Un jurado popular juzga este lunes a un agente de la Guardia Civil que estuvo destinado en la Unidad de Gestión Económica de la Comandancia de Valencia al que la Fiscalía acusa de un delito continuado de falsedad en documentos oficiales y un delito continuado de malversación de caudales públicos por apropiarse de más de 164.000 euros de fondos públicos.
El jurado deberá determinar si el acusado, al menos desde 2014 y hasta 2020, cuando fueron detectados las presuntas irregularidades, se apropió de la citada cantidad tras generar al menos en 114 ocasiones documentos sobre comisiones de servicios inexistentes a su propio nombre o de otros miembros del Instituto Armado y cuyas indemnizaciones resultantes fueron abonadas en cuentas a su nombre.
Estafa 45.000 euros a la anciana que cuidaba
Por otro lado, en la Sección Primera se juzga a una mujer acusada de un delito continuado de estafa por, presuntamente, quedarse de forma fraudulenta con unos 45.000 euros de la cuenta bancaria de la mujer a la que cuidaba, octogenaria y especialmente vulnerable por diversas patologías.
El Ministerio Público, que reclama una condena de 4 años de prisión, sostiene que la acusada se ganó la confianza de la víctima poco a poco para convencerla de que la autorizarse a disponer del dinero de su cuenta en una sucursal bancaria, con la excusa de destinar las cantidades que sacara al pago de los gastos cotidianos, incluido su propio sueldo.
Sin embargo, durante el tiempo que tuvo la autorización, entre octubre de 2020 y agosto de 2021, de los 56.000 euros en total que reintegró de la citada cuenta bancaria, solo 11.000 fueron empleados para los gastos acordados, según relata la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales.
Productor financieros desde Nueva Zelanda
También el lunes pero en la Sección Quinta se ha programado el juicio a un hombre y una mujer por estafar presuntamente una cantidad total cercana a los 650.000 euros a una docena de inversores entre los años 2011 y 2013 a través de una empresa con sede en Nueva Zelanda y dedicada a la gestión de productos financieros.
Los acusados ofrecían a las víctimas expectativas de obtener elevados beneficios por la supuesta alta rentabilidad de las operaciones que realizaban y les ofrecían formar parte de la mercantil mediante la compra de participaciones, así como colaborar con ella captando a otros inversores de capital.
Sin embargo, según la versión de la Fiscalía, los acusados nunca registraron las ventas de esas participaciones ni llevaron a cabo operación alguna de inversión de los capitales aportados por los clientes.
El Ministerio Público solicita provisionalmente por estos hechos una pena de seis años de prisión para el hombre y de cuatro años y nueve meses para la mujer, como presuntos autores de un delito de estafa en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, o alternativamente por un delito de apropiación indebida en concurso con el delito de falsedad ya mencionado.
