Solo una de cada tres reclamaciones presentadas ante los tribunales económicos administrativos es estimada a a favor del contribuyente (37%), mientras que la mitad de ellas resulta desestimada y hay un 12% que se archivan.
En concreto, según los datos presentados este miércoles por el presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), José Antonio Marco Sanjuán, y por el presidente del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC), Xavier Suñé Negre, en 2002 los contribuyentes presentaron un total de 230.0433 reclamaciones y los tribunales resolvieron 253.265 expedientes; de estos, 93.928 fueron estimados a favor de los contribuyentes; 129.023 fueron desestimados y 30.314 resultaron archivados.
Los representantes de los tribunales económico administrativos han participado este miércoles en una jornada organizada por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf) -órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España– en conmemoración del centenario del TEAC. A pesar de que los expedientes desestimados representa un volumen mayor (50%), el 37% de las reclamaciones estimadas evidencia -según Marco y Suñé- que estos tribunales «constituyen un instrumento fundamental para el contribuyente».
Pendiente de resolución
Los datos de los últimos años muestran un número creciente en la presentación de reclamaciones en los últimos años, con un aumento del 32% entre 2019 y 2023, hasta un total de 239.177 expedientes el año pasado. El IRPF y los procedimientos recaudatorios absorben el mayor volumen de reclamaciones presentadas, por delante de las relacionadas con el IVA, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, el catastro o el impuesto sobre sociedades.
Pese al aumento en la presentación de reclamaciones, la cantidad pendiente de resolución se ha reducido en un 40% en ese mismo periodo, hasta situarse en los 162.289 en 2023 (106.051 menos que en 2019). «Pese al incremento de reclamaciones, los tribunales económico-administrativos están haciendo un importante esfuerzo, como pone de manifiesto el hecho de que se haya reducido notablemente el nivel de pendencia en los últimos años”, según han señalado José Antonio Marco y Xavier Suñé, durante su intervención.
En su intervención, el presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Valentín Pich, ha puesto en valor la labor desarrollada por los tribunales económico-administrativos, pero ha alertado sobre «la intrincada telaraña de normativa tributaria, que constituye uno de los principales obstáculos para una gestión eficiente». Para el presidente de los economistas, «la excesiva complejidad en la interpretación de las normativas fiscales no solo genera incertidumbre entre los contribuyentes, sino que también aumenta la litigiosidad». Por ello, considera que sería fundamental simplificar y clarificar las normativas para facilitar la labor de los tribunales económico-administrativos.