Los policías y guardias civiles siguen peleando por una equiparación real con los Mossos d’Esquadra y las policías locales. Esta semana, una asociación civil compuesta por más de 11.000 agentes anunció su intención de intermonen una demanda al Ministerio del Interior para igualarse a la policía autonómica en salario y en situación de jubilación.
Por el momento han recaudado 84.000 euros en donaciones, «también por parte de algunos sindicatos tradicionales», señala José Ariza, vicepresidente de Movimiento Reacciona. Los agentes han encomendado la tarea de elaborar el texto jurídico al bufete del abogado Miguel Durán, quien explicó esta semana que la idea es llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. «No contamos con que el Ministerio nos haga mucho caso».
En 2018, los sindicatos consiguieron de Interior un acuerdo de 800 millones de euros para subirles el sueldo. El problema, argumentan desde la asociación, es que sigue habiendo grandes diferencias económicas con sus homólogos catalanes. «Un policía de base cobra casi 700 menos que un mossos, ganan unos 6.000 euros más al año». Además ni policías ni guardias están considerados profesión de riesgo, lo que les posibilitaría, entre otras cosas, jubilarse a los 60 años.
«Estamos hartos», explicó Eliud Vega, presidente de la asociación, «de una discriminación de 34 años», por lo que avisan de que van a llegar «hasta el final, Europa». El grupo nacional de WhatsApp cuenta con 11.000 integrantes, que son los que deciden cada paso que se va dando, como la manifestación del 6 de diciembre del año pasado en Barcelona.
«Nacemos y morimos con la equiparación real», señaló Ariza. Es decir, que no está en su cabeza convertirse en sindicato policial y asociación de la Guardia Civil, como sí hizo el movimiento Jusapol. La idea es reclamar primero por la vía administrativa y luego por la judicial, alegando vulneración de derechos fundamentales como el de la igualdad. Javier Borrego, letrado del despacho y magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo hasta 2020, llevará la batuta de la acción judicial.
Audiencia Nacional
Este será el segundo frente en los tribunales que encare el Ministerio respecto a la equiparación de policías y guardias. En junio del año pasado, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la Audiencia Nacional (AN) ha estimado un recurso presentado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que obliga al Ministerio del Interior a «iniciar una renegociación para el cumplimiento de las cláusulas tercera y octava» del acuerdo de 2018.
La primera de ellas recogía el compromiso de destinar cien millones de euros en tres años «para incentivar el reingreso del personal de segunda actividad sin destino y reserva al servicio activo». También consideraban que no se había cumplido la cláusula octava, sobre «medidas legislativas para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones».
La Audiencia Nacional reconoce que el ministro del Interior no tiene capacidad por sí mismo para desarrollar una ley de retribuciones, aunque sí le corresponde «proponer al Consejo de Ministros la adopción de una medida legislativa con ese contenido».
«La prioridad es que la equiparación tiene que ser efectiva en las nóminas de los policías y guardias y los guardias civiles cuanto antes», señala el fallo, que añade que el Gobierno «sólo se obliga a presentar un proyecto de ley» y, de no salir adelante, «se deberá iniciar la renegociación de las materias tratadas en el plazo de un mes, si así lo solicitara al menos la mayoría de una de las partes».
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional anuló el fallo y esto fue recurrido ante el Tribunal Supremo, quien tendrá que decidir qué ocurre finalmente con el acuerdo.
