenio en 2017, en el que se fijó un precio de 30.000 euros a abonar por el Ayuntamiento, un segundo convenio en 2018, con el mismo objeto en el que el precio a abonar era de 37.000, y un contrato menor de 15.000 en 2019.
«El Ayuntamiento de Calasparra sistemáticamente asumió y abonó con dinero público determinados gastos cuyo beneficiario fue el empresario investigado»
Magistrado
El magistrado cree que en los tres años se observa como «el Ayuntamiento de Calasparra sistemáticamente asumió y abonó con dinero público determinados gastos cuyo beneficiario directo o indirecto fue el empresario investigado«, bien por tratarse de pagos directos a la empresa Chipé por facturas que carecen de justificación (y que el Ayuntamiento tampoco requirió), bien por ser desembolsos propios de la Feria Taurina del Arroz, actividad privada, o bien por constituir gastos relacionados con la plaza de toros, de titularidad privada. «De esta forma, el desembolso real que efectuó el Ayuntamiento para la cesión de las ganaderías para los encierros excedió ampliamente de los precios pactados entre el consistorio y la mercantil tanto en los convenios de 2017 y 2018 como en el contrato menor de 2019″, apunta.
Los hechos relatados, por tanto, podrían constituir delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
El Ministerio Fiscal y las demás acusaciones personadas tienen 10 días para formular escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral o solicitar el sobreseimiento de la causa.
