La única fecha clara y segura era la de este martes. El Consejo de Ministros aprobó por segunda vez la senda de estabilidad para el periodo 2025-2027, la pista de salida para los Presupuestos Generales del Estado del próximo año. Pero el Gobierno no tiene ni mucho menos la certeza de que pueda sacar adelante los objetivos de estabilidad, porque Junts se sumó en julio a PP y Vox y se los tumbó, como tampoco sabe si verán la luz las propias cuentas públicas. Navega en un mar de incertidumbre porque tiene que avanzar el otoño para que puedan ir despejándose algunos nubarrones, como los congresos de sus socios de ERC y Junts, en los que tendrán que recalcular su hoja de ruta y redefinir su relación con los socialistas.
Ni en público ni en privado en el Ejecutivo —ni los dos socios de coalición, PSOE y Sumar— son capaces de aventurar cuándo podrán llegar los Presupuestos del Estado al Congreso, y en cualquier caso no se descarta que puedan ser rechazados por falta de apoyos. Ante ese escenario, sí hay una respuesta de la Moncloa, al menos por ahora: la legislatura continuaría porque Pedro Sánchez no adelantaría elecciones.
Los posconvergentes ya tumbaron la senda en julio, con PP y Vox, y tras la investidura de Illa no han dejado de reiterar que Sánchez no tiene «ningún apoyo garantizado», menos si hay «café para todos»
La mayor fuente de intranquilidad para el Gobierno es, obviamente, Junts. En julio, cuando ya se barruntaba que podía cuajar el acuerdo de PSC y ERC que acabó haciendo president a Salvador Illa, los posconvergentes lanzaron un primer aviso haciendo decaer por sorpresa la senda de estabilidad, y desde entonces no han parado de repetir que no pertenecen a ningún bloque del Congreso, que solo pactaron con el PSOE dar apoyo a la investidura de Sánchez a cambio de la ley de amnistía —»después dijimos que todo lo demás era pieza a pieza»—, que el Gobierno «no tiene ningún apoyo garantizado» y que cualquier medida que vaya en la línea de ahondar en «los agravios competenciales o económicos a Cataluña», lo que incluye el «café para todos», contará con su oposición. En el Ejecutivo aseguran que no saben hasta qué punto cumplirá su amenaza la formación de Carles Puigdemont, precisamente por su «imprevisibilidad».
Este martes, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó en la rueda de prensa posterior a la reunión ordinaria del Gabinete —presidida por ella misma, dado que el presidente continúa su viaje oficial a China— la senda de estabilidad para 2025-2027. La misma que el Consejo de Ministros aprobó el 16 de julio y que tumbó una semana después el Congreso, con los votos de PP, Vox y Junts.
El Ejecutivo defiende los objetivos de estabilidad propuestos porque «lo que es excelente es difícil de mejorar», ya que no exige ningún esfuerzo a comunidades y ayuntamientos
Montero alegó que se aprueban los mismos objetivos de déficit y deuda porque «lo que es excelente es difícil de mejorar«, porque la «generosa» senda aprobada por el Ejecutivo —y que recibió la abstención de las comunidades gobernadas por el PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera— da mayor capacidad financiera a CCAA y ayuntamientos para financiar sus servicios que la que hoy está vigente, más restrictiva. En concreto, ahora se imponen unas metas menos estrictas a las autonomías —se les permite un déficit del 0,1% del PIB en todo el periodo, cuando antes se les exigía una décima de superávit— y a los consistorios —se les pide llegar al equilibrio presupuestario, cuando con la senda anterior tenían que alcanzar un 0,1% y un 0,2% de superávit en 2025 y 2026—. Además, el Consejo aprobó un mismo límite de gasto no financiero o techo de gasto para el Presupuesto de 2025 (del que se informa a las Cortes, pero que no se vota): 195.353 millones, un 3,2% más que en 2024. Suponen 6.138 millones más.
Que vuelva la «cordura»
A juicio de la vicepresidenta, «no tiene sentido» que permitiendo el Gobierno central mayor margen de gasto a CCAA y ayuntamientos, el PP rechace una senda que «beneficia a los territorios en los que gobierna». «Si el PP y algún otro grupo votan en contra de esta senda», advirtió Montero, aludiendo a Junts, aunque sin mentarlo, «estará obligando a hacer un ajuste» de 6.600 millones en dos años a las comunidades autónomas y de 4.950 millones en dos años a las entidades locales. Un total de 11.550 millones. Dicho de otro modo, que PP y Junts impiden a gobiernos autonómicos y locales disponer de esos 11.550 millones que el Ejecutivo de Sánchez les cede. La vicepresidenta confió en que se impongan la «cordura» y el «sentido común», de forma que Congreso y Senado aprueben la senda propuesta, más flexible, porque todo lo demás serán «excusas» o «ruido». Pero también dejó claro que, si estos objetivos de déficit y deuda no salen adelante, el Gobierno no se detendrá. Confeccionará su proyecto de Presupuestos con la senda vigente, más restrictiva y, por tanto, más exigente con CCAA y ayuntamientos.
Una vez estén claras las metas de déficit y deuda para el periodo, llegará el momento de rematar el borrador de Presupuestos y de llevarlos al Congreso para que arranque su tramitación parlamentaria. La gran duda es cuándo, y si el Ejecutivo esperará a que pasen los congresos de Junts —25, 26 y 27 de octubre en Calella (Barcelona)— y ERC —30 de noviembre, a la vez que el cónclave socialista—. Preguntada por ello, Montero no concretó: el Ejecutivo intentará llevar el proyecto de cuentas públicas «lo antes posible» a la Cámara baja.
Aquellos que nieguen al país tener unos Presupuestos en vez de enmendarlos tendrán que explicarlo, pues lo único que hacen es poner todo el tiempo chinas en el camino para que el Gobierno no pueda desarrollar su actividad política», advierte la vicepresidenta
«Evidentemente, vamos a dialogar con todos los grupos políticos. Ahora estamos en el debate al interior del Gobierno«, explicó. Es decir, que la elaboración de los Presupuestos está aún en una fase inicial, porque están hablando PSOE y Sumar, que tampoco se han fijado por el momento una fecha de tope. Pero la dificultad evidente será la de amarrar los apoyos con los independentistas, especialmente con los de Puigdemont. «Unos PGE son una oportunidad para el país. Se trata de aprovechar esa oportunidad, más allá de que cada grupo imprima su nota, porque para están los procesos de enmienda. Pero aquellos que nieguen al país tener unos Presupuestos en vez de enmendarlos tendrán que explicarlo, pues lo único que hacen es poner todo el tiempo chinas en el camino para que el Gobierno no pueda desarrollar su actividad política». Un mensaje orientado explícitamente al PP, pero de manera obvia también a Junts, a quien en todo momento la ministra evitó mentar. El Ejecutivo, en todo caso, sostuvo, no se rendirá pese a esas «chinas»: «Vamos a seguir trabajando para impulsar políticas que sean buenas para el bienestar de los ciudadanos».
Una declaración de intenciones que hila con lo que afirmó el pasado sábado Sánchez ante el comité federal del PSOE: desplegará su agenda «con o sin concurso del Legislativo». «Es decir, que vamos a agotar la legislatura«, explicaban este martes desde la Moncloa, donde añadían que si hay una «negativa permanente» del Congreso a a aprobar leyes, entonces el Ejecutivo se centrará en su propia actividad, sacando adelante reales decretos (no reales decretos leyes, que sí necesitan de la convalidación parlamentaria).
Con Junts nunca sabes. Depende de cómo esté el mar ese día«, coincide una ministra de Sumar
Distintos miembros del Gobierno consultados se reconocen despistados con la actitud de los posconvergentes. No saben predecir si de aquí a que se vote la senda de estabilidad de nuevo —en una o dos semanas en la Cámara baja— y cuando se presenten los PGE habrá un mejor ambiente con ellos. «Nosotros vamos a dialogar antes, durante y después de los congresos de los partidos. Pero a día de hoy no sabemos cuándo llevaremos las cuentas de 2025 al Congreso. Y Junts no nos ha dicho todavía ‘con nosotros no contéis'», señalan fuentes de Hacienda.
Ministros socialistas y responsables de la cúpula parlamentaria remarcan que hoy por hoy es imposible manejar un calendario. Impera la prudencia. Y en Sumar la opinión es coincidente. «Por ahora, vamos a negociar con el PSOE. Y presentarlos… lo lógico sería tras los congresos de ERC y Junts», indica una integrante del Ejecutivo del ala minoritaria de mucho peso. «Es que con Junts nunca sabes. Depende de cómo esté el mar ese día«, añade otra ministra de Sumar.
Presión máxima al PP
La estrategia del Gobierno, en cualquier caso, pasa por ahora por apretar públicamente lo máximo posible al PP. En particular, se afanará en señalar las contradicciones entre los gobiernos autonómicos conservadores y la cúpula de Alberto Núñez Feijóo. Y en denunciar la falta de independencia de los primeros respecto a su jefe orgánico. Montero aseguró que tenía previsto iniciar a lo largo de este mes de septiembre las reuniones con las CCAA para poder abordar con ellas la promesa de condonación de la deuda y «cotejar datos». Pero sobre la mesa está una «instrucción» de Génova para que sus barones no hablen con el Gobierno ni de financiación autonómica ni de cancelación de la deuda, por lo que entiende que el PP «declina» esas conversaciones bilaterales. La vicepresidenta animó no obstante a los presidentes autonómicos que quieran debatir con el Ejecutivo sobre esta materia a manifestarlo, porque en Hacienda estarán encantados de «poder convocarlos y hablar» como estaba previsto.
Montero recuerda que los fondos europeos están ligados a una reforma, y por tanto no se pueden transferir a fondo perdido a las CCAA, como pretende el PP
La número dos del Gobierno y del PSOE no se privó de afear a los barones populares que acaten la orden de Feijóo y luego pidan más recursos. «Bajan los impuestos, reclaman más dinero. No quieren acudir a las reuniones, reclaman más dinero. O sea, es una permanente contradicción en la que yo creo que toca el momento de que el Partido Popular dé explicaciones», apuntó la ministra. El PP reclama, para hablar de financiación con el Ejecutivo, que Sánchez acceda a convocar la Conferencia de Presidentes. «¿Para qué, para que ocurra como con la senda, que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera las CCAA del PP se abstienen y luego en el Congreso la votan en contra? Ellos mismos dejan sin efecto los órganos multilaterales«, razonaban fuentes de la Moncloa.
Montero insistió en que, como esperaba, de la reunión de Feijóo con sus barones del pasado viernes no salió ninguna propuesta conjunta en materia de financiación. Sí que hubo alguna «ocurrencia», denunció, como reclamar al Ejecutivo 18.000 millones de los fondos europeos para que las CCAA hagan frente al pago de sus servicios públicos. «No sé si es ignorancia o si es que intentan engañar a alguien —advirtió la vicepresidenta—, pero saben ustedes perfectamente que el dinero del fondo de recuperación está vinculado al impulso de reforma, no lo puede uno gastar en lo que uno quiere y como quiere, a fondo perdido». El Ejecutivo dice no tener claro que el PP busque una reforma del modelo de financiación, porque su posición en realidad conduce al «inmovilismo».
En esta carpeta, la del nuevo sistema de reparto para las CCAA, sigue sin despejarse la incógnita de la «financiación singular» para Cataluña. Ni siquiera los tiempos. El acuerdo de PSC y ERC señala que «será necesario formalizarla» durante el primer semestre de 2025 en la comisión bilateral Gobierno-Generalitat en materia de financiación. Montero subrayó que la voluntad inequívoca del Ejecutivo es la de «cumplir íntegramente» lo pactado con ERC, y se ajustará al calendario «lo más posible».
La número dos del Gobierno señala que para comenzar a desplegar el acuerdo con ERC han de producirse reuniones bilaterales con la Generalitat
Ahora bien, eso no depende solo del Gobierno de España, sino también de la capacidad de la Generalitat de «absorber y de asumir las tareas que se contemplan dentro del propio acuerdo». Por ello, el Ejecutivo tiene previsto celebrar reuniones con el Govern para ver su «disponibilidad» para asumir esas nuevas tareas. «Dennos la prudencia suficiente para trabajar tanto en los Presupuestos, que lo hago con absoluta discreción, como en la implementación del acuerdo [con ERC], que pasará también por reuniones con la Generalitat».
La vicepresidenta ya advirtió la semana pasada de que, para entender lo firmado, hacía falta ampliar el campo de visión, «una nueva mirada». Este martes lo repitió: es necesario una «mirada distinta» respecto al «modelo antiguo», respecto a «la forma tradicional en la que uno entiende que se ponen en marcha este tipo de acuerdos». «Déjennos trabajar«, demandó Montero. Dicho de otro modo, que el sistema que se quiere armar, y para el que no se sabe si habrá apoyos suficientes, supone una página muy distinta a la del anterior modelo. Las gafas con las que mirarlo han de ser otras, en síntesis. Concreciones, eso sí, ninguna.
