La Fiscalía General del Estado destaca en sumemoria de 2024 (sobre datos de 2023) la «valiosa herramienta» que suponenen las Agencias Antifraude en la lucha contra la corrupción. Justo la semana que el nuevo director de la Agencia Valenciana Antifraude pone en entredicho esta colaboración con la justicia.
Como adelantó Levante-EMV en su edición del pasado miércoles, el nuevo director de Antifraude, Eduardo Beut, alega como motivo para despedir a la número dos y el número tres de la agencia el «desvío inusual de la carga de trabajo hacia la colaboración con los órganos judiciales (Fiscalía)» por «la realización de un elevado número de peritaciones» en «detrimento de las funciones de investigación propias y la consiguiente acumulación de expedientes» de la Agencia Valenciana Antifraude.
Y lo que para Beut es «un desvío» resulta un logro para la Fiscalía General del Estado en su última memoria publicada el pasado jueves. «La necesaria colaboración entre los distintos operadores públicos implicados en esta difícil tarea [la lucha contra la corrupción] se ha visto plasmada en una serie de instrumentos conjuntos, pues la experiencia resultante de la colaboración entre el Ministerio Fiscal y las oficinas y agencias antifraude se ha demostrado positiva por el carácter complementario de su actuación, al tener un fin último común cual es la satisfacción del interés general», señala la memoria. Y destaca el valor añadido que, hasta ahora, aportaban las agencias capiteneadas por la valenciana, que había creado escuela.
«El profundo conocimiento que las distintas agencias y oficinas antifraude han adquirido a la hora de detectar e investigar las prácticas fraudulentas y corruptas que tienen lugar en el sector público constituye una valiosa herramienta de la que el Ministerio Fiscal puede nutrirse, y es en este escenario en el que se han firmado en 2023 por la Fiscalía General una serie de convenios de colaboración entre el Ministerio Fiscal y las Oficinas de prevención y lucha contra la corrupción, concretamente con las de Illes Balears, la de Andalucía, la de Comunitat Valenciana y la de Cataluña, así como sus respectivos protocolos para el desarrollo de dichos convenios». De futuro incierto, al menos en València.
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