Durante cuatro años realizó miles de compras por internet usando 1.400 tarjetas bancarias, 1.200 perfiles distintos, con sus respectivas contraseñas, y valiéndose para ello de 396 tarjetas telefónicas prepago a nombre de 296 identidades reales que suplantó. Este valenciano de 53 años, hijo y hermano de catedráticos de Derecho, llegó a estafar mediante un triple filtro de seguridad para dificultar que la policía llegara hasta él, cerca de millón y medio de euros con compras que van desde móviles de alta gama de 2.000 euros, hasta productos de higiene personal como pasta de dientes o tinte para el pelo, e incluso comida –chipirones y berberechos–.
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia le ha condenado por esta macroestafa a cuatro años de cárcel después de que Santiago V. A. y su cómplice, Armando B. B., un colombiano de 57 años, reconocieran los hechos en un juicio celebrado por conformidad, viendo así reducidas las penas que solicitaban para ellos las acusaciones.
En el caso del que podríamos bautizar como el ‘catedrático de las estafas por internet’, ya que acumula otras ocho condenas firmes desde 2016 por delitos similares, la sentencia le impone cuatro años de prisión como autor de los delitos continuados de falsedad en documento mercantil, uso de documento de identidad auténtico por quien no está autorizado, y descubrimiento de secretos, en concurso medial con un delito también continuado de estafa.
La Fiscalía solicitaba inicialmente para Santiago V. A. ocho años de cárcel aunque dado el acuerdo alcanzado entre las partes, y que ha evitado un macrojuicio que se habría prolongado durante semanas –con más de 600 afectados en todo el país además de policías y periciales– se le ha rebajado a la mitad. Aunque concurre la circunstancia agravante de reincidencia, sí se le aprecia una atenuante analógica de alteración psíquica ya que el condenado «padecía una ludopatía que afectaba a sus facultades volitivas sin llegar a anularlas».
Al otro acusado, que se enfrentaba a seis años de cárcel, la Sala lo condena a solo dos años al considerarlo cómplice. Esta persona, que carece de antecedentes, era quien se encargaba de dar salida a los productos que adquiría de forma fraudulenta el cerebro de la estafa, vendiéndolos a un precio inferior al de mercado.
En la sentencia se detallan 1.050 hechos delictivos acreditados entre 2017 y 2020, la mayoría por compras online de productos de electrónica y ropa de marca, así como apuestas deportivas y la contratación de créditos. En total se han esclarecido 309 denuncias de afectados por un importe de 550.951 euros. Otros 180.272 euros de reclamaciones bancarias, 461.044 euros en créditos de financieras y 102.222 euros en compras que reclaman plataformas como Apple y Amazon.
Datos de la correspondencia
El modus operandi consistía en usar tres identidades distintas reales en cada compra. Por un lado, obtenían un número de una tarjeta bancaria con su fecha de caducidad y código CVV. Creaban un perfil en la aplicación de compra con datos de otra persona distinta. Y a su vez, aportaban como contacto para asegurar la recepción de la compra un número de teléfono que previamente habían obtenido mediante la usurpación de identidades reales, siendo distinta esta identidad a las dos anteriores.
Para obtener datos personales el ahora condenado no dudaba en apoderarse de la correspondencia de sus propios vecinos. De hecho, en el registro realizado en el domicilio de València de este estafador reincidente la policía halló correspondencia ajena y once agendas con todas las anotaciones; numeraciones de tarjetas de crédito, direcciones, números de teléfono, nomenclaturas de sitios web de venta de artículos, perfiles de registro, y contraseñas de acceso.
Víctimas en todo el país
Hay unos 600 afectados en todo el país. En Valencia, Alicante, Castelló, Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Sevilla, Granada, Málaga, Huelva, Cádiz, Almería, Gijón, Oviedo, Mallorca, Toledo, Pamplona, Salamanca, Valladolid, Vigo, Santiago de Compostela, Guadalajara, Murcia, Melilla, Cuenca, Albacete, Las Palmas, Pamplona y La Rioja, entre otros puntos.
Además de los afectados que sufrieron cargos indebidos en sus cuentas bancarias por compras que ellos no habían realizado, también fueron perjudicados aquellos cuyas identidades fueron suplantadas para cometer los fraudes, ya que cuando los primeros detectaban el engaño las otras dos identidades suplantadas eran contra las que se dirigían las investigaciones policiales y demandas por fraude, con el perjuicio que todo ello les supuso.
