¿Hasta qué punto está tensionado el sistema de protección de menores?
Está totalmente al límite. Si tuviéramos ahora una llegada importante de menores, no podríamos atenderles de la manera todo lo digna que se merecen porque en los últimos tres años hemos tenido un incremento de un 300% en cuanto a llegadas. Si cogemos la media de los últimos 10 años hablamos de un incremento en las llegadas de un 700%. Este año llevamos 202 y en 2023 hubo 180, la proyección es casi doblar en un año. En el sistema actual de protección, los menores migrantes no acompañados suponen el 54% del total: de 571 niños que tenemos, 310 son extranjeros no acompañados. Cuando los consells asumieron la competencia de menores en 1997 no se pensó en esto, el sistema no está preparado. Y como entidad local estamos limitados en cuanto a posibilidades financieras y de gasto. Nosotros ya hemos buscado todas las fórmulas posibles y hemos pedido reuniones y ayuda al Gobierno y este se ha puesto de perfil, lo último que nos queda es cursar la petición para poder instalar tiendas de campaña en Son Tous.
¿Es una solución digna?
Obviamente no. Queremos evitar imágenes como las que se han visto en Canarias, pero yo debo ser previsor y tener recursos preparados. En cuanto el ministerio fiscal determina que una persona que ha llegado es menor yo no puedo decir ‘no, no puedo acogerlo, no tengo recursos’, es una obligación legal. Tengo que tener unos recursos habitacionales alternativos para, por lo menos, darles cobijo. Las tiendas de campaña serán un recurso excepcional. Debe implicarse el Gobierno, que podría ayudar facilitando espacios, por ejemplo del ministerio de Defensa.
La presidenta Prohens dijo el viernes que nos acercamos a la situación de Canarias. Allí han llegado 25.554 migrantes en lo que va de año, aquí algo más de 2.300, ¿es una comparación algo exagerada?
Hay una diferencia. Nosotros, de momento, tenemos a todos los menores en inmuebles regularizados. En Canarias tienen habilitados polideportivos, tiendas de campaña y hasta pajarerías. Sí, no es comparable, pero es que si queremos es evitar esa situación hay que poner medios ahora. Quitando Menorca, la situación es límite para todos los consells insulares.
Guillermo Sánchez, en la sede del IMAS en la calle General Riera de Palma. / ZAFIRUS
¿Es cierto que compiten con los consells de Ibiza y Formentera por los espacios?
Es una competencia sana, pero sí, ellos también buscan sitios en Mallorca donde acoger a los menores que les llegan. Hemos ocupado todos los seminarios, colegios abandonados, casas de monjas y fincas rústicas disponibles. Y si encontramos algún recurso en alquiler, desgraciadamente, cuando les decimos el servicio que vamos a dar ahí, la mayoría de propietarios se echan para atrás.
Hay un centro de menores ya comprado en Puntiró, pero está en suelo rústico y no puede reformarse, ¿pidieron al Govern que lo permitiera, incluyéndolo en la ley ómnibus que permite hacer casi de todo en rústico?
Ese no es el problema, con una declaración de interés general podríamos reformarlo. Pero los propios técnicos del IMAS han desechado este inmueble, que en 2018 se adquirió sin informes y de forma directa, según se ha publicado, a alguien vinculado al PSIB. No se puede habilitar un espacio para menores que está totalmente aislado, necesitamos que puedan ir al colegio, a formación, tener ocio… Si hubiera servido en algún momento, el anterior equipo del IMAS ya lo hubiera habilitado, pero entre 2018 hasta 2023 no lo hicieron porque no sirve.
¿Qué más piden al Gobierno?
Por un lado, financiación. En Balears la competencia es de los consells, pero en el resto de comunidades es autonómica, esto excede la competencia insular y la capacidad de financiación de los consells. El Estado tiene que hacerse cargo, porque además son ellos los que han generado esta situación. Aquí no llegarían menores migrantes si hubiera un control de fronteras o si se hiciera el trabajo en los países de origen. El Gobierno ha anunciado recursos para Canarias y nosotros también pedimos que se financie al menos una parte de la acogida, para poder garantizar la continuidad de los servicios en Mallorca. Pedimos también la declaración de espacio de emergencia migratoria, algo que nos permitiría hacer contratos de emergencia y ser más veloces para contratar personal y servicios básicos (literas, alimentación…)
El IMAS va aumentado la partida para atender a estos menores, ¿de dónde sale el dinero?
El presupuesto de 2024 para servicios especializados rondaba los 2 millones, pero ya hemos hecho modificaciones de crédito por valor de 12 millones, que ahora mismo se están cargando a remanentes y no se detraen de otros servicios. Todo viene del Consell, que entiende que la atención a las personas es una prioridad y en este caso además una obligación legal.
¿Qué centro les ha cedido el Obispado?
En dos o tres semanas podremos anunciarlo y abrirlo, serán 16 plazas. Ya serán ocho los espacios que habremos habilitado.
Este tema se ha usado mucho para meter ruido político, ¿por qué esta reacción con 6.000 menores africanos si cuando llegaron 40.000 niños ucranianos todo el país y todas las comunidades se volcaron en acogerlos?
Se ha vuelto un tema político porque alguien así lo ha querido. El foco se está poniendo mucho en el reparto de los menores extranjeros acompañados, pero repartir el problema no soluciona el problema. La solución parte de un trabajo en los países de origen y un control de fronteras. Me preocupa que nadie del Gobierno se haya puesto en contacto con Frontex, que requiere una petición de los estados para darles apoyo. Podríamos tener medios europeos para hacer frente al problema de Canarias, pero no se han pedido. Este tema que ha generado que se hayan roto los gobiernos de PP y Vox, hay un beneficio político de Sánchez con esto e interés en seguir tensionando. El PP no sé qué beneficio saca, un PP que al gobernar en la mayoría de comunidades es quien está asumiendo la gran tensión, la gran acogida y la gran solidaridad. Por otro lado, Pedro Sánchez en su ruta por países emisores se ha olvidado del principal foco de migración a Balears, Argelia. Desde que se rompieron relaciones con Argelia en 2021, cada año se duplican las llegadas, ¿por qué no se reúne Sánchez con Argelia?
El PP gobierna en el Consell con Vox, ¿ha generado fricciones este tema?
Ninguna, y es porque tanto el PP como Vox tenemos claro que la atención a estos menores es una obligación legal, no está en el debate político.
Balears podía presumir de no tener menores de seis años en centros de protección, lo que aconsejan las leyes de infancia, pero hace unos meses sí hubo algunos casos. ¿Han bajado los acogimientos familiares, hay más menores tutelados… ambas cosas?
Ahora mismo no hay, pero sí hubo una dificultad hace unos meses. Subieron las necesidades pero hicimos una campaña y 80 familias solicitaron iniciar los procesos.
¿Puede haber más menores tutelados por las dificultades de las familias para acceder a una vivienda en condiciones?
Por problemas económicos no hay ni una sola pérdida de tutela en Mallorca, esto hay que dejarlo claro. Aunque es verdad que por cuestiones económicas después puede haber unas condiciones de infravivienda o insalubridad, que eso sí que determinaría, aunque no es el motivo predominante de las tutelas o guardas que asume el IMAS. Pero en principio lo que hacemos en estos casos es dar servicios que puedan subsanar ese déficit de vivienda.
El año pasado el IMAS registró seis posibles casos de menores tuteladas víctimas de explotación sexual. La anterior legislatura se pidieron dimisiones por estos casos, ¿qué ha hecho usted desde que asumió el cargo para atajar el problema?
Aclaro que desde que soy presidente no ha habido ninguna condena por este tema, hablamos de posibles casos que notificamos. Siempre hemos dicho que el riesgo cero en cuanto a explotación sexual de menores no existe, aunque nuestra obligación es poner todos los medios para que ese riesgo se acerque lo más posible al cero. Cuando estábamos en la oposición en ningún caso dijimos que los culpables de esos casos de explotación de menores fueran quienes estaban en el equipo de gobierno entonces, pero sí criticamos la falta de transparencia, la minimización que se hizo y la falta de medidas efectivas, ¿qué hemos hecho nosotros? Yo informo en todos los consejos rectores si hay casos y respondo las preguntas concretas de la oposición por lo menos una vez al mes. La transparencia es máxima. En cuanto a medidas, creamos la figura del coordinador, para que hubiese coordinación entre los centros y mejor comunicación. Después, pusimos más personal. Había muchas plazas vacantes que paulatinamente hemos ido cubriendo, con la dificultad del proceso de estabilización, y vamos a crear más. También creamos dos direcciones insulares para atender el tema de los menores, antes había solo una. Y hemos diseñado un plan residencial, una hoja de ruta que antes no existía con puntos básicos.
Las listas de espera para una plaza residencial nunca se acabarán, ¿pero hay algún plan para reducirlas?
Habilitar plazas y prevenir. Desde que hemos llegado hemos habilitado el último módulo de Son Caulelles, que son 25 nuevas plazas. Y el Govern, quien es el competente en materia de creación de plazas, tiene proyectadas para final del 2026 las residencias de Sant Llorenç, Bunyola y Ciudad Jardín, que serían unas 300 plazas más. Luego tenemos la compra del centro de las Hermanitas de los Pobres, que sumará 50 plazas y ha sido un hito importante, además de una gestión discreta e impecable y que se ha anunciado cuando ya estaba todo cerrado… que yo recuerdo fotos y promesas y cuando llegué no había ni expediente abierto. También habrá un centro de día, un servicio de protección a mayores en situación de desamparo y un recurso residencial para personas con discapacidad física en situación de exclusión social. Para bajar las listas de espera también hay que trabajar la prevención, y en ese sentido hemos batido el récord histórico de talleres de estimulación cognitiva y hemos ampliado la cobertura y aumentado las horas del servicio de atención a domicilio.
¿Qué pasa con la residencia Miquel Mir de Inca, que lleva acabada y cerrada desde junio de 2023?
Hasta diciembre de 2023 no tuvimos el certificado final de la obra de reforma, que ha tardado seis años, con lo que hasta ese momento no se pudo empezar a mover el tema de las contrataciones. Por desgracia en la administración esto es lento y la media son seis meses, además de las dificultades que tenemos para contratar personal y que llevamos desde mayo esperando la licencia municipal. Esperamos que dentro del primer trimestre de 2025 ya esté en funcionamiento, con 45 plazas residenciales y 12 de centro de día.
La Bonanova tiene dos plantas inhabilitadas por obras, ¿las veremos acabadas esta legislatura?
Sí. La Bonanova es una residencia para 500 residentes y actualmente tenemos en torno a 350 por las plantas inhabilitadas. La legislatura se intentó por dos veces la licitación, sin éxito, no digo que fuera culpa de los anteriores gestores, si no hay un licitador… estamos todos sometidos a eso. Lanzamos una nueva licitación, actualizando los precios, finalizó ya el plazo de presentación de ofertas y en unas semanas tendremos adjudicatario y en breve comenzarán las obras y el plazo de ejecución es de entre 12 y 18 meses.
¿Mantienen los planes de comprar Ca l’Ardiaca?
Sí. El IMAS tiene servicios allí y el edificio necesita una reforma, pero es de Es Refugi. Hemos realizado una evaluación, con un precio máximo, y la semana que viene tenemos una reunión con el patronato de Es Refugi, a ver.
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, quiere evitar llegar a la situación de Canarias pero asegura que el IMAS no puede hacer mucho más y reclama la acción del Gobierno ){kind=link}