Canarias vive envuelta en una tormenta que no parece amainar desde hace 381 días: la emergencia humanitaria de los menores migrantes no acompañados. Vulnerables y a menudo invisibles, estos niños y adolescentes, llegados en embarcaciones precarias desde África, son el epicentro de una negociación frustrada. La demanda de repartir la atención de la infancia migrante entre todas las comunidades autónomas no es nueva. Sin embargo, lo que empezó siendo una conversación entre administraciones, ya se ha convertido en un grito de auxilio. Las autoridades canarias, desbordadas por el colapso de su red de acogida, han pedido una y otra vez el apoyo del Estado. El fracaso de las negociaciones ha dejado en evidencia una profunda fractura en el compromiso humanitario del país y los niños siguen aguardando por una solución.
Declaración de emergencia
A finales de agosto de 2023, apenas un mes después de la toma de posesión del Ejecutivo de Fernando Clavijo, se empezaron a escuchar las primeras voces de alarma. Las previsiones sobre las llegadas eran muy preocupantes. En los primeros siete meses del año habían arribado 1.598 niños no acompañados y la red de acogida contaba con 2.300 menores. El 5 de octubre de 2023 el Gobierno canario anunciaba la declaración de emergencia migratoria.
Mando único
El 8 de octubre, Canarias pidió por primera vez al Estado y al rey Felipe VI la creación de un mando único, similar al que se puso en marcha durante la crisis de los cayucos de 2006, para abordar el problema de forma coordinada. No fue hasta finales de enero de 2024 cuando el Gobierno de España consideró necesario poner en marcha la Comisión Interministerial de Inmigración, coordinada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Reforma legislativa
La primera vez que Canarias puso sobre la mesa la necesidad de impulsar una reforma legislativa para repartir a los menores por todo el territorio nacional fue el 11 de octubre, en el marco de la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia. Una semana después, se firmó el Pacto Canario por la Migración, que fue respaldado por todos los grupos parlamentarios -excepto Vox- para exigir una solución al Estado y a la Unión Europea. Entre agosto y octubre, Canarias se vio obligada a abrir 18 nuevos dispositivos de acogida ante la llegada de una media de 100 niños al día. Entonces, el Gobierno isleño ya hablaba del fracaso de la solidaridad interterritorial y reclamaba mecanismos para la distribución obligatoria de los menores.
De Bruselas al Vaticano
Las Islas se convirtieron en una hoya a presión durante el último trimestre del año. La desesperación hizo mirar al Gobierno Canario hacia Europa e, incluso, hacia el Vaticano. A mediados de noviembre, Clavijo mantuvo en Bruselas un encuentro con la comisaria europea de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, y logró el compromiso de su visita a Canarias para conocer la situación migratoria, que se materializaría en diciembre. La red de acogida de las Islas ya soportaba la atención de 4.461 menores. El 15 de enero, el Papa Francisco recibió a Clavijo, quien le relató la situación extrema en la que viven los menores acogidos en las Islas.
La «solución canaria»
Ante la inacción del Gobierno de España, Canarias decidió ponerse a trabajar en una solución jurídica que permita aliviar la sobreocupación de la red de acogida. En enero, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, mantuvo un encuentro con Clavijo durante el que se le traslada por primera vez la “solución canaria” para una distribución vinculante de los menores no acompañados. El Gobierno estatal se comprometió en estudiar la propuesta y responder en 3 meses. La situación era cada vez más grave, Canarias mantenía en su red de acogida a 5.500 niños y niñas en 72 recursos. La propuesta elaborada por los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma incluía tres posibles soluciones y una era modificar el artículo 35 de la ley de extranjería, a través de un decreto ley.
Parecía que sí…
Después de constantes reuniones, intercambios de correos, mensajes y llamadas telefónicas, el 15 de marzo, Gobierno autonómico y Estado pactan la reforma de la ley de extranjería -uno de los puntos incluidos en la agenda canaria con la que se comprometió Sánchez para garantizar el voto de CC en su investidura-. El 22 de abril, Torres y Clavijo se reúnen para ultimar el acuerdo. Todo parecía ir viento en popa pero el Ejecutivo regional seguía insistiendo en la vía del decreto ley.
Pero no
Canarias no solo redactó las bases del nuevo texto legal, que tendría que haber elaborado el Gobierno de España, sino que también se puso sobre los hombros de Clavijo la tarea de convencer a todos los partidos políticos para sacar adelante la reforma. La estrategia, según fuentes del PSOE, era que el presidente canario allanara el terreno con el PP, su socio de gobierno, para que la propuesta no llegara directamente desde el Ejecutivo de Sánchez. Clavijo lideró la ronda de contactos con las fuerzas políticas del Congreso y todas, salvo Vox, aceptaron abordar la reforma e hicieron aportaciones. PSOE, Sumar y Coalición Canaria registraron el 15 de julio en el Congreso la proposición de ley, que se debatió el día 23 de julio. Precisamente, nueve días antes de esa cita el PP remitió a Torres sus propuestas para pulir la reforma legal, entre las que se incluía garantizar la financiación de las comunidades que acojan menores y la declaración de la emergencia migratoria en todo el territorio nacional. El Gobierno ignoró estas peticiones y no convocó ninguna reunión con los populares para acercar posturas. Solo un día antes del debate, a través de whatsapp, el Ejecutivo de Sánchez se puso en contacto con el principal partido de la oposición. Ante la falta de los apoyos necesarios, Canarias solicitó dejar sobre la mesa la proposición de ley y negociar durante una semana más. El PSOE se negó y siguió adelante con el trámite parlamentario, a sabiendas de que iba a naufragar. Una muestra de la falta de voluntad para alcanzar un pacto de Estado. Tenían la excusa perfecta para culpar a los populares del fracaso.
Tras el mazazo parlamentario
Después del batacazo en el Congreso de los Diputados, el presidente canario siguió insistiendo al Estado en la necesidad de aprobar la reforma por decreto ley, para poder iniciar los traslados de forma inmediata. Tres días después de la votación fallida, Clavijo convocó el Pacto Canario por la Inmigración, que volvió a respaldar al Ejecutivo canario para reclamar al Estado y al PP que negocien. A nivel nacional se desató una batalla política y el cruce de acusaciones era casi diario. Las posturas de populares y socialistas cada vez estaban más distanciadas y el interés por buscar espacios comunes era nulo. Durante sus vacaciones en La Mareta, Sánchez aceptó mantener una reunión con el presidente canario, en la que Clavijo insistió en la vía del decreto ley, pero Sánchez solo se comprometió a impulsar la negociación. Actualmente, los contactos entre las dos principales fuerzas políticas del país parecen seguir congelados.
Palos en las ruedas
El 11 de junio, apenas unas horas de que arrancara la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia en la que las comunidades autónomas iban a pactar un reparto voluntario de 400 menores, Torres lanzó un vídeo en el que anunciaba que Canarias y Estado habían llegado a un acuerdo sobre las derivaciones obligatorias. El ministro aseguró que el objetivo era anunciar que comenzaba una nueva etapa de negociación con las fuerzas políticas. El gesto solo sirvió para poner palos en las ruedas y hacer saltar por los aires el acuerdo para el reparto solidario. Las comunidades acusaron al Gobierno central de opaco por negociar la reforma solo con Canarias. El 10 de julio, Tenerife acogió la siguiente cita de la sectorial, en la que finalmente se pactó la derivación de esos niños (que aún no han empezado a salir del Archipiélago). Pero ese no ha sido el único intento del PSOE por dinamitar las negociaciones, el pasado lunes, el portavoz de los socialistas en el Parlamento canario, Sebastián Franquis, reveló que el 12 de agosto se había producido una reunión en Madrid entre su formación, el PP y Coalición Canaria. A pesar de que habían acordado mantener en secreto el encuentro para no enturbiar las negociaciones, Franquis lo filtró la información y volvió a tensar la cuerda.
El plante
Canarias se plantó el lunes comunicó al Estado que no iba a tutelar a ningún menor más, pues considera que al cruzar la frontera están bajo tutela policial de forma provisional y, por tanto, no están en desamparo. La única reacción del Ejecutivo central al grito de auxilio de Canarias ha sido la cesión de dos espacios militares para alojar menores que están en la ruina, debido a su abandono. Son inhabitables y requieren de una obra que se puede demorar meses y de una elevada inversión. El miércoles, Clavijo solicitó por escrito comparecer en el Parlamento Europeo para exponer la situación límite de Canarias en plena emergencia migratoria y espera que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, responda a su invitación de venir a las Islas a conocer la realidad de primera mano. Canarias ha hecho todos los esfuerzos para tejer una solución y ha tocado a muchas puertas, pero ninguna se abre. En Madrid olvidan que lo que está en juego no son solo cifras y acuerdos administrativos, sino las vidas de cientos de jóvenes cuyo futuro parece colgar de un hilo cada vez más delgado.
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