Denuncian que la presencia de un presunto acosador en La Paz provocó una escalada de bajas y retrasos en las operaciones

El nombre de Pedro de la Oliva estuvo ocupando titulares durante meses, concretamente hasta el pasado mes de mayo, cuando el Tribunal Supremo (TS) inadmitió el recurso de casación del doctor, que en 2020 recibió la denuncia de seis facultativos del Servicio de Intensivos Pediátricos (unidad que dirigía) por acos laboral.

El doctor, según ha podido saber ElPlural.com, habría anunciado su jubilación en junio de este año y habría solicitado una prórroga que le permitiera ampliar su vida profesional, algo que le han denegado. Sin embargo, fuentes que conocen bien el mundo médico explican a este medio que esto “no tendría nada que ver con las denuncias de acoso laboral”. “A él no se le quitó la plaza, ni se le abrió expediente como médico, (…) Y las prórrogas suelen denegarse por motivos técnicos, y este caso no sería una excepción”, exponen.

Han sido meses convulsos en La Paz, uno de los hospitales de referencia de España, especialmente en su UCI pediátrica. Semanas, treintena de días, y años donde la vista estuvo puesta en los tribunales hasta mayo de 2024, cuando se admitió el recurso de casación del doctor frente a su cese.

Nadie quería trabajar allí

Pero los problemas no recayeron solo sobre los facultativos que habían denunciado, de más de 20 años de experiencia y que pasaron por tratamiento, sino que afectó directamente al normal desarrollo del centro. “La incorporación del doctor reactiva la situación de estrés y motiva que una serie de facultativos sean dados de baja (…) Se intentó contratar personal de otros hospitales, pero lo cierto es que nadie quería trabajar allí”, recuerda la voz que habla para este periódico. Eso ya se sabía, pero ahora ElPlural.com ha recibido datos concretos de lo crítico de la situación, para profesionales y pacientes.

Por seguir un orden cronológico, según la información de la que ha dispuesto este medio y datos concretos a los que ha podido acceder, después de diversos autos y alegaciones se dicta la anulación del cese y se da el visto bueno a la incorporación del jefe de Servicio. La fecha, el 22 de septiembre de 2023.

Desde el 1 de septiembre del año pasado la plantilla médica de la unidad era de 10 facultativos al completo, dos a la mitad, uno intensificado en tareas de investigación y cuatro contratados exclusivamente para guardias. A partir de ahí se produce una auténtica cascada de dimisiones: “Fue un cataclismo”.

El 21 del mismo mes se dan dos bajas médicas, lo que provoca que el día siguiente se lance una oferta de empleo que no tiene mucho éxito. Lejos de contener la situación, el hospital “hace lo que puede” con “respeto a las decisiones judiciales”, pero los días siguientes se producen cinco nuevas bajas. Durante ese periodo, además, se mantuvieron cerradas alrededor de ocho camas por no disponer de personal suficiente.

Actividad por debajo del 40%

El punto álgido del caso llegó durante los próximos meses, hasta que en diciembre la unidad solo dispone de un facultativo, el doctor Oliva; un facultativo al 50%, otro con intensificación y un último por sustitución de baja. “Era un equipo inviable para poder desarrollar una actividad adecuada las 24 horas del día”, apuntan voces críticas con el escenario, que lamenta una “gestión nula para retener a los profesionales”, la “incapacidad de garantizar una adecuada asistencia” y la “nula actividad de docencia” después de que los MIR se sumaran a la solicitud del cese.

Quienes lo vivieron apuntan ahora en información enviada a este medio que fue un periodo “crítico” en el que incluso se “paralizaron varios trasplantes planificados” y en el que la actividad se llegó a situar por debajo del 40% mientras que las notificaciones “muy graves” incrementaban.

El escenario no ha acabado de remontar en un hospital cuyos profesionales siempre han estado en la pelea. Hace unas semanas, fuentes críticas lamentaban que, a pesar de su reapertura, la UCI pediátrica estaba “técnicamente cerrada” porque “pese a disponer de las instalaciones y personal de enfermería, la plantilla de personal médico con presencia en la unidad estaba compuesta por un Jefe de Servicio, un contrato al 50% y otro sustituyendo una baja”: “Para restar los daños por no disponer de personal facultativo no hemos podido realizar trasplantes, teniendo que rechazar intervenciones complejas y pacientes de otras comunidades”.

La unidad ha seguido técnicamente cerrada

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dio carpetazo al caso en mayo de este año, impidiendo que el doctor de la Oliva volviera a su puesto de trabajo. Una victoria de los trabajadores que, sin embargo, no impidió que durante meses la situación fuera poco menos que insostenible. Y la situación en el centro sigue siendo cuanto menos delicada.