La unidad de acción que se había concitado en el seno del Parlamento canario, a excepción de Vox, en torno al Pacto Canario por la Inmigración se ha quebrado tras la firma el martes del acuerdo que el presidente Fernando Clavijo «ha suscrito de forma unilateral, sin contar con el resto de partidos», con el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. Ese es el análisis de las dos principales fuerzas de izquierdas en la oposición: PSOE y NC-Bc. Es más, ambas formaciones acusan al presidente de «blanquear la política migratoria del PP, que cada vez es más cercana a Vox». Sin embargo, y pese a estas argumentaciones, para la ultraderecha el documento es «un paripé» que, lejos de ser «un paso de gigante contra la inmigración» como argumentó Clavijo, «no soluciona el problema de raíz, pues solo se remedia con deportaciones masivas», como aseguró en los pasillos de la Cámara regional Paula Jover, secretaria de Organización de Vox en la provincia tinerfeña y presidenta del grupo parlamentario.
En el lado contrario, los partidos que sustentan al Gobierno canario (CC, PP, ASG y AHI) cierran filas y defienden que Clavijo «ha hecho lo que no hizo el Gobierno de España y el PSOE, como es lograr un pacto con el partido que gobierna 12 autonomías más las ciudades de Ceuta y Melilla, porque el drama humanitario es un problema de país aunque en este momento, por la inacción del Estado, lo afronte Canarias en solitario». Ese es el resumen de la situación del secretario de Organización de Coalición Canaria (CC), David Toledo.
Lo cierto es que si bien el PSOE ha ido subiendo el tono de sus mensajes desde el Consejo de Gobierno celebrado el pasado 2 de septiembre, cuando el Ejecutivo anunció la vía judicial para discernir si es al Estado o a la Comunidad Autónoma a quien compete la tutela de los menores inmigrantes no acompañados, la cita del martes de Clavijo y Feijóo en la sede de Presidencia ha hecho estallar a los socialistas canarios a pesar de que el propio Ejecutivo central ha moderado sus críticas iniciales a la firma del acuerdo y que el propio ministro y máximo dirigente del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, argumentó este miércoles que hay que dar «tiempo al tiempo» para discernir si «es una propuesta constructiva o una nueva piedra en el camino».
David Toledo (CC) defiende que Clavijo «logró el apoyo del partido que gobierna en 12 autonomías»
Por contra, el portavoz parlamentario, Sebastián Franquis, argumenta que el acuerdo «no resuelve la situación de los menores, no contempla lo acordado en el Pacto Canario por la Inmigración y no incluye ningún compromiso para modificar el artículo 35 de la ley de extranjería».
«Habla de la política migratoria a nivel del Estado, pero no de lo que preocupa en estos momentos a Canarias, como es que el conjunto de las comunidades autónomas de España sean solidarias y que los niños y las niñas que lleguen a nuestras costas puedan ser acogidos por el resto porque aquí no tenemos más capacidad», analizó veinticuatro horas después de que se hiciera público el pacto.
En parecidos términos, el canarista Luis Campos insistió en que el Pacto Canario por la Inmigración «era el acuerdo que nos unía y ese nuevo documento supone reescribir de manera unilateral una parte sustancial del acuerdo canario y nos han excluido de un acuerdo que nos había unido a todos» desde finales de 2023.
Para NC-Bc, el texto suscrito por Clavijo y Feijóo «nos coloca por detrás del punto de salida», toda vez que «si solo había cuatro puntos que separaban la línea entre llegar a un acuerdo y mantenerse en el desacuerdo, ahora son diez, con 21 subapartados, las condiciones que habrá que negociar y consensuar».
«Aleja más que logra puntos de consenso porque el Gobierno de Canarias acaba de asumir la política integral migratoria del PP. No se trataba de redefinir toda la política migratoria del Estado, sino de modificar un artículo concreto de la ley de extranjería», remachó Luis Campos.
«Escenificación de una polarización llevada al extremo»
No es el único destacado representante de NC-Bc que ha criticado la maniobra de Clavijo y Feijóo, pues el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, la ha calificado de «una burda escenificación de una polarización llevada a sus últimos términos, porque estas propuestas se deben hacer en el Parlamento y en las comisiones de negociación». Morales destacó que este «toma y daca» solo perjudica a Canarias y, sobre todo, «a los menores que siguen sin ser atendidos en condiciones y sin ser acogidos de manera solidaria por el conjunto del Estado español».
Frente a estos discursos, la portavoz parlamentaria del PP, Luz Reverón, lo tiene claro: «¿en qué quedamos, no había que buscar soluciones? Pues el PP ha puesto sobre la mesa las soluciones que no ha aportado el Gobierno de España, que es a quien le correspondía hacer una auténtica política de Estado».
Tanto el PP como CC insisten que desde hace ocho meses están esperando por una declaración del estado de emergencia, una reunión de la Conferencia de Presidentes o la garantía de que se financiará adecuadamente a las autonomías que reciban a los menores solos procedentes de Canarias y Ceuta
«Al PP no nos van a encontrar en la bronca política con la que quieren desviar su inacción, nos encontrarán en dar soluciones», insiste Reverón.
Paula Jover (Vox) califica de «paripé» un documento que «no soluciona de raíz el problema con deportaciones masivas»
Por su parte, el nacionalista Toledo insiste en que «el Pacto Canario mandata buscar un acuerdo con el PP, pues ese acuerdo ya se ha conseguido y ahora es el Gobierno de España el que tiene que negociar sacarlo adelante».
«El ministro Torres hace unas semanas exigía a Clavijo conseguir los votos del PP, pues ya los tiene», argumenta el secretario de Organización de CC.
El bloque ‘cuatripartito’ que sustenta al Gobierno de Clavijo insiste en que España es un Estado autonómico y, por tal motivo, había que lograr el apoyo de las comunidades gobernadas por el PP, que son la mayoría, para precisamente «evitar que cualquiera de ellas recurriera» la modificación de la ley de extranjería al forzarlas a asumir menores inmigrantes no acompañados que ahora tutelan Canarias y Ceuta.
Para el líder de ASG, Casimiro Curbelo, «es un acuerdo interesante porque nadie tiene ya la excusa de no saber qué pretende el PP. Ahora ya se sabe y el Gobierno de España tiene ya la obligación de hacer una ronda de conversaciones porque Canarias no puede continuar aguantando esta realidad que está viviendo».
«Ese acuerdo es lo que procedía, pues afeaban al presidente que no consiguiera el apoyo del partido que es socio en su gobierno y ha conseguido un documento claro y detallado», remachó el herreño Raúl Acosta.
El Parlamento rechaza de nuevo el «odio racista» de Vox
«Ante la invasión masiva de decenas de miles de personas de las que desconocemos su historial de vida, sus antecedentes penales y sus intenciones; deportaciones masivas». Ese es el resumen de la iniciativa que defendió Nicasio Galván en nombre de Vox en el Parlamento canario y que, de nuevo, fue repelida por el resto del arco parlamentario en lo que fue un mensaje claro que desgranaron los portavoces del PSOE, CC, PP, ASG y AHI en sus distintas intervenciones: «rechazamos el odio racista que ustedes inoculan».
Inasequibles al desaliento, los representantes de la derecha extrema insistieron en sus argumentos de vincular la inmigración con la delincuencia y la nacionalista Jana González los desarboló de forma tajante: «ese mensaje es ruin, zafio y muy miserable. La maldad y la delincuencia no dependen de donde uno nace ni está en los genes».
Además, recordó que solo el 5,6% de los inmigrantes irregulares han llegado en cayucos y pateras y más del 70% «lo han hecho por aviones y barcos y son, en su mayoría, latinoamericanos». | S.L.
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